El lunes 16 de febrero de 1976 tuvo lugar un paro patronal impulsado por un gran sector del empresariado argentino. Esta medida tuvo gran adhesión de los patrones de Villa María nucleados en la organización empresarial situada en calle San Juan. Desde algunas organizaciones gremiales se desarrolló una marcada oposición a la medida. Igual el paro se realizó con alto acatamiento, pero quedó como testimonio la voz de quienes se opusieron a la medida que trabajaba para el golpe de Estado.
Empresariado ultraliberal
A inicios del año 1976 el Poder Ejecutivo Nacional estaba a cargo de María Estela Martínez de Perón, conocida como “Isabelita”. Se trataba de la primera mujer que, dentro del marco democrático, ejercía la Presidencia de la Nación.
Había sido electa como acompañante de fórmula de su marido, Juan Domingo Perón, quien falleció el 1 de julio de 1974 quedando Martínez a cargo del gobierno. Para 1976 su gobierno ya mostraba variadas debilidades y el golpe de Estado era un posibilidad concreta, alentada por diferentes sectores de la sociedad, algunos de los cuales trabajaban activamente para terminar de generar las condiciones que hicieran insoslayable la salida militar como supuesta superación de la crisis que se vivía. Para entonces el golpe ya era anunciado por algunas figuras públicas, parecía que sólo faltaba ponerle fecha.
Un sector del ultraliberal empresariado nacional, en agosto de 1975, junto a sectores del agro, constituyeron una organización que denominaron Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). El economista José Martínez de Hoz, miembro de una tradicional familia terrateniente integrante de la Sociedad Rural, fue una de las principales figuras de la flamante organización empresarial que, en febrero de 1976, organizó un paro patronal.
La medida sumó adhesiones a nivel local. En la sede del Centro Comercial e Industrial, Regional Villa María, el jueves 5 de febrero de ese año, se reunió el empresariado local. En ese encuentro se decidió sumarse al paro patronal, previsto para el lunes 16 del mismo mes. Por entonces presidía la organización gremial el empresario Primo Beletti quien en aquella jornada lideró la reunión en el salón de la calle San Juan 1369 donde se plasmó la participación local en la medida orquestada contra el Gobierno nacional. Desde el empresariado se justificaba el paro como manera de protesta por la inestabilidad económica que afectaba a la pequeña y mediana empresa.
Trabajadores en contra del paro golpista
Los verdaderos titulares del derecho de huelga, es decir los trabajadores, nucleados en las organizaciones gremiales se opusieron a la medida patronal. El 10 de febrero, desde el Centro de Empleados de Comercio se emitió un comunicado criticando la entusiasta adhesión de los empresarios locales a la medida decidida por el empresariado nacional. Firmaron ese documento el dirigente Miguel Angel Olaviaga y Eduardo Belloccio. En el texto se dice que “la clase trabajadora y los pequeños empresarios y productores, únicas víctimas de la actual aguda crisis económica por la que atraviesa el país, no deben llamarse a engaños con este cese de actividades que ha sido resuelto por los sectores representativos del gran capital vinculados a la política del imperialismo explotador y de los monopolios en franca actitud golpista”.
Desde la delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) también se emitió un documento firmado por Miguel Angel López y José Foresto, delegado regional y secretario de organización y prensa, respectivamente. En el escrito de la central de trabajadores señaló que la medida de los patrones favorecía el golpe de Estado. Al día siguiente el diario “Noticias” publicó la posición de la CGT y también la de los empresarios que realizaban una importante campaña de adhesión a la medida distribuyendo, en diferentes puntos de la ciudad, un comunicado en el cual puntualizaban sus motivos para ir al paro patronal. En ese escrito los patrones dejaban plasmada su ideología liberal. Sostenían, entre otras cosas, que la “empresa privada” es “fuente insustituible de trabajo, producción y riqueza”. En relación a las“Fuerzas Armadas y de Seguridad” textualmente sostenían: “Se desangran combatiendo contra la subversión apátrida, sin contar con una sincera y efectiva colaboración de los poderes públicos”. Parece ser que les parecían pocos los asesinatos y las desapariciones que ya se producían en el país.
La organización empresarial expresaba que el país estaba inmerso en un proceso “que conduce inexorablemente a la disgregación y el caos”. Por ello, decían que el lunes 16 de febrero sería un “día de protesta nacional” y respaldaban la posición de la APEGE que culpaba a la Confederación General Económica de co-responsabilidad en la “grave situación” que estaba “el país en todos los órdenes, pero fundamentalmente en el económico”.
El día 13, la prensa escrita dio a conocer otra posición crítica firmada por Oscar “Cacho” Mengarelli y Osmar Zapata, hombres de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio de los estatales repudiaba la actitud de los empresarios denunciando lo que entendían como un “ataque certero contra los requerimientos de los trabajadores” que, junto a otros elementos, dejaba “en evidencia” la “franca actitud golpista” de los empresarios. Para Mengarelli y Zapata era ese “el objetivo fundamental” del paro de actividades.
Por su parte los mercantiles, desde el sindicato conducido por Olaviaga, convocaban a repudiar la medida a la vez que realizaban una campaña de oposición al paro. El miércoles 11 realizaron un plenario gremial para analizar la situación nacional resolviendo la “quita de colaboración con las empresas y denegación de cualquier pedido de horas extras” a partir del día jueves. También realizaron una convocatoria amplia dirigida a sectores gremiales, políticos y a “todos los sectores positivos de la población” para que se expidieran contra el paro golpista. A la vez convocaron a todos los trabajadores mercantiles a una Asamblea Extraordinaria en la sede gremial, el día lunes 16 a las 7 horas.
Pero tanta oposición no fructificó en el fracaso de la actitud patronal. El “Noticias” del 17 de febrero informó que “fue masivo el paro de los empresarios locales”. Fue una larga jornada, a las 7 horas los empleados de comercio asistieron a la asamblea programada resolviendo solicitar al Ministerio de Trabajo que declarara ilegal el paro. Les respondieron que no daban curso a su pedido por tratarse de un problema de orden nacional.
Ese lunes, tantos los bancos como las oficinas públicas funcionaron con normalidad, al igual que el servicio urbano de colectivos. Del comercio establecido en el centro urbano sólo algunos bares y confiterías abrieron sus puertas en horas de la mañana. La calurosa jornada convocó a numerosos vecinos a la costa del río. Al terminar el día los dirigentes empresariales locales evaluaron exitoso al paro. Con mayor o menor conciencia del hecho habían contribuido a dar un paso decisivo hacia el inicio de la dictadura desaparecedora de personas que implementaría la destrucción de la industria nacional. Desde los trabajadores se planteó con claridad el peligro, pero no fueron escuchados
