La Municipalidad de Villa María le pagará a TransBus, en el término de un año, 648 mil pesos por el uso de sus unidades para la inserción de publicidad institucional.
Así quedó establecido después de que los ediles aprobaran ayer la ratificación del convenio celebrado entre el municipio y TransBus, a través del cual la empresa le cede el uso exclusivo de las lunetas externas y ambos costados laterales de la totalidad de los ómnibus afectados al servicio público de transporte urbano de pasajeros para tal fin.
Como contraprestación por esos espacios de publicidad, el municipio pagará 1.800 pesos por cada una de las 27 unidades, es decir, 48.600 pesos por mes, durante los primeros seis meses de 2015, y la suma mensual de 2.200 pesos por unidad durante el segundo semestre, es decir 59.600 pesos, lo que hace un total de 648 mil pesos al cabo de los 12 meses.
“Debido al contacto constante que a diario los ómnibus tienen con nuestra sociedad, constituyen un medio oportuno para hacer llegar a los vecinos mensajes de campañas de prevención y concientización de adicciones, entre otros”, puntualizó el concejal Mauro Beltrami (UPC-FPV), al fundamentar el proyecto, y aseguró que no es la primera vez que se ratifican convenios de esta índole.
Desatinada
“Vamos a pagar 648 mil pesos de publicidad y no sabemos de dónde sale este costo, qué es lo que se cobra, porque el proyecto no lo especifica y no hay manera de calcular el gasto que implica esta publicidad en el transporte urbano. Si este aporte del municipio es un subsidio encubierto, a la hora de calcular el boleto urbano esto debería ser tenido en cuenta”, cuestionó Carlos Gagliano (UCR).
“Hacemos votos para que esta publicidad sea realmente institucional, porque es un año electoral y este Gobierno no se ha caracterizado por ahorrar en publicidad si tenemos en cuenta que tiene un sobregiro de 1,5 millón de pesos al 30 de septiembre del presupuesto de publicidad de este año, que subía a 2,7 millones de pesos. Creemos que la ciudad tiene otras prioridades”, señaló.
Fuera del recinto, en diálogo con EL DIARIO, Gagliano consideró que la ordenanza aprobada por el oficialismo es “absolutamente desatinada”.
“Esperamos que no se violen las normas de la Carta Orgánica, porque 60 días antes de las elecciones municipales esta publicidad institucional va a seguir circulando mientras se desarrolla la campaña, algo que está vedado. El Ejecutivo ha perdido en muchos aspectos el sentido de lo que significa recursos económicos, ya que le asigna la misma cantidad de plata a la Secretaría de Prevención de Adicciones que a la publicidad en el transporte urbano, de modo que está claro cuáles son las prioridades: publicitar una gestión en la que la base es la candidatura a gobernador del intendente Eduardo Accastello. Esto es usar recursos públicos en beneficio de intereses políticos personales”, agregó.
Además, consideró que hay otras cuestiones urgentes que debería atender el municipio, entre las que mencionó los centros de salud barriales.
Su par de bancada, Nora Landart, objetó que a TransBus se le dé poco menos que a Prevención Comunitaria.
“Son 668 mil pesos los que tiene la Secretaría de Derechos Humanos que está bajo la corresponsabilidad de Carlos De Falco y Julio Tabárez, son 20 mil pesos menos que este Estado municipal ha destinado a las acciones de prevención y promoción de derechos humanos y seguridad frente a los conflictos sociales”, remarcó.
El edil del oficialismo Rafael Sachetto defendió que se destine ese monto de dinero a publicidad que, entre otras cosas, será de prevención de adicciones.
Consultado sobre los cuestionamientos de la UCR referidos a que la Secretaría de Prevención Comunitaria tiene un presupuesto similar, dijo que las partidas presupuestarias son dinámicas y que pueden hacerse modificaciones cualitativas, por lo que una publicidad destinada a prevención puede estar incluida en publicidad.
Finalmente, ante la pregunta de si no creía que era más efectivo un taller sobre drogadependencia u otra medida que una publicidad, respondió que “todas las herramientas son necesarias” y que el municipio tiene la obligación de prevenir, pero que del tratamiento de adicciones debe encargarse la Provincia.
Ahora no
Por otra parte, fue aprobado por mayoría la nueva tarifa para taxis.
Al oponerse, Landart expresó que no compartían el incremento porque durante el año habían tenido un ajuste de más del 35%, resultando “más que suficiente”.
“La gran mayoría de los sectores no tuvo ese porcentaje de aumento en sus ingresos. Sí entendíamos necesario plantear un ajuste a partir de enero de 2015, por ejemplo, por el impacto que iba a tener en los costos la tarifa vial, pero no ahora”.