El ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, Daniel Passerini, llegó a Villa María para reunirse con la jueza de Niñez, Cecilia Fernández, por la muerte del adolescente Joel Solá, ocurrida el miércoles 12 del corriente.
La presencia del funcionario del Gabinete de José Manuel de la Sota se registró el lunes último, pero no fue informada oficialmente y no trascendió. EL DIARIO conoció el dato ayer y luego fue confirmado por la jueza.
“Estuvimos viendo algunas cuestiones que vengo reclamando. Hablamos bastante de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), de aspectos que tocan a la cuestión de la salud pública; fue una larga y positiva charla”, dijo la magistrada.
Admitió que si bien no fue la primera vez que Passerini llega para reunirse con ella, no es algo común. Del funcionario depende la SENAF, la que por ley debe contener a los menores de edad en situación de vulnerabilidad, como era el caso del joven Joel (ver página 9).

Muchas dudas

No fue la única repercusión política que tuvo el deceso del chico, que, por ahora, es investigado bajo la carátula “muerte de etiología dudosa” por el fiscal cordobés Rubén Caro.
Quien accionó fue la presidenta del bloque de legisladores provinciales por el Frente Cívico, Liliana Montero. La integrante de la Unicameral se preguntó cuáles fueron las acciones del Estado, a través de sus organismos, “para atender, contener y reinsertar en la sociedad a un joven que ya había estado bajo tutela del Estado”.
“La muerte de Joel, que se produce con posterioridad a ser detenido nuevamente cometiendo un delito y en evidente estado de haber consumido droga, debe interpelarnos sobre el fracaso del Estado en tener políticas que sirvan para revertir una historia vinculada al delito y al consumo de drogas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se monitoreó la vida de Joel con posterioridad a haber estado en el Complejo Esperanza? ¿Qué tratamientos se le brindaron para que deje la droga? ¿Qué salidas se le ofrecieron para que no vuelva al delito?”, se planteó.
También se interrogó sobre  lo sucedido durante la noche del martes y madrugada del miércoles, durante sus últimas horas de vida.
Otras de sus preguntas fueron: “¿Qué hizo la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) de Villa María? ¿Cuál es su función y responsabilidad en este caso? ¿Debió ser trasladado hacia Córdoba en un móvil policial o en ambulancia? ¿Por qué fueron al Complejo Esperanza la primera vez en lugar de ir directamente al Neuro? En el Neuro, ¿qué evaluaciones le hicieron respecto a lo que habría consumido y que medicación le aplicaron? ¿Estaba en condiciones de volver al Complejo o debería haber sido derivado a un hospital para su internación? ¿En qué condiciones llegó por segunda vez al Complejo? Luego de la evaluación médica del complejo, ¿se llamó una ambulancia? En caso afirmativo, ¿por qué la ambulancia no fue nunca al complejo? En caso negativo, ¿por qué se evaluó que no era necesaria la misma? ¿Por qué se lo lleva al Urgencias y no a un nosocomio más cercano al complejo, como puede ser el Florencio Díaz? Y, finalmente, nos preguntamos por qué razón el Gobierno ha intentado ocultar que el joven estuvo dos veces durante esa noche y madrugada en el Complejo Esperanza”, aclarando que el hecho de que no le hayan dado ingreso formal “no significa que el joven no haya estado efectivamente allí”.
Montero sostuvo que “está claro que estamos frente a un nuevo caso de fracaso de las políticas públicas en materia de juventud, tanto en cuanto al consumo de drogas como políticas destinadas a sacar a nuestros jóvenes del delito pero también en relación a los dispositivos del Estado para dar respuesta en la situación puntual de un joven en crisis”.
Cabe consignar que Montero ha venido denunciando sistemáticamente las condiciones deplorables en las que se hallaba, al menos hasta hace un par de meses, el Complejo Esperanza.