La Justicia de la provincia de Córdoba imputó a dos integrantes de la Policía por la presunta comisión de torturas en perjuicio de tres jóvenes en la Comisaría de Justiniano Posse. 

El fiscal de Instrucción de Bell Ville (con competencia sobre Justiniano Posse), Oscar Aliaga, dispuso las imputaciones por la presunta comisión de severidades o apremios ilegales respecto al cabo Gustavo Márquez y el agente Mauricio Quiroga. 

Los dos uniformados, que permanecen en libertad, ya se encontraban en situación pasiva por orden del Tribunal de Conducta Policial, como así también el agente Pablo Gabriel Loyola, de la Policía Caminera. 

 

Separados

 

El lunes pasado ya había sido apartado de sus funciones Hugo Garis, jefe de la Departamental Unión de la Policía, de la que depende la Comisaría de Justiniano Posse, y se resolvió que continuará “licenciado” hasta que “salga su pase a retiro”, según informaron hoy fuentes policiales. 

Horas antes, el jefe de la Policía cordobesa, Julio César Suárez, había reconocido: “Esto da vergüenza ajena; por eso lo mandamos al director general de la Policía (hasta Justiniano Posse) con la finalidad de que se establezca para averiguar qué pasó y para que se ponga a disposición del fiscal de Bell Ville”. 

En el mismo sentido, el comisario destacó: “Todo policía que no prestigie este uniforme no tiene cabida en la fuerza. El que no respete la misión que tiene por delante se tiene que buscar otro trabajo; se tiene que ir de la Policía”. 

 

La denuncia

 

El hecho tuvo como origen la denuncia formulada por Ariel Hilves (24), quien testimonió que “cuatro agentes, al menos, me pusieron una bolsa de nailon en la cabeza. Con una mano me tapaban la boca y me empezaron a pegar. Yo me asfixiaba”. 

De acuerdo con el muchacho, su hermano (18) y otro amigo (17) “corrieron igual suerte” y agregó que los policías hasta les arrojaron “gas pimienta” a sus rostros. “No queremos que esto le pase a nadie más, que nadie viva este sufrimiento porque es volver al pasado, a los militares, cuando torturaban gente. Los chicos tienen que salir a divertirse, a pasarla bien, no esto, no queremos que nadie sufra como nosotros”, enfatizó Hilves

Según Hilves, todo comenzó cuando la madrugada del sábado 27 de septiembre se encontraban en un boliche de Justiniano Posse, ocasión en la que su amigo salió y cuando intentó regresar a la disco, los efectivos le dijeron que no podía, que buscara otra puerta, tras lo cual “le arrojaron gas pimienta” y cuando él quiso ayudarlo, los detuvieron a los tres. 

Cabe consignar, además, que tras la denuncia formulada, una multitud de vecinos, principalmente compañeros y amigos de los jóvenes que debieron soportar el maltrato, marchó pacíficamente por las calles de esa población.

 

Maldita Policía

 

Lo sucedido tiene como contexto el hecho de que, según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en lo que va de 2014 ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de “gatillo fácil”, lo que expresa la “sistemática política represiva” del Gobierno de José Manuel de la Sota. 

Con asiduidad se repiten denuncias por supuestos hechos de violencia institucional y en mayo pasado vecinos de Río Segundo  denunciaron haber sido víctimas de allanamientos ilegales concretados por la Brigada de Investigaciones de la Policía. 

La recurrencia de hechos vinculados con agentes de la fuerza hizo que, en los últimos cinco meses, familiares de víctimas del accionar de la Policía marcharan por la capital cordobesa contra las políticas represivas del Gobierno de De la Sota.