La jueza de Niñez, Cecilia Fernández, aseguró que “por lo general, el victimario es también una víctima” al hablar de los casos de abuso sexual en que le tocó intervenir. “Por lo general, ha sido víctima de maltrato, de abuso, de violencia sobre su personalidad. Con esto no lo estoy justificando, sino hablando de la necesidad de ayudarlo”, añadió la magistrada, al exponer ante un auditorio del Centro Leonardo Favio colmado, en el marco de una charla organizada por la Secretaría de Prevención Comunitaria y Derechos Humanos del municipio.
Fernández advirtió que “lamentablemente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF, que depende del Ejecutivo provincial) no cuenta con los profesionales ni la cantidad de técnicos que se necesitan para abordar estas y otras problemáticas”.
Tras recordar que los jueces de Niñez han perdido competencia en prevención (la que pasó a ser tema del Ejecutivo), remarcó que el abuso es siempre “un tema doloroso y delicado” y en este aspecto apuntó que “si bien lo es cuando son víctimas por parte de mayores, mucho más difícil lo es cuando son víctimas de sus pares”.
“La pregunta que nos hacemos es si el acusado también es abusado”, expresó. “Lamentablemente, en estos 20 años me he visto sobrepasada por la cantidad de abusos con menores víctimas de otros menores e incluso hay casos de mayores víctimas de menores de edad”, confirmó.
La jueza admitió que “muchas veces” la denuncia no se da por los propios padres de quien es víctima, sino que llega a través de la escuela o de organismos. Y reiteró que desde el juzgado no pueden intervenir en el abordaje del niño abusado porque eso está a cargo de la SENAF.
Lo que sí es de competencia de Fernández es “trabajar con el victimario”, que cuando tiene menos de 16 años de edad es inimputable, lo que “no quiere decir que el juez no investigue y tome las medidas tendientes a modificar la conducta”.
“Lo primero que hace el juez es mantener un contacto directo con el imputado. Luego se toman las medidas de orden técnico, como mantenerlo en el hogar o no, determinar un régimen de libertad asistida, internarlo, etcétera”, precisó. También aclaró que cuando el menor es inimputable y no comprende la gravedad del hecho, la ley permite que en vez de permanecer bajo el patronato del juez vaya también a la SENAF.
Fernández fue muy crítica sobre el papel que cumple el Poder Ejecutivo provincial en todo esto. “Prácticamente, no funciona. Es muy preocupante y lamentable porque se conculcan los derechos de los niños y se va en contra de la propia ley. Esto hace que no podamos modificar conductas, que no se trabaje con la familia, a la que se vuelve con la misma historia”, cuestionó. “Se genera una involución”, recalcó.
Criticó que el juez sea el que investigue, acuse y luego juzgue
En el auditorio del Centro Favio, la jueza de Niñez de Villa María expuso cuestiones que ha venido declarando en los últimos tiempos a los medios de comunicación respecto a la legislación de menores de edad.
“La ley establece que la investigación debe hacerse a través de fiscales de menores y la Cámara de Menores debería juzgar para aplicar la pena”, sin embargo, sigue siendo la jueza Fernández quien investiga, acusa y luego aplica la pena. “En 2013 la Cámara no se puso en funcionamiento venciéndose la prórroga que se había dado, entonces el Poder Legislativo de la provincia facultó al Tribunal Superior de Justicia a que lo hiciera cuando se tuvieran los medios. Lo grave es que los jueces seguimos juzgando lo que investigamos”, explicó.
Recordó que la Cámara de Menores se creó en diciembre de 1994 y fue suspendida en 1995 por “razones de órdenes económicas”.
“Me voy a jubilar y no la veré funcionando. En estos 20 años se han creado muchos fueros (anticorrupción, antidroga, civiles), pero nunca hubo un centavo para ponerla en funcionamiento”, ironizó.
Por otro lado, sostuvo que “se instaló la droga, sin ningún tipo de control y asistencia”, tal es así “que no tenemos dónde internar a un chico”.