“El que suscribe, Jorge Montes, en mi doble carácter de secretario del interior y secretario general de esta ciudad -mandato cumplido- viene a contestarle a la actual conducción gremial de los empleados judiciales de esta sede de Villa María integrada por la secretaria general, Guadalupe Vázquez, y el secretario adjunto, Guillermo Pérez.
Que el día 16 de octubre delegué en forma simbólica a quién me remplaza en caso de ausencia, mi secretaria adjunta Guadalupe Vázquez -hoy nueva secretaria general- debido a que me era imposible estar en dos lugares a la vez, (Córdoba y Villa María) porque el viernes 17, en cumplimiento de lo establecido con el Estatuto gremial de la AGEPJ, art. 96, hicimos entrega en la sede gremial de la ciudad de Córdoba junto a la secretaria general, Irina Santesteban, y demás miembros, mediante la correspondiente acta, para que tomaran posesión los compañeros recién electos (Corteletti-Juárez).
Curiosamente, la nueva secretaria general critica (EL DIARIO del centro del país, página 13) un párrafo del acta de entrega diciendo que es “laxo”, que “se debe la extracción de fotocopias y que no se encuentran en el gremio” y que “hay dos órdenes de compra con fecha posdatada... Todo ello acarrea presuntas irregularidades”.
Ahora bien, me pregunto: ¿Será que esta dirigente, por desconocimiento de la actividad gremial, no menciona que en la misma acta de entrega se especifica: que dejamos en cuenta corriente N° 8456/7 del Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Villa María, la suma de $19.485,19, según lo que indica la última consulta de saldos (del jueves 16/10/2014) de la cuenta corriente; a ello se debe sumar el dinero existente en caja chica, la suma $1.746,17, todo ello arroja una cifra de $21.231,36, más que suficiente para pagar la deudas existentes y a devengarse. A su vez, a estas sumas debe agregarse el giro que debe hacer aproximadamente los días 20 de cada mes la conducción provincial del 1% de la cuota de los afiliados, cuya cifra aproximada es de $10.000. O sea, un gremio perfectamente saneado, ordenado económicamente.
Respecto al punto que si hubo reuniones de Comisión Directiva, debo decir que Guadalupe Vázquez -en aquel entonces, adjunta- no asistió ni cumplió con lo establecido en el Estatuto gremial su función específica de confeccionar las actas de las reuniones de comisión celebradas desde el 03/5/2013 hasta la actualidad.
La nueva conducción (Vázquez-Pérez) no sabe, desconoce o se olvida que es práctica de la actividad gremial judicial, tanto provincial como local, que se informan a los afiliados los distintos temas administrativos a través de impresiones o fotocopias de los boletines informativos que contienen varias hojas. Es digno mencionar que el hoy flamante secretario adjunto, el ordenanza Guillermo Pérez, quien hasta ayer fue tesorero de la gestión que acaba de culminar, sabe perfectamente que se erogaba en fotocopia, pues su función era precisamente controlar las cuentas de gestión.
Compañera Vázquez, usted pidió el voto y ahora tiene el mandato para decidir y hacer. Lo que sí le sugiero es que si mi gestión no tiene transparencia, acuda a la Justicia que es donde finalmente se dirimirá la cuestión. Desde ya me pongo a entera disposición de ustedes y de la Justicia para que aclare sus dudas. Acaso, sería mejor que “ustedes y los demás miembros que los acompañan (Guillermo Pérez, Cecilia Cañas, Magalí Berman, Anabel Manzotti y otros) aprovecharan los espacios periodísticos de amplia difusión no para publicar presuntas irregularidades, sino para ir “anticipando” al alto Tribunal sus objetivos, sus reclamos para una mejor condición tanto laboral como salarial del empleado judicial en un contexto de incertidumbre donde los fondos buitre parecen estar presentes en todo momento en la economía familiar.
No olvidemos que nuestras publicaciones siempre se refirieron a logros y objetivos cumplidos: que estos últimos seis años de gestión hubo una fuerte lucha de los empleados judiciales mediante la cual logramos la porcentualidad, la eliminación del Impuesto a las Ganancias, la ubicación no escalafonada del sector ordenanzas, salario en blanco, aumento de título siempre que aumenta el salario, etcétera.
Señora secretaria, ¿acaso no debería buscar la unidad de los judiciales para posicionarse mejor frente a la patronal? Y no estar publicando presuntas irregularidades de las que usted, como secretaria adjunta, y Guillermo Pérez, como tesorero, fueron partes integrantes”, concluyó.
