Este nuevo capítulo en la vertiginosa novela que desde hace un mes se desató en torno a la manisera y afecta directamente a 90 fuentes de trabajo, 90 familias de la localidad de Etruria, sumó además lo que se denomina en el ámbito de la justicia penal el "desbaratamiento del derecho acordado", que es el "rompiendo y desapareciendo" el maní que está en custodia y que no puede tocar e incluso cuando Control Union se presentó para verificar el estado de la mercadería a su cargo y evitar o prevenir que no se moviera la misma, no los dejaron acceder al predio.

 

Warrant

La normativa dice que la empresa otorga en warrant el maní a través de una empresa autorizada por el Ministerio de Agricultura de la Nación y a partir de ello ésta accede en privilegio a un préstamo de un fondo de inversión que le permitiría seguir creciendo.

Sin embargo, se presume que ante la falta de materia prima o habiendo manufacturado ya una cantidad similar de toneladas (unas seis mil), la firma Agrotransportes habría violado la guarda y utilizado el maní almacenado. De esta manera se desata un dilema: hay mercadería para trabajar que no se puede procesar y eso paraliza la tarea de muchos trabajadores. En ese marco se dieron ya dos suspensiones de la totalidad del personal, la segunda que podría disminuir el salario de noviembre (a cobrar en diciembre). Y le siguió la reanudación de las actividades en la planta, pero "robando" el maní en custodia de Control Unión, que "tras varias presentaciones y mucho peregrinar", describió Julián De Ambrosi, logró que la Justicia atendiera su denuncia.

"Nosotros denunciamos un robo por parte de la empresa. Lamentamos llegar a esto, pero nuestra tarea es cuidar y si la empresa no hace caso a nuestro pedido, no nos queda alternativa", añadió. En el mismo sentido, De Ambrosi dijo desconocer si la firma Agrotransportes canceló parte del crédito porque "el banco no nos entregó certificado alguno". De esta manera, explicó que el warrant "es muy utilizado por las empresas maniseras" y en el caso de la firma etruriense trabajan "desde 2001, sin ningún inconveniente. Esta es la primera vez" que supone el gerente de Control Union se debe "a las últimas tres cosechas, que no fueron para nada buenas en la Argentina". "A medida que vas devolviendo, cancelando certificados, se dispone de la mercadería", amplió.

Precisamente sobre el maní, De Ambrosi admitió que "hay que tener cuidado con las condiciones de almacenamiento y que el clima sea óptimo, para conservarlo", por lo que de ello depende el tiempo de una guarda eficiente.

 

Responsabilidad

Respecto a los posibles acuerdos, manifestó que su "única función es cuidar la mercadería y la liberación la dará el banco" o el Fondo de Inversión en este caso.

"Supongamos que la empresa puso en warrant 20 mil toneladas de maní en caja, la guarda se hizo sobre la mitad para que acceda a un préstamo, el maní de fue procesando y queda la mitad, sobre la que recae la garantía, por lo que queda afectada toda la materia prima. Al no haber ido cancelando y comercializando la mercadería, se genera esta situación, suponemos. Funciona así: vas cancelando y vas disponiendo del maní", sostuvo De Ambrosi.

Pero además, señaló que "el 100% de la responsabilidad es de los empresarios, los empleados no tienen por qué conocer las condiciones de warrant. Por eso nos encomendamos a la Justicia".

Por último, marcó que tienen "contacto permanente con los trabajadores, caerles a ellos con la ley sería una locura y lo que más nos interesa es que la planta siga funcionando, sin violar los derechos de ninguna de las partes".

Cabe mencionar que el préstamo al que acceden las empresas de este tipo son en millones y en dólares, pero en el caso de Agrotransportes, a pesar de que no trascendió la cifra, se puede decir que en otras oportunidades los valores fueron muy superiores y no hubo inconvenientes financieros ni laborales.

De Ambrosi estuvo el jueves en la ciudad de Villa María, donde brindó declaración por tres horas. Las denuncias tuvieron lugar a partir de los allanamientos ordenados por la Justicia, que corroboraron los precintos rotos y se establecieron nuevas fajas de inviolabilidad.

 

Incompatibilidad

El abogado villamariense Marcelo Martín Silvano representa a la firma Control Union Argentina en este caso contra la firma Agrotransportes SA. El mismo letrado es el representante legal del Centro de Empleados de Comercio (CEC).

En las audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia, Delegación Villa María, Silvano estuvo junto a los dirigentes mercantiles defendiendo los derechos de los trabajadores cuando la firma etruriense solicitó el procedimiento preventivo de crisis, pero cuando exigieron los balances contables la manisera dio marcha atrás y optó por las suspensiones masivas. Otra vez intervinieron gremio y abogado, junto a sus pares de UATRE y Urgara para tratar de llegar a un acuerdo. Se levantaron las medidas y se acordó el pago de los salarios de octubre en tres pagos (ayer debía efectivizarse el tercero). Las suspensiones volvieron por casi una semana, hasta el miércoles, y la situación se complica. El estudio Alvarez y Asociados, que lleva adelante el concurso de acreedores, presentó el martes documentación para dejar constancia de la actividad normalizada y haber efectuado los pagos de haberes.

En ese contexto, Silvano sostuvo que "no hay incompatibilidad" aún representando a la firma que priva de mover la mercadería en guarda y a pesar de que sin ella no se puede trabajar en la planta. Los 90 trabajadores esperan disponer siempre de materia prima y no se detienen para analizar un panorama incierto. Ni se miran en el reflejo de Agromaní, la firma de la Laguna que cerró y detuvo su andar a principios de este año...

 

Una salida

El síndico de concurso de acreedores Pablo Scaglia estaría avanzando en pos de una solución, para que los trabajadores tengan una cuota de optimismo. Y es a partir de la reactivación formal y legal de la empresa, disponiendo de la mercadería.

Scaglia podría lograr un acuerdo con los fondos de inversores para que éstos cedan la mercadería en guarda, con el compromiso de la empresa de transformar con valor agregado esas alrededor de seis mil toneladas en maní confitería, pasando de 440 a 1.100 dólares por tonelada su valor. Con esa diferencia la firma Agrotransportes cancelaría su deuda y le quedaría una diferencia importante. Restaría un remanente de maní industrial para seguir trabajando. Ambas partes contemplarían el pago de salarios a los trabajadores.

"La idea es llegar a un acuerdo para que la planta siga funcionando, un acuerdo que convenga a todas las partes afectadas, pero sobre todo a los trabajadores", deslizó una fuente cercana a la empresa.