Prima el individualismo

Se necesita que las entidades sociales como las cooperativas y mutuales se transformen en actores fundamentales para generar un cambio social.

Resulta esencial fortalecer los principios cooperativos, no sólo entre las instituciones educativas, sino también en otros espacios sociales.

La formación es el eje central del crecimiento de las instituciones de la economía solidaria, así como de sus dirigentes.

El rol activo del Estado se torna esencial como nexo entre las instituciones y la sociedad, generando acciones que permitan difundir los valores y capacitar dirigentes, con el fin de generar sentimiento de pertenencia al movimiento cooperativo y mutual.

La comunicación entre los diferentes actores constituye otra de las herramientas básicas para fortalecer el vínculo con la sociedad y también los vínculos internos. Es necesaria la generación de vínculos entre las entidades que permitan estrechar los lazos solidarios, a través de múltiples acciones, como la planificación de listados de proveedores, según la actividad de la entidad, que permitan disminuir los costos.

Resulta imprescindible, como lo manda la Constitución de Córdoba, que el Estado promocione y proteja el fomento, la permanencia y el éxito de estas organizaciones sociales. 

 

Franca mirada interior

•La falta de compromiso de los asociados con la cooperativa. Puede ser consecuencia de una ausencia de formación cooperativista de los nuevos miembros y de la falta de motivación de los más antiguos para enseñar a los nuevos, como así también la falta de mecanismos por parte de las cooperativas para enseñar o transmitir conocimiento. Muchas personas llegan con la “necesidad de trabajo”, más que con la idea de asociarse a una cooperativa.

•La falta de diálogo entre las cooperativas y los distintos organismos públicos, sean estos municipales, provinciales y/o nacionales. Se coincide que desde los organismos públicos no hay un acercamiento hacia las cooperativas ni mucho menos una diferenciación por su carácter social. Se citan ejemplos en el ámbito del Ministerio de Seguridad con muchas cooperativas de trabajo y en el ámbito del Ministerio de Educación, al exigir que actúen como escuelas privadas.

•Las dificultades económicas de las cooperativas que no encuentran respuestas por parte del gobierno. Ante los problemas económicos o casos de índole natural (incendios) o delictivos (robo de cables), el Estado no actúa con rapidez.

•El problema constante con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las cooperativas deben hacer frente a cargos que las ponen en desventaja competitiva en el mercado. La gente cree que las cooperativas no “pagan nada”; entonces deberían brindar servicios más baratos. Falta de conocimiento por parte de la población y de los usuarios. Enorme cantidad de deudas que dificulta realizar nuevas compras para mejorar servicios. Presión cada vez más fuerte por parte de la AFIP.

•No hay canales de comunicación. Necesidad de profesionalizar a nivel interno para aprender a comunicar y trabajar en conjunto, como así también a nivel externo, para que se conozca mejor las actividades que realizan las cooperativas en pos de una sociedad mejor.

•La necesidad de realizar una auditoría general a todas las cooperativas. Se plantea que muchas de ellas son empresas encubiertas y hacen uso de la “figura cooperativa” generando una mala imagen del cooperativismo.

 

El sector frente al Estado

Se planteó el grave problema de los costos operativos que soportan las cooperativas eléctricas. Por ejemplo, en contratos de concesión, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) les exige el uso de postes de hormigón, mientras que se siguen utilizando postes de madera, de mucho menor costo. La falta de actualización de las tarifas junto con la reticencia de los socios a pagar alguna cuota de sostenimiento de la cooperativa y los sueldos y cargas sociales de los empleados en la red eléctrica, hacen imposible su mantenimiento. Las más perjudicadas son las cooperativas que brindan pocos servicios, pues no pueden compensar el déficit de la prestación eléctrica con los excedentes de otros servicios. Respecto a los usuarios del interior, se plantea, además, el acceso a la tarifa solidaria. 

También se señaló la necesidad de que las cooperativas comiencen a recibir un porcentaje (60%) del Fondo Compensador que es un acuerdo entre la Nación y la Provincia para compensar costos de la energía.

Por otra parte, las empresas que proveen servicios de Internet y telefonía móvil deben soportar el costo de los insumos importados que se cotizan en dólares. A esto se agrega la demora de la Provincia en el pago del servicio eléctrico a sus instituciones como la escuela, el dispensario o la Policía. Por ello se reclama volver al sistema de pago automático.

A su vez, las cooperativas de trabajo propusieron la descentralización del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), debido a los múltiples problemas que genera ese organismo nacional con sus exigencias y demoras en los trámites.

Se solicitó también la exención a las cooperativas de trabajo y a las mutuales del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, ya que esto aliviaría su situación. 

También se pretende que la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de Córdoba tome medidas tendientes a fortalecer la imagen de las mutuales, debido al desprestigio que generan en la opinión pública las “mesas de dinero con fachada mutualista”.

Además, se destacó la importancia de la confección de balances sociales, ya que constituyen la carta de presentación de la entidad ante la comunidad.

 

El ingreso del joven en la acción solidaria 

Brindar una educación cooperativa y mutual de calidad mediante la fundación de centros juveniles, trabajos cooperativos, capacitándolos, formando jóvenes que contribuyan al desarrollo de la comunidad y que tomen al cooperativismo como un proyecto de vida.

La nueva concepción de ciudadanía propone la recreación de la vida política, la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y la elaboración de nuevos proyectos de integración social. En este sentido, incorpora nuevos derechos vinculados con demandas de calidad de vida, valoración de las diferencias, no discriminación, preservación de la naturaleza y ambiente, comunicación e interrelación cultural, inclusión social de todos los sectores sociales llevándolo a cabo mediante la fundación de cooperativas para personas con capacidades diferentes, como  fuentes de trabajo.

Para ello proponemos iniciar un diálogo fructífero con un debate coherente hacia una verdadera institucionalización de los proyectos de los jóvenes sobre la base de un decálogo.