Mucho antes de lo previsto, finalizó ayer el juicio que se le siguió a Cristian Emanuel Zalazar, un joven santafesino que estaba acusado de haber efectuado varios disparos con una escopeta con caño recortado en barrio Felipe Botta, donde además tomó como rehén a una familia.
El asunto es que el camarista René Gandarillas le impuso una sanción de tres años y medio de prisión efectiva, pena que previamente había solicitado el fiscal Francisco Márquez y a la que luego adhirió el abogado defensor, Marcelo Martín Silvano.
En principio, para esta segunda jornada de debate estaba prevista la recepción de cuatro nuevos testimonios y era un hecho que el juicio iba a suspenderse durante una semana ya que el fiscal de Cámara había pedido una pericia psiquiátrica para establecer si Zalazar comprendió la criminalidad del acto.

@La confesión

Sin embargo, ni bien comenzó la audiencia el imputado pidió la palabra y en su declaración confesó haber perpetrado los hechos que se le atribuían, entre ellos portar nada menos que un arma considerada “de guerra”.
En efecto, Zalazar, alias “Santafesino”, de 27 años de edad, llegó al proceso oral y público acusado de “portación ilegal de arma de guerra”, “abuso de arma de fuego”, “daño reiterado” (tres hechos), “violación de domicilio”, “coacción agravada por el uso de arma de fuego” y “privación ilegítima de la libertad calificada reiterada” (otros tres hechos).
En rigor de verdad, el rosario de ilícitos que se le endilgaban habían sido cometidos en un solo episodio, ocurrido al caer la tarde del 19 de diciembre de 2007 en las inmediaciones de Rawson e Intendente Reyno, en barrio Felipe Botta de esta ciudad.
Junto a su hermano Jonathan David Zalazar, actualmente de 20 años, y a un amigo de ambos, Franco Gabriel Freytes, de 21, los tres jóvenes bebieron copiosamente y no tuvieron mejor idea que salir a “divertirse” con una escopeta calibre 16 de dos caños yuxtapuestos que, para peor, estaban recortados.

@Tres rehenes

Luego de efectuar varios disparos al aire y contra algunas viviendas del sector (de ahí los daños producidos), la Policía llegó raudamente al lugar, ante lo cual Zalazar y sus compañeros de andanzas ingresaron por la fuerza al domicilio de Claudio Acosta y su esposa Andrea Juntos, quienes se encontraban junto a su bebé.
Allí, bajo amenazas intimidatorias, mantuvieron cautivo al matrimonio y a su pequeño hijo (configurándose los tres hechos de “privación ilegítima de la libertad calificada”) hasta que finalmente se entregaron luego de unos 20 minutos de tensa espera.
Zalazar y sus cómplices se encontraban en avanzado estado de ebriedad, pero principalmente el joven ahora condenado, quien una vez alojado en la Comisaría de Distrito se descompuso al sufrir un coma alcohólico que obligó a los uniformados a tener que llevarlo al Hospital Regional Pasteur.
Cabe señalar que Jonathan Zalazar y Freyres no se sentaron en el banquillo de los acusados porque solicitaron la suspensión del juicio a prueba (“probation”), lo cual les evitó llegar a juicio. En cambio, Cristian no pudo requerir dicho instituto legal en razón de que la “portación ilegal de arma de guerra” es un delito no excarcelable.

@Un tiempo más

Con la sanción impuesta, Zalazar deberá continuar entre rejas hasta por lo menos los últimos días de abril del año venidero, oportunidad en la que podrá pedir la “libertad condicional” en razón de que es la primera vez que lo condenan y carecía de antecedentes penales.
Detenido desde el mismo día del hecho, el joven nacido en la ciudad de Santa Fe el 15 de diciembre de 1981, pero radicado en Villa María (muy cerca de donde se produjo el incidente) desde mediados de 2006, lleva casi 15 meses “a la sombra”, y deberá completar dos años y cuatro meses (los dos tercios de la pena impuesta) para poder solicitar el beneficio excarcelatorio antes descripto.
De modo que Zalazar estará en condiciones legales de recuperar la libertad entre el 20 y el 25 de abril de 2010, siempre y cuando observe buena conducta durante el tiempo que permanezca en la unidad carcelaria de barrio Belgrano.

@Escala penal

Cabe señalar que la escala penal prevista por la legislación argentina para la sumatoria de los delitos que se le atribuían iba de tres años y medio a 34 años de prisión, aunque en el caso de no haber confesado los hechos posiblemente habría sido condenado a cinco años de cárcel.
Para que quede más claro, la “portación ilegal de arma de guerra” es sancionada con prisión de tres años y medio a ocho años, el “disparo de arma de fuego” va de uno a cuatro años, la “privación ilegítima de la libertad calificada y reiterada” (tres hechos) es de uno a cuatro años de cárcel por cada hecho, la “violación de domicilio” de un mes a un año, la “coacción agravada por uso de arma de fuego” de tres a seis años y el “daño reiterado” (tres hechos) de un mes a un año de prisión cada uno.
Así, los máximos de cada delito, sumados, elevan el máximo total de la pena a 34 años de cárcel.