El fiscal Gustavo Atienza elevó el pedido de sobreseimiento para 25 policías (algunos retirados) imputados por el supuesto delito de “desobediencia a la autoridad”, por no encontrar indicios de que su participación en la reunión convocada por el gremio se haya encuadrado en algún delito.
Cabe recordar que el 28 de junio se realizó en el bar Mar Gut un encuentro impulsado por  la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) que, según indicaron, tenía fines informativos.
A poco de iniciada esa reunión, jefes policiales fueron a detener a los presentes. La mayoría de ellos fue liberada esa misma noche, mientras que tres dirigentes sindicales fueron trasladados a la cárcel de Bouwer.
“Pedí el sobreseimiento de 25 personas, de las 28 con las que se inició la causa, por dos razones contundentes que explicité en la solicitud y que se conocerán cuando esté la resolución. Pero hay que señalar que de la investigación no surgen elementos que hagan suponer la comisión de delitos”, dijo Gustavo Atienza a EL DIARIO.
El pedido se elevó el 6 de noviembre a la jueza de Control, Edith Lezama, quien debe resolver en un tiempo perentorio si coincide o disiente con el criterio del fiscal; en este segundo escenario, debe elevarse el pedido al fiscal de Cámara, Francisco Márquez, para que se expida.
Atienza aclaró que es “un sobreseimiento parcial de la causa generada tras aquella reunión en el bar céntrico, porque quedan otras tres personas imputadas por “privación ilegítima de la libertad” y “desobediencia a la autoridad”, en referencia a René Zabala, secretario general de la UPPAC; María José Ceballos y Claudio Ricardo Cisneros, también dirigentes del sindicato policial.
“Es distinta la situación judicial de esas tres personas, dado que en este caso hay un grado de convicción tal que, en su oportunidad, dicté la prisión preventiva contra uno de ellos (Zabala) e, incluso, denegué el pedido de eximición de prisión hecho por la defensa, pero que luego fue concedido por la jueza de control”, dijo Atienza.
“Seguiremos con la investigación de la causa y no dudaré, si hay  elementos probatorios, en acusarlos. No le quepa duda. Si, en cambio, la prueba está orientada a eximirlos de la responsabilidad, pediré el sobreseimiento”, agregó.
En la causa, según informó Atienza, tienen testimonios de los protagonistas y “particulares”, es decir, declaración de los organizadores de la reunión y de los jefes policiales que fueron a ejecutar la detención al bar céntrico y de los eventuales testigos. “También los antecedentes de los imputados”, señaló.
¿Hay, como dice la defensa de los integrantes de la UPPAC, una persecución gremial?
 “Le agradezco la pregunta porque hay que separar las cuestiones. Yo me he ceñido a los hechos sin contaminarme con nada, sin ingresar en otra temática. En mi pedido a la jueza he invocado todas las leyes que hacen al estado policial, desde la Ley Orgánica policial, que es la 6.701; la de Personal Policial, que es la 9.728, y hasta la novísima ‘Ley Antimotín’, que es la 10.187, que fue la que motivó a los jefes policiales a detener a los asistentes”, aunque aclaró que esta norma prevé sanciones administrativas y no penales.
-¿Sintió presión del poder político?
-Ese día vino a Villa María hasta el ministro de Seguridad, pero yo voy a ajustarme a la ley y a obrar conforme a derecho. Además, no he recibido presiones, por el contrario, la presencia de ellos no hacía más que ratificar la preocupación del Estado. Imagínese, que esa misma noche, el 28 de junio, yo liberé a 25 personas; es claro que actué a conciencia.

Los que siguen sin cobrar

Si bien el pedido de sobreseimiento puede representar un alivio para los policías que participaron de la reunión, la situación en la fuerza de los nueve activos sigue siendo problemática, dado que no perciben ingreso formal alguno desde agosto. El resto sigue cobrando sus haberes como retirado o jubilado con normalidad.
Por esa razón, los nueve agentes perjudicados económicamente presentaron un amparo laboral en la Justicia que les fue favorable, aunque aún falta la notificación a la fuerza para que puedan percibir sus salarios.
Se trata de Sergio Peralta, Fernando Maidana, Gloria del Valle Moreno, Federico Bordino, Paola Sachetto, Gustavo Cabrera, Fernando Bordino y Adrián Alberto Mina -este último ni siquiera asistió a la reunión que originó el conflicto-.
Según dijo en su oportunidad René Zabala, secretario general de la UPPAC, el juez Laboral ordenó la reincorporación de los policías cesantes, pero asegura que por razones políticas la fuerza no fue notificada aún.
Cabe señalar que al comienzo de la causa fueron representados por los abogados del gremio, pero resolvieron nombrar al letrado del foro local Antonio Alarcos para que los represente en lo penal y también en lo laboral.