La jueza de Niñez Cecilia Fernández consideró que el pibe Joel Solá “fue víctima de la droga y del sistema” y que “al no poder sustraerse del consumo de drogas, siguió delinquiendo, ya sea porque estaba drogado o porque buscaba plata para robar y tener esas sustancias”.
Hizo hincapié en “el rol de importancia que debe cumplir la familia, que cuando no lo hace, interviene sustitutivamente el Estado” y llamó “a ver por dónde defeccionan las cosas en primer lugar”. “En este país estamos acostumbrados a exigir y nos olvidamos de las responsabilidades; la familia no lo contenía”, apuntó.
-¿El Estado lo hizo?
-El Estado, dentro de lo que cuenta, hizo lo que pudo con lo que tenía y creo que no alcanzó. Se debió haber trabajado con la familia, se necesitaba realmente eso.
-¿Se conoce la causa de la muerte?
-Todavía no. No me han informado nada hasta el momento.
-Se ha conocido públicamente en varias ocasiones el estado deplorable en que se encontraba el Complejo Esperanza. ¿Por qué se lo envía allí?
-No ordené su internación precisamente allí. Ahí funciona el equipo que evalúa adónde deben ir los chicos. Lo que he hecho es firmar un oficio a fines de que se garantice un tratamiento para sacarlo de la droga y del delito y que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) trabaje con la familia. Nosotros veníamos trabajando desde sus 13 años con el joven y su familia. En los últimos tres o cuatro meses tomé distintas medidas tutelares. Hay cuatro cuerpos de trabajo.
Hemos oficiado al defensor del Pueblo, a la SENAF, al ministro de Salud, al defensor de los Niños, a todos quienes por ley tienen la obligación de garantizar esto porque los jueces tomamos medidas cuando los hechos ya han ocurrido. No trabajamos ni en la prevención ni en tratamiento ni en asistencia. Lo ponemos en manos de quien prevé la ley que debe encargarse de estas cuestiones, que depende del Poder Ejecutivo, que es el organismo de aplicación. Antes era el Ministerio de Justicia, ahora es el de Desarrollo Social.
-¿Por qué han fracasado las medidas que se tomaron con Joel?
-Esto es un combo. Hay cuestiones que deben ajustarse para que la ley funcione. Deben cumplimentarse, para que funcione, un montón de cosas que están previstas en ella. Por otro lado, en reiteradas oportunidades -prácticamente en todos los oficios- pedí que la SENAF trabaje con la familia y no se trabaja.
En la resolución pongo que en Joel había una marcada incontención familiar. En la última resolución lo dejamos bajo la guarda del papá, con el acompañamiento de la mamá para que fuera a la Casa de Medio Camino y la obligación de la SENAF de trabajar con él y su familia. Y no resultó. Dicté una resolución que duró un mes, a los 20 días otra y a los 15 días tuve que modificarla porque había vuelto a incurrir en el consumo de drogas. En Medio Camino no lo podían contener.
-La familia dice que la Policía lo ha golpeado salvajemente luego de su detención.
-Si eso ha ocurrido, surgirá en la autopsia. Dentro de los certificados médicos que obran en el expediente no surge en ningún lado. Allí consta todo desde que el chico ingresa y sale de la Policía, está el certificado médico del Hospital Regional Pasteur, el certificado del médico que lo recibe en Córdoba, el certificado del Neuro, el de la Policía Judicial. Por algo va a la Policía Judicial, que no es la Policía policial, sino la que depende del Ministerio Público, que hace la revisación y son los que autorizan que entre al Complejo. Si al Complejo llega golpeado, dejan constancia porque hay un médico que lo recibe.
A todo esto lo está investigando el fiscal de Córdoba.
-Joel ya había estado internando en el Complejo Esperanza.
-En distintos lugares, en infinidad de lugares, públicos y privados.
-La familia reveló que en una ocasión había sido abusado en esa institución.
-Efectivamente dijo eso. Tuvimos un informe en relación a esa situación y se lo comunicamos a la familia en el tribunal porque si había ocurrido era un delito de instancia privada, por ende los únicos que pueden denunciar son los padres. Si los padres no lo hacen, se hace desde el Poder Judicial en función del interés superior del chico. Pero los padres dijeron específicamente que no lo iban a denunciar. Todo esto está en el expediente.
Nosotros a Joel lo queríamos mucho, lo atendíamos. Los chicos para nosotros no son un expediente, son seres humanos de carne y hueso, tienen voz y sentimientos. Con ellos tratamos y hablamos. Teníamos mucha vinculación y habíamos trabajado mucho con él.
-¿Hay muchos institutos de menores en la provincia?
-Cada vez menos porque la política es la no institucionalización. Las internaciones son lo más breves y se institucionaliza en caso de urgencia. No tenemos muchos recursos para trabajar en  tratamientos por drogadicción, que es lo que hace falta porque la droga es la madre del borrego en todo esto, la que está destruyendo a nuestros chicos. No hay tratamiento para esto, salvo aquellos que lo brindan de manera privada y donde no son ni cortos ni baratos y en el que debe comprometerse la familia porque sin eso, no salen. Son los lugares donde se hace agua.
-¿Los institutos existentes presentan las malas condiciones reveladas por legisladores provinciales?
-En esta sede judicial no hay más. Cuando teníamos, vivíamos peleando para que El Gurisito funcionara como correspondía, que estuvieran bien los baños, para que los chicos comieran como correspondía, para que tuvieran la asistencia que tienen que tener. Esto es responsabilidad del Ejecutivo provincial.
-¿Usted tiene competencia para ordenar mejoras en institutos fuera de esta circunscripción, como el Esperanza?
-No. No está dentro del ámbito. Nosotros por ley lo que tenemos que hacer es derivarlos a la SENAF para que los evalúe y disponga el lugar de internación.
D. B.