A través de una resolución presentada ayer, los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany definieron “no observar” pero sí cuestionar el pago de 12.100 pesos en concepto de honorarios por la labor profesional de los abogados cordobeses Daniel Pizarro y Gustavo Vallespinos, contratados en el marco de un juicio de expropiación que la comuna promoviera tiempo atrás contra la Asociación “Hermanas de Nuestra Señora del Rosario”.

Cabe destacar que dentro del proceso judicial, el abogado Carlos Durán pidió que se regulen sus honorarios, estimados en primera instancia en 205.560 pesos, monto que no fue aceptado por la comuna.

El litigio, que no encontró acuerdo entre las partes, comenzó a transitar entonces por el circuito judicial.

“Debido al paso del tiempo y los honorarios sobre honorarios que deviene este proceso, la cifra se ha ‘engordado’ considerablemente y la misma Asesoría Letrada estima que la deuda municipal por ese concepto, hoy, es superior a los 300 mil pesos”, enfatizaron Naselli y Maristany.

“Ante esta situación y habiendo fracasado un intento de conciliación previo, la Asesoría Letrada intenta revertir el resultado mediante un nuevo recurso, esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia. Y para esa tarea solicitó a los abogados Vallespinos y Pizarro, radicados en la ciudad de Córdoba, la confección del recurso de casación, tarea que estos letrados tasaron en 40 mil pesos a abonarse en cuotas”, describieron los vocales.

Según precisaron los integrantes del Tribunal de Cuentas, por esta regulación de honorarios la señora jueza afirmó que “...la accionada...” (o sea, el municipio) “...se limitó a la mera negativa sin proporcionar prueba alguna ni efectuar su propia estimación...”.

Por su parte y haciendo alusión al fallo de Cámara, los tribunos subrayaron que los magistrados “advierten sobre una contradictoria conducta procesal de la comuna”.

“Al igual que sucediera con los denominados ‘juicios de la valija’, se advierte una clara intencionalidad de dilatar el inexorable momento del pago, a cualquier costo”, opinaron Naselli y Maristany.

“Ahora, la Asesoría Letrada trata de reparar dos sentencias adversas, recurre a los servicios de dos abogados ajenos a la comuna y a nuestra circunscripción judicial”, apuntaron los referentes de la Unión Cívica Radical y el Partido Villamariense.

“¿Cuál es la razón por la cual el elenco de abogados del municipio recurre a los servicios de otros letrados para elaborar un escrito, para el cual tendrían que estar perfectamente capacitados desde el momento en que han sido diplomados?”, se preguntaron.

“¿Es posible que ignoremos que en la Cuarta Circunscripción Judicial con cabecera en nuestra ciudad existen 575 abogados inscriptos? ¿Ninguno de esos 575 abogados sabe redactar un escrito recursivo? ¿Era necesario contratar por 40 mil pesos a un estudio jurídico, cuando en los pasillos del Palacio Municipal es imposible transitar sin tropezar con un abogado? (Ello sin perjuicio del asesor particular que el señor intendente tiene a sueldo del municipio)”, acotaron.

“La única conclusión posible es que el señor intendente, como responsable de actuar en juicio en representación del municipio, ha permitido, sin justificación alguna, la tercerización del servicio de defensa del patrimonio municipal”, manifestaron para cerrar los tribunos.