La paz veraniega concluyó y los concejales volvieron al recinto con las baterías cargadas para el debate. En la segunda sesión ordinaria del año 2009, hubo idas, vueltas y posiciones encontradas.
Tres temas del Orden del Día dispararon marcadas diferencias en el cuerpo legislativo presidido por Javier Suppo: el decreto emitido por la Comisión de Transporte, incrementando el boleto urbano, la contratación de un estudio jurídico para dar asesoramiento en materia tributaria, y una declaración rechazando la venta del patrimonio provincial.
La mayoría del Frente Unión por Córdoba se cargó en las espaldas la ratificación del Decreto Nº 1.041, de acuerdo a lo establecido por la Comisión de Seguimiento y Recomposición del Importe del Boleto, creada por la Ordenanza 5.930, e integrada por el presidente del Concejo Deliberante, un concejal por cada bloque y un miembro de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (Emtupse).
La norma dejó fijado, tiempo atrás, en dos pesos el valor del boleto urbano, 1,75 con tarjeta, 1,40 el obrero y jubilado, 1,45 el secundario(queda a 0,95 centavos al ser subsidiado por el municipio) y 0,25 el primario. Pero, la polémica se desató y quedó plasmada en el recinto porque la Carta Orgánica especifica que los aumentos de tarifa requieren doble lectura y Audiencia Pública.
Fue el presidente del bloque oficialista, Carlos De Falco, el encargado de fundamentar el decreto.
“Nadie quiere aumentar el boleto, pero tenemos una responsabilidad, que es que el servicio se preste. Surge claro que con los valores anteriores, el servicio corría el riesgo de colapsar, porque estaba ciertamente atrasado”, señaló.
De Falco explicó que el parámetro que se tomó para fijar los valores fue el del boleto que se abona con tarjeta y, para que fuera acorde al bolsillo de los usuarios, se decidió por mayoría un incremento del 16%. También señaló que el municipio continuará subsidiando el boleto secundario mientras que la Universidad Nacional de Villa María hará lo propio con el universitario.
Sobre el procedimiento adoptado para la aprobación de la norma, afirmó: “Hubo delegación de facultades en la comisión, lo que fue aprobado por este mismo cuerpo. Esta Ordenanza 5.930, se aprobó por mayoría agravada, con el voto de esta bancada y de la Democracia Cristiana, por lo que quiero sostener la legalidad de lo resuelto por la misma”.
La explicación no llevó satisfacción a los opositores.
El concejal de la Democracia Cristiana, Ricardo Pereyra, sacó pasaje por la doble lectura y argumentó que “no estaban de acuerdo con delegar facultades”.
En ese momento, se desató un cruce de palabras ya que la edil Daniela Lucarelli les pasó una factura: “Solicito una explicación lógica y fundada acerca de porqué se estuvo de acuerdo en sancionar un aumento de tarifa de taxis, que también es un servicio público, en un porcentaje mayor al de hoy, en simple lectura, sin Audiencia Pública y sin mayoría agravada ¿Por qué para un servicio sí y para otro no. Acaso la Carta Orgánica establece alguna diferencia entre un servicio y otro?”.
“Si cuando se aprobó la tarifa de los remises y taxis, este bloque cometió un error, pido perdón. Ha sido nuestra inexperiencia. Si estamos equivocados trataremos de estudiar un poco más, de dedicarle más horas a esto.”
El Frente Cívico y Social también picó boleto por la letra de la Carta Orgánica y Miguel Zandrino adelantó su voto negativo al decreto.
La tormenta amainó unos minutos y por unanimidad se aprobó una resolución solicitando al Ejecutivo provincial “dé cumplimiento al compromiso asumido y disponga a la brevedad el llamado a licitación y la posterior construcción del nuevo Hospital para Villa María”. Verónica Vivó recordó las declaraciones de Juan Schiaretti al respecto.
El contrato de locación de obra y de prestación de servicios tributarios celebrado por el Ejecutivo, con Héctor Eduardo Villegas Ninci y Jorge Bernardo Aguirre Mosquera, fue el segundo tema que dividió los votos.
Los profesionales tienen la misión de asesorar al municipio en temáticas relacionadas con la redacción de un nuevo Código Tributario Municipal. Daniela Lucarelli tomó la palabra y recordó que el servicio se viene prestando desde el año 2000 y le permite al municipio contar con un equipo de fiscalización. “El convenio es, ha sido y seguirá siendo beneficioso”, precisó la edil del oficialismo. La Democracia Cristiana votó en contra de la iniciativa por considerar “que no contaban con la información sobre algunos puntos del contrato”.

s La perlita

La sesión tuvo su perlita. El proyecto de resolución impulsado por el Frente Cívico y Social manifestando la disconformidad con la venta de bienes provinciales había sido consensuado entre los tres bloques. Pero, a la hora de votar, el edil de la D C Ricardo Pereyra decidió rechazarlo.
“El gobernador quiere vender el patrimonio sin importarle lo que dice la opinión pública y amparándose en una ley, aprobada el 31 de diciembre, entre gallos y medianoche. También hago cargo a los legisladores que representan al Departamento de semejante aberración”, apuntó Carlos Andrada del Frente Cívico y Social.
Cámpora remarcó que así como “defendió el patrimonio de los villamarienses también defiendo el de los cordobeses”. De Falco puntualizó: “No estamos disconformes con la venta, sino con la enajenación de más de 60 inmuebles de mucho valor porque el destino es pagar la deuda provincial.” Pero Pereyra sorprendió sacando los pies del plato. “El gobernador tendrá que consultar a los cordobeses sobre la venta del patrimonio. Creo que hay problemas que afectan a los villamarienses que tendríamos que tratar”.
En la sesión aprobaron también un contrato con Acovim, la designación de una calle con el nombre de José Cánova y declararon de interés la actividad “Verdad Real y Justicia para Todos”.