La abogada villamariense Ana Becerra, titular del Tribunal de Conducta Policial de la provincia, señaló ayer que en las próximas semanas habrá definiciones en las causas que involucran a efectivos de la Departamental General San Martín por presuntos apremios.
La funcionaria aseguró que los expedientes abiertos en el segundo semestre del año pasado, por supuestos abusos cometidos por uniformados en contra de varios vecinos villamarienses, “están en la etapa final”.
Consultada por EL DIARIO, Becerra puntualizó que en las últimas dos semanas, el Tribunal solicitó los oficios que la Justicia villamariense “no había devuelto” y dijo que se trabajó, siempre, “muy cerca de las acciones llevadas adelante por las fiscalías” en las que recayeron las denuncias.
“Hemos llamado también a testificar a algunas personas que han realizado denuncias, y si se presentan todos los testimonios, ya en estos días habrá definiciones”, aseguró.

Los casos

Ya en referencia a casos puntuales, la letrada reveló que la Justicia local no imputó a ningún policía en el caso Silvio Molina.
El trabajador de la AFIP y dirigente sindical de la obra social que los nuclea había manifestado que el 12 de noviembre pasado padeció un hecho de abuso policial.
“Veníamos con mi esposa en el auto cuando nos detuvo una patrulla caminera. No traíamos las luces bajas encendidas, por lo que estacionamos en la banquina y nos labraron un acta de infracción. No me gustó el tono prepotente con el que me hablaba el agente, por lo que le solicité que llamara a un superior suyo (...) Como no me daban con un superior, subimos el auto a la ruta, aunque no nos fuimos. Mi esposa se quedó en el auto y yo, debajo, siendo ya maltratado por los policías. Me pegaron, me revolcaron y me esposaron como si fuera un delincuente. ¡Y yo no había hecho nada! Cuando quise acordar, habían llamado un móvil del CAP y yo estaba adentro, recibiendo golpes”, testimonió el dirigente en su momento.
Becerra indicó que si bien la fiscalía determinó que no hubo delito en este caso, el tribunal “es independiente y tenemos que analizar si hubo alguna falta”.
Por otro lado, se refirió al caso Mónica Sonzini, y dijo que “hubo varias personas que se comunicaron por teléfono para dar su propia visión y testimonio de los hechos”, aunque no adelantó definiciones.
Por este episodio, el fiscal Gustavo Atienza imputó al cabo Martín Esteban Pereyra y a la propia docente. El uniformado fue acusado como presunto autor de “apremios ilegales” en perjuicio de la denunciante, mientras que a Sonzini le atribuyó la supuesta comisión de los delitos de “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves” y “daño”.
El incidente en el que estuvo involucrada la educadora se produjo el miércoles 5 de noviembre de 2008 frente a la escuela “Nicolás Avellaneda”.