El fiscal federal Enrique Senestrari fue ratificado ayer por el juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, en la causa por la que se investiga a la financiera CBI Cordubensis SA, al rechazar la recusación planteada por la Defensa de Eduardo Rodrigo, principal imputado en la causa.
Según argumentaron los abogados de Rodrigo, Senestrari había “perdido objetividad e imparcialidad” por las declaraciones brindadas a los medios de comunicación y porque consideraba que era “política” su participación en la agrupación de funcionarios judiciales “Justicia Legítima”.
Sobre ese punto, Bustos Fierro destacó que “la exteriorización de su opinión personal sobre el proceso vertida en diversos medios de comunicación, no alcanza a afectar su objetividad, dado que el rol que cumple para la función que lo convoca, correctamente podría calificarse como la de un demandante objetivo de justicia”.
“Por otra parte -indicó el juez- la afiliación al grupo denominado ‘Justicia Legitima’ no puede importar reproche alguno, toda vez que la misma se constituye como una asociación civil (que no difiere de la Asociación de Magistrados) y la activa participación en la que se enrola el señor fiscal no se encuentra prohibida o vedada por ningún ordenamiento reglamentario y/o legal que así lo disponga”.
Además, los letrados defensores de Rodrigo cuestionaron que Senestrari fuera fiscal, ya que lo consideraba un “testigo” al haber recibido la carta atribuida a Jorge Suau, el difunto socio de Rodrigo que se suicidó, en la que se brindaban supuestos detalles de lavado de dinero y manejos financieros ilegales.
En ese aspecto, Bustos Fierro sostuvo que “de ninguna manera puede asimilarse a la causal de recusación por haber actuado como testigo, dado que los hechos que se investigan en el expediente son otros, de los cuales sólo participa por haberse encontrado en turno al momento de conocerse la noticia”.
Rodrigo está imputado como presunto coautor de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera clandestina”.
Villamarienses involucrados
Cabe recordar que el pasado 25 de julio, el fiscal Senestrari imputó a los empresarios villamarienses Darío Onofre Ramonda (60) y su hijo Darío José Ramonda (32), en el marco de la causa en la que se investiga el escándalo de la financiera CBI.
Los propietarios de la concesionaria Centro Motor SA, agencia oficial Toyota en la ciudad de Córdoba, están acusados como supuestos coautores de los delitos de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera ilegal”.
Los Ramonda habían sido nombrados como “protagonistas del supuesto fastuoso movimiento millonario de dinero desde el primer momento en que se desató el escándalo de CBI, tras la misteriosa muerte de Jorge Suau, que los mencionó en su presunta carta póstuma.
Por esa razón, el 28 de febrero del corriente año y en forma simultánea, la Justicia Federal allanó la concesionaria de la marca japonesa ubicada en avenida Colón 5077, en la capital provincial, y el domicilio particular de Darío Ramonda (p), sito en Rivadavia 484, en Villa María.
En aquella carta que dejó Suau, al hacer referencia a un servidor paralelo de los movimientos de la “mesa de dinero” liderada por Eduardo Rodrigo, el fallecido vicepresidente de la financiera indicaba que “en ese servidor se encuentran todas las operaciones de lavado de dinero que, en los últimos seis años y hasta hace aproximadamente un par de meses, realizaba la empresa Centro Motor SA con la compraventa de autos usados y con las diferencias de precios de las compraventas de autos en general que realizaba a diario”.
Suau agregó que “a CBI concurrían los compradores o vendedores para abonar las operaciones en negro. De hecho, existían en CBI reciberos en blanco que eran completados por Rodrigo o alguno de los tesoreros por el que ingresaban operaciones y se transferían ingresos”.
Además, la escribana que certificaba los mutuos de la financiera, que tenía sedes en el Dino Mall, era la misma que trabajaba con la concesionaria automotriz de la marca japonesa.
“Se ha hecho una exhaustiva investigación de los distintos elementos que poseemos y se ha determinado la responsabilidad de la maniobra delictiva de los Ramonda”, informaron al matutino cordobés desde la Fiscalía de Senestrari. Se habrían logrado confirmar indicios que los sindican con relación a la financiera desde el año 2008, cuando figuraban como socios de CBI.
Es por ello que el representante del Ministerio Público imputó a padre e hijo por los delitos antes descriptos, con lo que ya son 14 las personas investigadas por el “caso CBI”, a las que se suman otras tantas por las causas Bacar-Blicen y las mesas de dinero en el interior provincial, todas relacionadas en una maraña de intereses políticos y económicos que parece no tener fin.
