Escribe: Miguel Julio Rodríguez Villafañe (especial para EL DIARIO)

Existe en la sociedad actual una profunda y desagradable sensación de desamparo, impotencia y temor. Desamparo, por un Estado que, en todos sus ámbitos, se lo quiere reformado, transparente y eficaz. Impotencia, ante los problemas que la desbordan -desempleo, pobreza, corrupción en el Estado, narcotráfico, mafias varias, inseguridad pública y tantos otros-. Temor, fundamentalmente, ante un futuro que no se puede vislumbrar de manera positiva, porque el propio presente -ahora globalizado- se hace difícil de entender. Y, por si fuera poco, en medio de todas esas vivencias, opera casi de manera instintiva un “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales por sobre la búsqueda de soluciones integrales y solidarias.
No es el caso de este artículo profundizar toda la temática sugerida, pero sí detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad pública, que se genera por la violencia delictiva y que, de manera especial, en los últimos tiempos, hiere y preocupa a la comunidad cordobesa.
El delito cotidiano produce en la población una primera reacción defensiva, por lo que se tiende a proponer acciones inmediatas de naturaleza particularmente represiva y punitiva, pero sólo a partir de la óptica de las consecuencias, sin reparar demasiado en las causas que estructuralmente generan, en gran medida, la actitud delictiva. Es impensable imaginarse una disminución significativa de los asaltos de todo tipo, de la rapiña callejera, de los robos domiciliarios, etcétera, si no se trata de encarar soluciones superadoras al contexto de escasa oferta de fuentes de trabajo, de las malas remuneraciones, de extrema pobreza, de una inadecuada educación en contra de la violencia y de una falta de convicción y eficiencia en la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción.
Asimismo, la posibilidad de ser víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada la problemática, hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia que otros. Es evidente que aquellos que tienen más capacidad económica pueden arbitrar mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad física, que los que tienen menos y que, también, son víctimas de los mismos delitos. Ello, de por sí, aumenta las desigualdades. También en este contexto se potencia aún más la injusticia, ante un Estado que todavía no ha cumplido de manera adecuada con la promesa de encarar las reformas de su estructura y funcionamiento, para empeñarse en el logro de objetivos que son esenciales, como el de garantizar la seguridad ciudadana. Repárese que, es necesario pagar policía adicional, para tener un servicio de custodia confiable, cuando dicho pago implica, en sí mismo, una nueva carga fiscal disfrazada, por un servicio que el Estado debe cubrir, en forma debida, porque ya se abonó con los impuestos.

Protección, no venganza
Por su parte, en el desconcierto que traen el miedo y la inseguridad, es difícil que se distingan acciones racionales de protección ante un peligro, con reacciones irracionales de venganza. Muchas veces, en la psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía ante las situaciones delictivas, se confunde con facilidad la legítima defensa -aceptada y justificada legal y moralmente- con el ejercicio de la fuerza represiva y violenta, en la búsqueda de justicia por mano propia. En una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos es inaceptable que se piense en políticas de gatillo fácil, en escuadrones de la muerte, en brigadas de moralidad o en justicieros. Sólo la persecución del delito, ejercida desde la ley, sin prejuicios y por quien está autorizado para ello, debidamente formado, es el signo de civilización que nos permite diferenciarnos de la barbarie, con autoridad moral.

Contagiar valores solidarios
A lo antes desarrollado, se suma la memoria colectiva de desprotección que quedó marcada luego de los hechos sucedidos en Córdoba, a comienzo de diciembre de 2013, cuando un acuartelamiento policial dejó a la ciudad en una sensación de tierra de nadie. Los saqueos dejaron sus huellas.
Ante ello, el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz) ha propuesto reflexionar sobre los valores que potencian la convivencia humana, en especial la solidaridad, entre todos. Ha invitado a reencuentros que desde valores neutralicen las fuerzas que han buscado romper el tejido social.
Esta actitud ayudará a superar la cultura del miedo y desde el compromiso de todos, en diálogos fecundos, poder desarrollar los mecanismos de defensa legítima en contra del delito, pero que, a su vez, nos permita reencontrarnos sin preconceptos, como los que han llevado a considerar que todo el que anda en moto es un ladrón o que se asimile a la pobreza con el delito y tantas otras injusticias que, en los hechos, dejan marcas negativas en la conciencia comunitaria y discrimina injustamente a determinadas personas o sectores.
Sólo en el encuentro fraterno, en un plural que nos contenga y asuma a todos, se podrá construir la realidad sin miedos, pero con la responsabilidad adulta de saber que no basta sólo con diálogos, sino que ello debe llevar a concreciones específicas, en materia de integración y justicia social, como también a compromisos de un Estado en asumir, adecuadamente, una eficaz lucha, en contra de los delitos que nos hieren.   

* Abogado constitucionalista y periodista