Eduardo “Tati” Rodríguez contó que consiguió el proyecto y pudo leerlo, y en rasgos generales lo avaló. “Regula puntualmente la medida de coerción, desde la simple citación a la prisión preventiva, pasando por la prisión domiciliaria y controles a través de mecanismos magnéticos. Prevé de manera implícita, y en algunos casos expresa, mantener la libertad de la persona durante el proceso y que su prisión preventiva sea una verdadera excepción, y no como es ahora de acuerdo a la cara del cliente”, reveló.
Además, elogió que la iniciativa permite al fiscal disponer de la acción penal “en base al criterio de oportunidad y conveniencia”. Ejemplificó: “Tenemos gran cantidad de causas en tribunales de todo el país donde se investiga el robo de una bicicleta. El proyecto da la oportunidad de que si no se sabe quién se la robó, se archive la causa; de que si sabe quién es el autor, se lo busque y provoque la conciliación con la víctima. Es un avance buenísimo. Ojo, la víctima tiene la posibilidad de oponerse a eso y el juez controlar que no se viole la ley”.
En tanto, previo a iniciarse el proceso el fiscal tendrá (de aprobarse la propuesta) la posibilidad de “armar un pequeño legajo de investigación en donde evaluará si vale la pena iniciar o no una causa. Y no solamente porque se robaron una bici o porque no se sabe quién es, sino también ante hechos graves sin pistas”.
“Si hay un homicidio y no hay huella, procesalmente será imposible avanzar en determinar quién fue y está la posibilidad de que se archive ese legajo, que no alcance grado judicial y que quede guardado hasta que el día de mañana aparezca algo o de lo contrario se archivará. Mientras tanto, no se tiene el Poder Judicial lleno de causas insignificantes porque no se dañó a nadie o porque es más útil para el ciudadano que se le devuelva la plata para que se compre la bici o porque tenés expedientes de 150 mil hojas donde sabes de entrada que no vas a llegar a ningún lado”, comentó.
-¿Esto no llevaría a los fiscales a trabajar menos, a acentuar la impunidad?
-Si entrás a una casa y hay un hombre muerto, pero el arma homicida no tiene huellas y no se llega a conocer ningún enemigo, quedará un homicidio sin descubrir como tantos, pero no ocasionará un desgaste jurisdiccional de poner en marcha el aparato de la Justicia cuando ya sabés que al final del pasillo no hay luz.
-Esto presumiendo que los fiscales investigan siempre y no consiguen elementos… porque uno puede pensar que esa carencia de indicios es porque no se investiga como corresponde.
-En los casos en que el fiscal decide no investigar tiene que tener el consentimiento de su superior y además se puede oponer la víctima. La víctima puede decir: no, no me cierre acá, busque por acá. Cada vez que se va archivar una causa la víctima tiene derecho a ser informada y oponerse. El asunto está balanceado, no es discrecional, hay mecanismos de control. Hoy no pueden hacer esto, la causa tiene que llegar indefectiblemente a juicio y el fiscal pedir la absolución si no hay elementos. Todo este tema es perfectible.
En cuanto a los extranjeros, explicó que actualmente hay una medida vigente de deportación al llegar a la mitad de la condena. “Hay que ver cómo se instrumenta la nueva propuesta, porque si los extranjeros son deportados, se van a jugar a venir, robar y de última los devuelven a su país y no van presos. De todas maneras el espíritu del Código no es ese. Seguramente se dictará una reglamentación complementaria para esto”.
Por otra parte, el conocido penalista comentó que vio en un noticiero que hay récords de presos en cárceles federales: “El 30% está detenido por drogas, son las mulitas o vendedores al menudeo, dentro de ese 30% hay un 50% que son extranjeros, en definitiva el Código Procesal por sí solo no viene a resolver el problema de la inseguridad o de la superpoblación carcelaria. Hay que modificar la ley de fondo, la ley penal. Si la pena de transporte de estupefacientes, en vez de cuatro a 15 años de prisión sería de tres a 10 años, gran cantidad de esta gente estaría con pena en suspenso o probation. Ahora están castigando con un mínimo de cuatro años a la pobre mujer que se traga algo para pasar de Bolivia a Argentina cuando a lo mejor lo hizo para comer. Hoy en el tráfico de drogas lo más caro es el transporte, que cuesta el 50% de lo que cuesta la droga. Si un kilo de droga te sale 1.500 dólares, cruzarla de Bolivia a Argentina te sale 700. Creo que eso debe regularse de manera tal que al perejil que usan de mulita sí reciba su castigo, pero que en realidad al que se castigue en serio sea al pez gordo, porque las mulitas no se van a terminar nunca”.
En tanto, como Silvano, consideró que para cumplir los plazos de instrucción habrá que generar mayores recursos.
