“El jefe de la Policía de la Provincia fue imputado de un delito grave (coacción) y, a las dos horas, pudo declarar para ejercer su defensa. A nuestros esposos hace cuatro meses que los dejaron sin trabajo, nunca los llamaron a declarar y ni siquiera sabemos si están o no imputados”, dijeron a EL DIARIO las tres esposas de los agentes cesanteados tras la reunión gremial del 28 de junio de este año.
En total, son 11 los policías en actividad que fueron cesanteados tras esa jornada y la causa recayó en el fiscal Gustavo Atienza, de turno en esa jornada, quien aún no comunicó la situación legal de los agentes de la fuerza.
Administrativamente, la Policía de la Provincia de Córdoba dispuso la cesantía de los que participaron de la reunión informativa convocada por la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) e incluso de un agente que no estuvo, pero pasó con su vehículo frente al Mar-Gut, donde se hizo el encuentro.
Esta situación provoca que las familias de los 11 agentes estén hace cuatro meses sin el principal sustento económico, lo que motivó a tres mujeres, esposas de los cesanteados, a relatar sus penurias.
Karina Pattuzzi (esposa de Federico Bordino), Claudia Cabrera (esposa de Gustavo Cabrera) y Macarena Noriega (esposa de Fernando Maidana) relataron que están viviendo de las changas que hacen sus maridos y de la venta de alimentos que ellas hacen para colaborar. También cuentan con el apoyo de sus familias.
“Igual, estamos desesperados porque antes de esto teníamos una vida, pagábamos alquiler, teníamos cuotas y ahora nos quedamos sin nada”, indicaron.
Pattuzzi tiene cuatro hijos. Hace seis meses le adjudicaron una de las 250 Viviendas, “pero no puedo pagar las cuotas” porque lo que ganan en las changas es para comer.
Cabrera tiene un hijo y tuvo que convertirse en la columna vertebral de su casa para que su marido (con el que se conocen desde que empezaron el secundario y, como tienen el mismo apellido, los sentaron en el mismo banco) no caiga en la depresión que le acarrea la situación laboral. “Salimos sorteados en el Procrear y comenzamos los trámites para adoptar un hijo; todo está parado ahora”, dijo
Noriega también tiene un hijo pequeño y comenzó a vender muebles para sostener el hogar. “Debemos dos meses de alquiler y tengo miedo de que perdamos el terreno que estábamos pagando en cuotas; mi esposo no quiere ni salir de la casa”, indicó.
“Y todo por nada”, coincidieron. “Nuestros esposos tienen legajos intachables, lo admiten los mismos jefes. El que estuvo preso por pedir coimas sigue trabajando. A los que acusaron de quedarse con plata de adicionales o de apremios los mandan a un pueblo, pero siguen siendo policías. A los chicos, que no hicieron más que asistir a una reunión, los dejan afuera”.
Por eso piden al fiscal Atienza que los atienda, que los escuche, para que puedan ejercer su defensa. En el ámbito penal decidieron que el abogado Antonio Alarcos se haga cargo de la causa. En lo laboral, sigue la letrada del gremio, Cecilia Pérez Correa. “El juez nos dio la razón y le ordena a la Policía que siga pagando los sueldos, pero no sale el oficio hacia la Policía, según dicen, por orden del poder político”, aseguraron.
s Incertidumbre
Una pregunta ronda en la vida de las 11 familias: ¿Por qué?
Bordino fue el policía que, estando de franco, logró identificar el vehículo en el que se conducían los que intentaron matar al dirigente gremial Alejandro Roganti.
Cabrera actuó identificando a dos pibes que habían robado en una ferretería, cuando sus pares estaban autoacuartelados en diciembre de 2013, y pudo devolver los objetos a sus dueños.
Maidana, estando de paseo con su esposa, interceptó a unos pibes que habían robado una cartera y, si bien estaba de franco, hasta le hicieron escribir un acta.
“Son policías de vocación”, remarcaron sus esposas, sin embargo, no pueden trabajar. “Por eso yo me fui a entrevistar con el comisario Hernán Yudica. Reconoció que tienen legajos intachables y nos dijo que ellos actuaron así por orden del jefe provincial (Julio César Suárez) y que nunca pensaron que iba a ser tanto. También contó que (Luis) Gerbino, cuando vio el colectivo que habían mandado para trasladar, supuestamente, a todos hacia Bouwer, pidió que no llegaran tan lejos. A lo que Suárez lo insultó diciendo que era ‘muy maricón’ para hacerse cargo de la situación”, dijo Cabrera.
“Yo estuve con Gerbino, le pedí que dijera la verdad. Lo encontré en un supermercado y le dije que pensara en nuestros hijos como si fueran los suyos. Me asentía con la cabeza, como dándome la razón. Sólo le pedí que dijera la verdad”, concluyó.
Entre la incertidumbre y la esperanza de que le devuelvan el trabajo, las mujeres no pueden ocultar su dolor y piden a las autoridades que den respuesta.