Los referentes sindicales Jesús Chirino (UTEM) y Oscar Mengarelli (CTA) visitaron nuevamente a los presos políticos por la manifestación popular del 4 de diciembre de 2006, conocida por la pueblada en reclamo de justicia por la horrible muerte de Ariana Sabache, una niña de 3 años, en Corral de Bustos.

Los dirigentes ingresaron en la Unidad Nº 5 del Servicio Penitenciario de Córdoba ubicado en el barrio Belgrano de la ciudad de Villa María, donde se encuentran alojados cinco detenidos por esa “causa”.

Chirino afirmó que “antes de fin de año obtendrán la libertad tres de ellos, pero cumpliendo los pasos de esta justicia que los encerró por cuestiones políticas, porque no cometieron ningún delito más que reclamar un derecho”. 

Víctor Barbero (abogado) y Néstor Pasquini (periodista y dueño de FM Show de Corral de Bustos) quedarán en la cárcel, condenados sin sentencia firme a siete años de prisión por “instigadores” del incendio del edificio de Tribunales, mientras Rubén Omar Astudillo (maestro confitero), Juan José Guayanes (repartidor de bebidas), con penas de cinco años como coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio, y Juan Marcelo Farías (jornalero), condenado como “responsable del delito de incendio”, con otros cinco años de prisión efectiva, al fin recuperarán su libertad.

Además, Chirino confió que recolectaron quejas de distintos presos por “cambios y nuevas normativas en el régimen de visitas”. Por otra parte, adelantó que se están organizando y gestando desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)  y la CTA, entre otras organizaciones sociales, diversas marchas en la ciudad de Corral de Bustos (octubre) y en Rosario (diciembre), sin descartar una movilización en Villa María.

 

Nota a legisladores

Por otra parte, Chirino facilitó una copia de la carta que entregaron a legisladores provinciales días atrás:

“Señores legisladores integrantes de la unicameral de la provincia de Córdoba:

Como ustedes conocen, en diciembre de 2004 se produjo lo que se denominó como la pueblada de Corral de Bustos, una manifestación popular en la que participó un alto porcentaje de los ciudadanos de esa localidad reclamando por justicia. En esas circunstancias terminó quemado el edificio de Tribunales del lugar. A las pocas horas de esos sucesos, conspicuos miembros del Poder Judicial provincial prometieron castigos ejemplificadores, apartándose claramente de nociones básicas del derecho. Luego de ello, desde la Justicia, haciendo alarde de sus propios excesos, se inició una suerte de cacería de vecinos. Situación que llevó a meter presos a más de 40 vecinos, incluso algunos que ni habían presenciado los hechos pues no estaban en Corral de Bustos. Acusaron judicialmente a vecinos, de la posesión de bombas y, lo que es más terrible, se los juzgó por ello, siendo que ese tipo de delitos es de competencia federal. Quedó demostrado que no existieron las famosas bombas, pero la Justicia cordobesa siempre se negó a entregar la causa reclamada por la Justicia federal. No les importó la competencia, querían ser ellos los que mandaran presos a la cárcel para demostrar quién sabe qué cosa. Rozando el sentido de venganza que debe quedar fuera de tribunales. Incluso participaron de instancias del proceso judicial miembros del Superior Tribunal de Justicia que habían opinado antes y que deberían haberse apartado por eso, como integrantes del cuerpo que alquilaba el local incendiado, parte damnificada. Es que deberían haberles dado lugar a conjueces. 

La reacción popular, mediante organizaciones gremiales y de derechos humanos, reclamaron y peticionaron a las autoridades logrando que los imputados en la causa salieran en libertad y esperaran el juicio en libertad. Pero llegada la oportunidad del juicio oral, quedó claro que se trató de un proceso amañado que terminó con la condena de seis corralenses convirtiéndolos en presos políticos en plena democracia. Esta categoría no se trata de una categoría autoimpuesta por los presos, la misma ha sido reconocida por innumerables organizaciones de derechos humanos, incluso debemos señalarles que se tienen presentados recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se ha logrado un pronunciamiento positivo de la Procuración General de la Nación y, también, organismos de Naciones Unidas han aceptado tratar el caso. 

Por otra parte, la Justicia cordobesa nunca aceptó revisar aquello que los vecinos del lugar han señalado en cuanto a  que para 2006 existían una virtual suspensión del servicio de Justicia para los sectores populares, que se vieron a autoridades judiciales quemando cosas el día de la manifestación, que no todos los expediente se quemaron aquel día, sino que luego se deshicieron de los que habían quedado intactos, que existían vinculaciones entre los sectores de poder del pueblo, incluso la Policía y el mundo de la droga, que en el desarrollo del proceso se torturó a testigos menores de edad en la Comisaría y con presencia de miembros del Poder Judicial y una larga lista de situaciones que no se ajustan a lo deseable en la vida democrática de una sociedad.

En la actualidad cinco presos políticos están detrás de las rejas de la cárcel de Villa María por haber participado, pidiendo justicia en el caso del asesinato de una niñita de 3 años, en una localidad en la cual el Poder Judicial había puesto como juez a alguien que no pudo pasar el examen para ser juez, a un fiscal acusado de deficiencias graves y que luego terminara destituido por incapaz. Los vecinos presos no tienen condenas firmes, pero igual se los mantiene presos. Allí está aquello de ejemplificador que miembros de Poder Judicial habían anunciado a la hora de los hechos. Pero en otros lugares, lejos de las prisiones, están tranquilos quienes debieran responder las acusaciones de los vecinos que mencionamos. 

Luego de 2006 han sucedido muchas cosas en nuestra provincia, quizás por eso todo aquello que señalaban los vecinos de Corral de Bustos, en la actualidad, puede resonar más. Por ejemplo, las complicidades de elementos centrales de la institución policial con el mundo de la droga han quedado a la luz para que todo cordobés advertido pueda ver la necesidad de agregar democracia en esos lugares donde aún, como sociedad, nos falta crecer en ese sentido.

Venimos ante ustedes a fin de solicitarles que se interesen por esta causa, por las denuncias de los vecinos y por la situación de los cinco presos políticos en Villa María. Les pedimos que los visiten y puedan escuchar de sus bocas lo que han sufrido y así entender lo sucedido. Esto les proporcionará elementos para la compresión de los hechos e intervenir en la solución de la situación de estos presos políticos. Estamos pidiendo la libertad de los compañeros. 

Sin otro particular, pero quedando a vuestra disposición para ampliar todo lo necesario, los saludamos atentamente. 

 

Camilo Rodríguez  (presidente del Centro de Jubilados Pensionados Municipales) y Jesús Chirino (secretario general UTEM)