Nueve efectivos de la Comisaría de Justiniano Posse fueron relevados de sus cargos tras haber sido denunciados de maltratar y torturar a tres menores de edad que detuvieron el pasado domingo, luego de que, aparentemente, los chicos protagonizaran un incidente en un boliche de esa localidad.

Las denuncias contra los uniformados fueron realizadas por familiares de los adolescentes. 

Esta nueva acusación se suma a la ya larga lista de testimonios de personas de distintas localidades que aseguran haber sido víctimas de abuso policial en todo el territorio cordobés y agrega una nueva mancha a la cuestionada institución que en los últimos tiempos viene mostrando muchas zonas oscuras en sus filas. 

Uno de los chicos que fueron víctimas del proceder ilegal de los efectivos manifestó que, en el mencionado boliche, un policía les había tirado gas pimienta en los rostros. Tras cartón, los detuvo y los condujo a la sede policial, donde quedaron encerrados en un calabozo. 

El mismo joven aseveró que más tarde fueron llevados a una habitación, cada uno por separado, donde fueron sometidos a golpes y torturas. 

 

Una bolsa en la cabeza

“Entraron como cuatro policías al menos, me pusieron una bolsa de nailon en la cabeza. Con una mano me taparon la boca y me empezaron a pegar. Yo me asfixiaba. El nailon se me metía en la boca. Intentaba que no me peguen en el pecho para no quedarme sin aire. Se me pegaba la bolsa, era imposible respirar”, dijo el joven, identificado como Ariel Hilves, quien agregó que su hermano y otro amigo “corrieron igual suerte”.

Y para completar el vejamen, finalmente los obligaron a lavar los móviles oficiales antes de dejarlos en libertad. 

Consultado por la prensa el pasado martes, el fiscal de Instrucción de Bell Ville, Oscar Aliga, aseguró que: “No se ha tomado ninguna medida. No tenemos ninguna denuncia”, aunque no descartó que inicie una investigación de oficio.

Si bien en la antevíspera ya circulaban trascendidos que daban cuenta de que había uniformados “desplazados”, desde la Policía de Córdoba, ante consultas de un diario de la capital provincial, sólo hubo silencio como única respuesta.

Sin embargo, una vez que el caso se hizo público, obligado por las circunstancias, el comisario general Miguel Casteló, director general de la Departamental Sur, decidió el apartamiento de los efectivos, que ahora enfrentan causas en su contra en la Justicia ordinaria y en el Tribunal de Conducta Policial.

“Todo funcionario policial que haya estado involucrado, tenido conocimiento o permitido una acción de estas características será puesto a disposición de la Fiscalía y el Tribunal de Conducta Policial para que sea separado de la fuerza”, manifestó el comisario Casteló a Cadena 3.

Ayer, a partir de las 20, los vecinos de Justiniano Posse marcharon en reclamo de justicia.