Piezas de la jerarquía dictatorial
La toma formal del poder por parte de los militares el 24 de marzo de 1976 significó el derrocamiento de la presidenta de la Nación como también de los gobernadores provinciales, disolución del Congreso Nacional y la Legislatura de cada provincia, a la vez que la prohibición de toda actividad política como el accionar gremial de los trabajadores. Los municipios también fueron intervenidos y se nombraron comisionados a cargo de la administración del Estado local. En el caso de Villa María el poder fue tomado por un mayor del Ejército que actuó como interventor y comisionado, luego se nombraron civiles para ese cargo. Firmaban la documentación como si fueran intendentes pero apenas si fueron representantes locales del gobierno dictatorial. Pequeñas piezas de la dictadura cívico militar desaparecedora de personas.
La mayoría de las decisiones se tomaban fuera de los límites de la ciudad. Esta es una afirmación que puede apoyarse con numerosa documentación.
Importancia de lo municipal
Debe señalarse que la dictadura prestó especial interés al nivel municipal, la historiadora Mariángeles Zapata lo destaca en su trabajo “Política municipal y cultura durante la dictadura militar (1976-1983). El caso del municipio de Junín”. Allí sostiene que “el nivel de lo micro, de las políticas municipales, fue dotado de una importancia mayor de la que usualmente le suelen otorgar los relatos nacionales sobre el período en cuestión”. En Córdoba la cosa no fue distinta, lo pone en evidencia el dinamismo que mantuvo la Dirección de Asuntos Municipales, repartición del Gobierno provincial a la que los interventores municipales elevaban los proyectos de ordenanzas como así también los datos de quienes proponían para los diferentes cargos en los municipios. Esa Dirección de Asuntos Municipales mantuvo un fuerte control acerca de qué se hacía en los municipios y dictó normativas para que los comisionados municipales procedieran en las más diversas áreas.
Laura Rodríguez, también historiadora, en uno de sus trabajos sostiene que “la figura del municipio aparecía como la solución a muchos problemas, especialmente por su importancia para la determinación de los mecanismos de participación de la comunidad”. Por su parte Daniel Lvovich plantea que “desde el momento mismo del golpe de Estado de 1976, el gobierno militar otorgó una importancia central a la estrategia de ampliar sus bases de sustentación y generación de consenso a partir de los municipios”. Es decir que el municipio fue tomado como una instancia de gran importancia en la articulación de actores sociales, en el plano local, que permitiera consensuar el discurso dictatorial de manera eficaz. Todo esto nos lleva a dimensionar más ajustadamente el rol que tenían que cumplir quienes tuvieron funciones en las administraciones municipales.
Los obedientes comisionados locales
Repasando los documentos que muestran el poco poder de decisión que tenían los comisionados locales citamos algunos. Por ejemplo, en 1978 el Gobierno provincial dictó una norma estableciendo quiénes debían ser invitados “a los actos conmemorativos o de cierta relevancia” en el municipio. Pero antes, en el mes de agosto de 1976, mediante la circular número 35, la intervención provincial estableció que todas las designaciones de personal municipal, incluidos los miembros del Gabinete, sólo podían realizarse luego que fueran autorizadas mediante resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia. Es decir que nadie era nombrado en el municipio sin la revisación de sus antecedentes y la aprobación por parte del poder dictatorial a nivel provincial.
Por otra parte en 1977 se fijó la obligatoriedad, a los municipios, de enviar información contable todos los meses al Departamento de Economía y Control de Gestión de la Dirección de Asuntos Municipales. Las autoridades municipales, mediante normas surgidas de la provincia, tenían prohibido tramitar asuntos ante el gobernador o ministros, sólo debían hacerlo ante la Secretaría de Asuntos Municipales. Es decir que los comisionados en lugar de hablar con un ministro o el gobernador de facto, para presentarle un problema de la ciudad, debían hacerlo con un funcionario de tercer grado. Como ya lo supimos decir hace varios años en EL DIARIO, los comisionados no eran autoridades que representaran a la ciudad ante las autoridades, sino que por el contrario representaban las autoridades de la dictadura en la ciudad ejecutando sus directivas en el accionar político. Quienes en el período de la dictadura militar estuvieron al frente de la administración municipal, lo hicieron en el marco de una red de relaciones propias de un gobierno autoritario. Es decir, el verticalismo poseía una fuerza tal que era imposible que los comisionados pudieran tomar decisiones importantes sin la autorización de sus superiores. Entender, aunque sea mínimamente, esta estructura verticalista del poder gubernamental nos acerca a la compresión de las posibilidades concretas que tenían los funcionarios municipales de segundo o tercer grado, de desarrollar ideas que se apartaran del libreto de la dictadura.
Hasta en detalles
Antes de continuar quizás sea conveniente recordar que en aquellos años desde el municipio se colaboró en la censura de películas, libros y piezas teatrales. Pero desde la provincia también se ordenaban cuándo y cómo debían desarrollarse algunos festejos. Así tenemos, por ejemplo, que el 20 de julio de 1979, desde la Secretaría Provincial de Asuntos Municipales, se emitió la Circular 23. La comunicación estaba dirigida a las intendencias y presidencias de las comisiones vecinales de los centros poblados de la provincia. Con la firma del coronel, retirado, Mario César Ignacio Amuchástegui, se ordenaba cómo debía festejarse el Día del Niño ese año. La misma dictadura que ideó y llevó adelante el terrible plan sistemático para el robo de bebés, a partir de las disposiciones del ministro de Gobierno provincial, ordenaba que los actos que se programaran para aquel 5 de agosto fueran, dice el documento: “Encuentros que favorezcan la integración de las familias en su comunidad teniendo al niño como destinatario y respetando las particularidades y las posibilidades de cada comunidad”. Como todos los municipios Villa María también recibió la mencionada circular, que en su segundo punto señalaba que debía promoverse el festejo del Día del Niño “en unión familiar de éstos con su padres, en el ámbito de la familia misma o propiciando la concurrencia de éste a festejos de tipo comunitario, evitando concentraciones masivas de niños que los aparten de sus padres, de su familia y de su comunidad”. La Secretaría de Gobierno del municipio villamariense pasó la circular a la Comisión Municipal de Cultura. En el último punto del escrito de las autoridades, se les recordaba a sus comisionados de las localidades cordobesas que aquel era “el Año Internacional del Niño”. El 25 de junio, el mismo Amuchástegui remitió otra circular señalando que en “adhesión al Año Internacional del Niño, la Unión Internacional de Protección a la Infancia pondrá en práctica un operativo denominado ‘Un niño, un árbol’”, entonces se ordenaba tomar contacto con las autoridades de las escuelas primarias para organizar el evento que se desarrollaría el 21 de setiembre, “Día del Estudiante”.
También podemos mencionar una nota firmada por el director de la Fábrica Militar de Villa María, fechada el 3 de mayo de 1980, dirigida al comisionado Adolfo Jaca en su calidad de presidente del Ente Intercomunal Nº 13 (organización que nucleaba a municipios de la región). En la nota instruye a los comisionados para que impulsaran actos culturales, como los festejos por el 25 de Mayo, haciendo que ante la opinión pública los mismos aparecieran como iniciativas de organizaciones civiles integradas por vecinos del lugar. De esa manera los concurridos eventos podían ser presentados como un cierto apoyo al gobierno y sus políticas. Una suerte de tímido barniz popular para quienes gobernaban al calor de la dictadura más sangrienta que ha sufrido Argentina. Estas directivas, cabe aclarar, no sólo eran para las ciudades importantes, también regían para las pequeñas poblaciones.
Como podrá notarse quienes se hacían cargo de las administraciones municipales, no tenían poder de decisión dado que tanto desde el Gobierno provincial como desde el sector militar se les ordenaba qué hacer.
