Ante las graves realidades cotidianas que se sufren, se observan y se reiteran, con alto grado de impunidad como foto de un enorme desencuentro social e institucional, resulta imperativo interrogarnos: “Etica cívica”, ¿dónde estás?
¿Adónde quedó el tradicional buen comportamiento general que caracterizaba a nuestra comunidad social republicana, fruto de ese esfuerzo de los argentinos para pensar, justificar y realizar el gran proyecto de una convivencia amigable, justa, democrática y pacífica?
Esta asignatura de “Etica cívica” está cimentada por los derechos y deberes humanos que recogen los valores que deben guiar nuestra conducta. Es la instrucción que tiene el objetivo de enseñar/aprender a vivir en comunidad desde una armonía participada.
Por su parte, una participación ciudadana genuina en todo gobierno democrático siempre debe proponerse cerrar la brecha de desigualdades que ofenden, perjudican y postergan a nuestra propia dignidad de ciudadanos.
Esto urge más y mejor participación ciudadana y para lograrla se debe satisfacer un esquema gradual y paulatino a través del cual se vaya integrando al ciudadano en forma individual o en expresiones colectivas, en la toma de decisiones, en la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo afectan en lo educativo, político, económico, social, cultural, ambiental, etcétera, para permitirle entonces su pleno desarrollo como ser humano miembro de una comunidad en la que se desenvuelve y proyecta.
La democracia como forma política de organizar racional e inclusivamente toda convivencia humana, debe asegurar el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales del hombre, la organización del Estado democrático, los principios de la Constitución y la plena vigencia de los derechos humanos.
Bajo estas premisas innegociables ya no habrá espacio para renovadas osadías y temeridades en cuanto convertir al ciudadano reflexivo en elemento de una masa sugestionable mediante las más increíbles ofertas preelectorales que proclaman y garantizar la efectividad de todos los derechos, principios y garantías, pero que final y recurrentemente agonizan cual arengas de fuegos de artificio que se desvanecen en el aire deslumbrando con la belleza de su estallido cuando se agotan al instante.
La educación para la ciudadanía en el sentido de una conciencia cívica no sólo de los derechos, sino de los deberes, del compromiso con la comunidad a la que se pertenece y de una radical igualdad de todos sus miembros, así como de la justicia irrenunciable que es debida a cada uno de ellos, es una formación fundamental que implica el reconocimiento también de los medios de defensa y protección de esos derechos y de los mecanismos de participación y control en el poder y sobre el poder, de tal manera que nada propio de ese interés general de nuestra sociedad política lo consideremos ajeno.
Ciertamente una sociedad civil con una ciudadanía consciente, ilustrada y con voluntad participativa es mucho más justa y además capaz de defenderse de la corrupción, de posiciones dominantes, de los abusos de poder, de las crónicas falsedades de algunos demagogos “siempre candidatos, siempre de campaña”.
Sin lugar a dudas tratar con una ciudadanía formada y educada en sus derechos y en sus deberes, en sus garantías de protección, en los procedimientos de control del poder y de participación, es más complicado para los gobernantes que muchas veces preferirían “una minoría de edad ciudadana” permanente que les convirtiera en tutores eternos de tales ciudadanos incapaces.
Igualmente, ante las reiteradas “fugas éticas”, cobardía y holgazanería de mucha oposición (que así no representa a nadie ni justifica nada), ante una diputada de la Nación que en “un enorme elogio de la parresia” no sabe qué votó cuando recientemente aprobó nada menos que la unificación de los códigos civil y comercial de la Nación; bueno, ante semejante crisis representativa, republicana y federal, debemos preguntarnos ¿dónde está la ética cívica y republicana?
Consecuentemente, replantear la política también supone ir sustituyendo la democracia indirecta por formas digitales y emancipadoras de democracia participativas que permitan rescatar la dignidad y el discernimiento del ciudadano mediante la ética y la equidad para una democracia concreta, esto es, aquella que nos asegure salud, nutrición, educación, vivienda digna, seguridad, transparencia, ambiente sano y equilibrado, servicios públicos e inclusión cuantitativa/cualitativa para un desarrollo humano creíble, palpable y duradero.
Un primer síntoma de recuperación moral de nuestra democracia no será, con ser importante, la lucha contra la corrupción y el someter la economía en vez de a los mercados a la dignidad de las personas, sino el proclamar que la educación ética y cívica de todos nuestros futuros ciudadanos es un compromiso irrenunciable para una sociedad más justa, más equitativa, más libre y plenamente soberana, definitivamente.
Ante la incógnita colectiva de si ¿es posible replantear la política en esta democracia?, esto sólo sucederá cuando la libre actividad ciudadana de todo miembro de nuestra sociedad civil pueda influir en los procesos que permiten llegar a decisiones respecto a la estructura de gobierno, el diseño y ejecución de los planes y programas gubernamentales, las condiciones dentro de las cuales se ejercen las libertades, derechos y deberes individuales, pero descontando una plena emancipación de la Justicia.
Entonces, nos habremos reencontrado con la vigencia de la ética cívica y republicana.
Roberto F. Bertossi
Investigador CIJS/UNC
