Con la firma y el Documento Nacional de Identidad de 39 vecinos, ingresó el lunes una nota al Concejo Deliberante de Villa Nueva en la que se expresa el malestar por el cobro de la obra de pavimentación realizada con un subsidio no reintegrable que envió el Estado nacional en 2009.

La nota tomó estado parlamentario ayer a la mañana, en la sesión legislativa semanal. Así se desempolvó institucionalmente una vieja historia, en la que de manera evidente no se siguieron los procedimientos establecidos por la Carta Orgánica Municipal. Precisamente en ese punto hizo foco la exconcejala radical Sandra Bailone para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María (ver página 11), que se asentó hace una semana pero que trascendió también en la víspera.

 

La carta

 

Vecinos de barrio La Floresta recordaron que la obra de pavimentación y cordón cuneta fue posible a través de un subsidio no reintegrable, por lo que “se entiende que el vecino estaba dispensado del pago de la misma”.

En este aspecto, señalaron que el intendente Guillermo Cavagnero, previo a la ordenanza que reguló el cobro, se reunió con los frentistas del barrio en la casa de la familia Pino y en compañía del por entonces funcionario del Ejecutivo Natalio Graglia “se comprometió a la realización de la obra sin costo para el vecino”, habida cuenta que se logró por un subsidio nacional que no debía devolverse.

El conflicto se suscita, particularmente, por el cobro de la obra. “Es sorprendente que luego de lo mencionado se nos intime al pago, en algunos casos telefónicamente, cuando se entiende que estamos frente a un tremendo error de procedimiento por parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Para los ciudadanos “queda claro que el cobro de ambas obras no se encuentra encuadrado en el marco legal que corresponde, puesto que no ha sido respaldado por una Audiencia Pública ni hubo llamado a licitación”, puntos que exige la Carta Orgánica Municipal.

En el escrito refieren al artículo 85 de ese cuerpo legal, que dice que el intendente, concejales, tribunos, empleados municipales y funcionarios responden con carácter “personal por los daños y perjuicios que causaren” cuando incurrieren “en transgresiones a la Constitución, leyes y ordenanzas” en el ejercicio de sus funciones.

Además, especificaron que el 2 de octubre de 2012 la Asamblea de Vecinos Autoconvocados ingresó al Concejo Deliberante actual un pedido de análisis sobre el tema, que no ha tenido respuesta.