Por efecto del doble voto del presidente Julio Oyola, la orden de pago por 4 millones de personal destinada al Ente de Deportes, que servirá para solventar en parte las contrataciones y otros costos del Festival de Peñas 2015, fue aprobada en el Tribunal de Cuentas.
En soledad (factor determinante que terminó por facilitar el visto bueno al pago solicitado), el vocal Gustavo Maristany, además de desaprobar la orden, cuestionó el marco jurídico en el que se desenvuelve la dependencia liderada por Marcos Bovo.
En este sentido, apuntó que “existe una colisión constante, reiterada, entre las normas generales de la comuna respecto al manejo de los fondos públicos, normas generales que los miembros del Tribunal de Cuentas deben acatar, y la práctica administrativa que desde el punto de vista económico, financiero y contable aplica el Ente en cuestión”.
“En el presente caso, la génesis del gasto, desde el punto de vista formal, aparece avalada por un decreto. Sin embargo, en lo sustancial, se sigue entregando más y más dinero a un Ente que ha hecho, de la elusión de las normativas generales (sobre el control previo de los actos administrativos que dispongan ‘gastos’), una práctica constante”, manifestó Maristany.
A renglón seguido, el referente de la Unión Cívica Radical en el Tribunal recordó que el espacio desde donde se organiza el Festival de Peñas, en lo que va del presente año ha recibido “de los dineros de los vecinos”, 11 millones de pesos.
Por otra parte remarcó que las cifras prescriptas en el decreto “es un importe extraordinario”, o sea, complementario de las sumas que mes a mes recibe el Ente, por aplicación de la Ordenanza Nº 6.609.
“Extraño caso de un municipio donde se entregan fondos públicos por varios millones de pesos que, a meses vista, nadie, absolutamente nadie, sabe cómo se han gastado, en qué se han aplicado o cómo se ha contratado”, manifestó el tribuno antes de concluir que “la constante apelación a la transparencia en el manejo de los dineros públicos resulta así un simple giro literario”.
Legal y motivado
Por su parte, el titular del Tribunal de Cuentas consideró que “es sabido que los artistas requieren el pago de un anticipo para comprometer su agenda y adelantar, tal como es de uso y costumbre, un porcentaje del pago de los honorarios de los mismos”.
Oyola también entiende que “es una atribución legal del señor intendente la de otorgar subsidios y determinar qué acciones políticas (en este caso atadas a la cultura y costumbres de nuestra ciudad), son prioritarias”
En tren aprobatorio, el presidente del TC remarcó en aras de “despejar toda duda” que el presente gasto “tiene legalidad y motivación suficiente, lo primero porque se ha dictado el instrumento legal respaldatorio (Decreto 1139/12) y lo segundo ya que está asignado a la partida presupuestaria “Programa 1101 - Partida 2.1.1.4.01.04”. “Finalmente, debo señalar que se ha dispuesto (artículo 2º del aludido decreto) la obligación de rendir cuentas a los 30 días de recepcionado el importe, lo que constituye un elemento esencial para conocer (públicamente) el destino concreto que se les ha dado a los fondos otorgados, tal como han sido rendido los fondos correspondientes al año anterior”, redondeó para cerrar.
