Luego de la pirotecnia verbal de la semana pasada entre el Gobierno y la Corte Suprema, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, acordó con la Corte Suprema de Justicia reasignar partidas presupuestarias por 36 millones de pesos para incorporar 750 empleados al Poder Judicial.
En la Corte Suprema de Justicia cuestionan la falta de celeridad de la Magistratura en la selección de jueces para las vacantes y la demora que lleva la implementación de un plan informático.
El máximo tribunal sólo administra una parte del presupuesto destinado al Poder Judicial, ya que la mayor parte es manejada por el Consejo de la Magistratura, el cual es cuestionado por la oposición al Gobierno de Cristina de Kirchner.
"La Corte tiene depositados en un plazo fijo 520 millones de pesos destinados a la implementación de un plan informático demorado hace un año en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo dicen que están trabajando en la confección de los pliegos. Y en medio de esta disputa, se aprobaron en comisión" días atrás, informó el diario Clarín.
"A su vez, el Consejo de la Magistratura tiene unos 700 millones de pesos de partidas no ejecutadas por diversos motivos en los presupuestos anteriores y que se arrastran desde hace varios años. La Corte achaca al Consejo, reformado por el kirchnerismo, no darle uso a esas partidas", puntualizó el diario nacional.

Por más jueces

Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal, apuntó que los 750 nuevos cargos requieren de una ley del Congreso y destacó que serán para reforzar todos los tribunales (especialmente los previsionales y comerciales).
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había declarado que la Justicia debía agilizar las causas de la última dictadura militar, a lo que la juez Argibay respondió que necesitaban fondos y magistrados.
Los jueces deben ser designados por la primer mandataria de la Nación a propuesta del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado.