El abogado penalista Marcelo Martín Silvano criticó la propuesta de la prisión preventiva inmediata en caso de hechos graves, remarcando que  “la Constitución dice que nadie puede ser privado de la libertad sin proceso previo y sentencia firme”. “Si tenemos a una persona presa durante un año porque se lo acusa de un delito grave y después a lo mejor es absuelto en un juicio, ¿qué hacemos? ¿Se le dará indemnización? El artículo 300 del Código Procesal de Córdoba establece una indemnización, pero que yo sepa nadie la cobró ni ningún tribunal la fijó”, advirtió el letrado.
Además, sostuvo que si se pretende llegar a un juicio en el plazo de un año, tendrán que crearse indefectiblemente más fiscalías, tribunales orales y cámaras de apelaciones.
“En Córdoba existen seis tribunales federales de primera instancia, tres están en la ciudad de Córdoba, uno en San Francisco, otro en Marcos Juárez y otro en Villa María. Son los que teóricamente tienen que manejar la cuestión judicial de toda la provincia. Es una cuestión de infraestructura que no da, van a tener que generar más fiscales y juzgados”, evaluó.
También se preguntó qué ocurrirá ante el incremento de personas condenadas a raíz de la eventual celeridad en el proceso: “¿Crearemos más cárceles? Y otra cosa que tenemos que preguntarnos: ¿para qué los mandamos presos?, ¿para castigo? Eso es una posición contraria a la Constitución, la que habla de resocialización, entonces hay que brindar todos los medios para lograrlo”.
Asimismo, puso reparos a lo que se pretende legislar sobre extranjeros. “Un extranjero puede ser deportado si no tiene autorización para estar dentro del país; si la tiene, responderá como cualquier delito común. Aplicar la teoría del destierro es lo que hacían antes cuando lo mandaban a la cárcel de Ushuaia o de Trelew en 1930 o 1940, algo que hoy es inconstitucional”, subrayó.
“Aplicar esto a un extranjero es aplicar un derecho penal de autor, derivado de un Estado peligrosista de principios del siglo XX, que teóricamente fue declarado inconstitucional, por lo que sería una regresión al pasado en vez de avanzar. Se los tendría que juzgar, condenar y aplicar sanción. Y cualquiera que está ilegal debe ser deportado como ocurre con cualquier argentino que está en otro país de manera ilegal”, añadió.
“Si tiene los papeles, es un habitante más. ¿Para qué sirve deportarlo? Lo que tenés que hacer es una ley para quienes no tienen los papeles en regla”, completó.
Silvano describió que lo que propone la iniciativa es un sistema acusatorio como el que ya tiene la provincia de Córdoba y otras como Tucumán, Santa Fe o Buenos Aires. “El fiscal es el director del proceso y hay que ponerle límites, lo que hace el juez de Garantías; si no, el fiscal pasa a ser el rey del pueblo. Según el Código, en la Justicia Federal el que maneja todo es el juez de Instrucción pero delega en el fiscal la facultad de la investigación, quedándose con el rol de Control. A un 90% de las causas actuales las maneja la Fiscalía Federal por derivación del Juzgado Federal”, afirmó.