En la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva y asistida audiencia en la sede villamariense del Ministerio de Trabajo de la Provincia. La empresa se hizo presente con uno de sus propietarios, Carlos Lebrino (son además el padre y otros dos hermanos), junto a la apoderada Fernanda Guemberrena, pero éstos no participaron del debate que duró unas tres horas, sino que lo hicieron el abogado Jorge Sufé, el contador Miguel Alvarez y la asesora laboral Silvina Alvarez, todos del Estudio Alvarez y Asociados de la ciudad de Villa María también participó el síndico del Concurso de Acreedores, el contador Pablo Scaglia; Jerónimo Pérez y Ramón Contreras por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), con  el abogado Oscar Barroso, Mario García y Gabriela Navarro del Centro de Empleados de Comercio (CEC), con el letrado Marcelo Martín Silvano y Cristina Echeverría de la Unión Argentina de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (Urgara) acompañada de la abogada Silvia Vázquez. La audiencia tuvo la mediación de Jorge Maldonado, funcionario de Trabajo.

 

Compromiso

En una primera instancia, la empresa solicitó plazos para el pago de los salarios de octubre que debería concretarse hoy, postergándolo y desdoblando el mismo en tres viernes consecutivos: 14, 21 y 28 de noviembre, incluyendo en compensación los dos y en algunos casos tres días de suspensión que afectó desde la semana pasada a todo el personal. Así asumió el compromiso también de asistir a una nueva audiencia que primero se llevaría a cabo el 17 de noviembre y finalmente se acordó que se concrete el martes 25 de noviembre.

El abogado Sufé dijo a los gremialistas: “No tengo otro objetivo desde la empresa que dar continuidad”, para tratar de disipar la desconfianza manifiesta por la otra parte.

El funcionario de Trabajo medió en proponer “no tomar medidas arbitrarias, para poder sacar adelante a la empresa y al pueblo”.

 

Palabra del dueño

Carlos Lebrino, uno de los propietarios de la firma (junto a su padre y dos hermanos), explicó que “a causa de la warrantera (una suerte de prenda) que hay sobre la totalidad del maní  que está en las celdas, no se cuenta con materia prima para trabajar. O sea, está, pero no la podemos tocar”.

“Estamos hablando de una guarda irregular que se está haciendo del maní y es ese el punto que dispara esta situación. Warrant es la empresa que toma como garantía del proceso desde que se recibe hasta que se comercializa el maní, a modo de garantía. Esa warrantera es de un porcentaje, pero en este caso afectó a todo”, explicó el contador Alvarez. En ese aspecto, Lebrino aseguró que se trata de más de seis mil toneladas, prácticamente “la mitad” de lo que se manufactura en todo el año, ya que recordó que “este año la cosecha fue floja”.

Alvarez acotó que esa cuestión se está dirimiendo en la Justicia y esperan pronto novedades, tratando de que se determine qué porcentaje corresponde a la warrantera y cuánto puede procesar la empresa.

 

Un despido

Los gremios deslizaron que el viernes de la semana pasada se presentaron tres trabajadores denunciando despidos. Sin embargo, la firma desconoció los mismos. Con el transcurrir de las horas, los representantes de la firma etruriense admitieron que hubo un despido motivado por una situación particular. Se trata de un trabajador camionero.

 

No es Agromaní

El empresario y sus asesores aseguraron que “la firma está libre de deudas”, más allá de que al encontrarse en Concurso de Acreedores no puede generar alguna. Por lo que descartan el cierre: “No es el caso de Agromaní (cerró sus puertas dejando unos 80 trabajadores en la calle), no queremos que nos pase”, manifestaron.