Nueve de los más de 20 policías que fueron detenidos, imputados y cesanteados luego de participar de una reunión gremial en un bar céntrico de nuestra ciudad el 28 de junio pasado podrían ser sobreseídos en los próximos días.

Ayer, Antonio Alarcos, el abogado defensor de estos nueve oficiales que continúan apartados de sus funciones, presentó una ratificación de la designación de defensa ante la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Gustavo Atienza, y aseguró que “está todo encaminado para que mis nueve defendidos vayan camino al sobreseimiento”.

Cabe aclarar que Alarcos se hizo cargo de la defensa de nueve policías (ocho son oriundos de Villa María y uno de Bell Ville) hace menos de 20 días luego de que los imputados decidieran cambiar de representante; en la parte laboral porque la abogada Cecilia Pérez Correa renunció a la defensa de los mismos y en el costado penal por considerar que el abogado del gremio policial, Luis Obregón, “manejaba otros tiempos”, según confió uno de los policías.

Según pudo saberse, Atienza pidió el sobreseimiento de 21 policías, aunque Alarcos aclaró que desconoce esta situación y que sólo puede confirmarlo para sus nueve defendidos, que son Fernando Maidana, Sergio Román Peralta, Gloria Moreno, Federico Bordino, Fernando Bordino, Paola Sachetto, Gustavo Cabrera, Adrián Mina y Patricio Haedo.

“Ahora hay que pasar el camino legal que esto lleva, los tiempos no los manejamos nosotros, sino la señora jueza de Control de la sede (Edith Lezama de Pereyra), pero seguramente tendremos el sobreseimiento antes de fin de año y ahí nos vamos a poner a trabajar para que estos chicos puedan volver a trabajar”, adelantó el abogado. De hecho, según especularon, la resolución de la jueza podría no demorarse mucho más que una semana.

 

Alarcos 

 

Que los policías sean sobreseídos significa se suspendería el procedimiento judicial, ya que habían sido imputados por desobediencia y resistencia a la autoridad, y a quienes el Tribunal de Disciplina de la fuerza también les aplicó la ley antimotín. “El sobreseimiento los va a desafectar de la causa, porque han sido fichados y prontuariados y nos pondremos a trabajar en lo laboral para buscar el restablecimiento a sus puestos en las fuerzas porque esto nos va a servir como basamento para que se los reincorpore”, explicó.

Alarcos consideró que fue “prematura y arriesgada” la determinación que se tomó al dejarlos sin trabajo desde hace ya cinco meses. “Fue, al menos, muy rápida, los dejaron sin trabajo, están sin cobrar el sueldo, es una situación sumamente agravada. La cesantía de ellos estuvo basada en que han cometido un delito, supuestamente, pero en realidad tampoco queda claro qué delito fue”, consideró.

Si se concreta el sobreseimiento, y atentos a que, en consecuencia, fueron erróneamente apartados de sus puestos de trabajo en la fuerza policial, Alarcos mencionó que evalúan presentar una demanda por daños y perjuicios “por todo lo que esto ha provocado, no sólo en contra de la Provincia, sino contra los superiores, entiéndase todas las personas que intervinieron de alguna u otra manera en la aprensión de mis defendidos”.