Andrés Cerón, actual titular del Area de Juventud de la Municipalidad local, se pronunció en un documento, a título personal, sobre recientes noticias que involucraron a jóvenes y a las fuerzas policiales. Cerón tituló su opinión como "Sobre la violencia institucional".
“Hace unos días se difundió en EL DIARIO del centro del país un hecho que, siguiendo las publicaciones de los días sucesivos, no tuvo mayor repercusión. Dos adolescentes menores fueron golpeados y demorados en la Comisaría ‘por error’ por la Policía provincial. Más allá del hecho puntual, que algunos querrán interpretar como un ‘exceso’ o ‘equivocación’ de procedimiento de la fuerza de seguridad, vuelve a demostrarse el modus operandi de muchas prácticas policiales, repetidamente denunciadas, que antes de corregirse o al menos asumirse, parecen extenderse y profundizarse.
Casualmente en esta misma semana apareció el cuerpo sin vida en Buenos Aires, enterrado como NN, de Luciano Arruga. La hipótesis que sostiene la investigación, la familia y los organismos de derechos humanos es que Luciano se negó a robar para la Policía bonaerense.
Estos dos hechos, sin inmediata relación entre ambos, vuelven a poner sobre el tapete una de las deudas más importantes de nuestra democracia: la desestructuración de las cadenas de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales y de las pautas de procedimiento de la Policía a todas luces anticonstitucionales y violatorias de los derechos humanos y de cualquier convención sobre los derechos de niños y jóvenes.
Al exponerse como casos aislados parece perderse la continuidad que implica este tipo de realidades, completamente diferente de lo que sucede con las situaciones de ‘inseguridad’, ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Lo cierto es que la violencia institucional y el abuso policial suceden y sucede con mucha más frecuencia que la que muchos están dispuestos a reconocer.
Vale la pena también denunciar hacia quiénes se dirigen estas prácticas: los y las jóvenes, sobre todo de barrios populares, laburantes, estudiantes y desocupados. Casualmente el mismo estereotipo que presentan los medios como el ‘delincuente’.
Esta semana también la AFIP presentó un informe donde se exponía la malversación de facturas y evasión fiscal por 1200 millones de pesos de parte de empresas y empresarios.
No es la primera vez que nos expresamos en contra y denunciamos la violencia ejercida sobre jóvenes de las barriadas; y estamos lejos de ser los únicos. No hace falta aquí hacer un catálogo de las cuestiones necesarias propuestas por especialistas y dirigentes para extirpar la violencia policial. Sí hace falta, creemos, retomar una discusión que parece quedar enterrada en lo vorágine informativa: ¿cómo los diferentes sectores sociales “quiebran” las pautas de socialización violando la Constitución y los derechos humanos? ¿Cuáles deben ser las políticas que deben ponerse en práctica o profundizarse para lograr una sociedad más justa?
Aquellos $1.200 millones, entregados de forma mensual en carácter de beca de trabajo o de estudio, a las 52 mil personas que fueron detenidas durante 2010 por contravenciones al Código de Faltas de la provincia de Córdoba, asegura unos $1.900 por persona por mes durante un año entero.
Hacen falta políticas activas destinadas a los jóvenes, no mano dura; hace falta el manejo civil de las fuerzas policiales (y mejores condiciones laborales), y no más cantidad de policías; hace falta que quien más tiene, más pague. Hace falta que el Estado esté bien financiado. Hace falta comenzar y terminar los hospitales en tiempo y forma. Hace falta que las instituciones educativas tengan recursos, para poder cambiar una lamparita, un vidrio, o mantener un gabinete psicopedagógico.
Sanar las heridas de la noche neoliberal llevará más que estos 10 años de mejoras de la calidad de vida de la mayoría del pueblo. De nada sirve meter más violencia en sectores violentados. Mientras tanto lo que proponemos: distribuir la riqueza, generar condiciones para que todos los y las jóvenes puedan acceder a la educación, al arte, al deporte y al trabajo, que la Justicia caiga sobre quienes pretenden mantener privilegios en base a la desigualdad y la marginación, un Estado presente en la defensa y promoción de los derechos, y no en la represión”.