Una pensión que duerme en el olvido

 

Estimados lectores, me dirijo a ustedes para contarles cual es nuestro problema.

Mi esposo se llama Francisco Héctor Moreyra y está enfermo desde hace más de dos años.

Al verse imposibilitado de trabajar, el 20 de marzo de 2013 solicitamos una pensión no contributiva por invalidez, presentando todo lo necesario para recibirla.

Desde esa fecha hasta hoy se han entregado muchas pero muchas ayudas, pero la de él no.

Una semana pregunto y me dicen que su expediente está en una oficina, al mes siguiente en otra oficina y treinta días después nuevamente la documentación cambió de lugar. Hasta el momento van 20 meses de esta situación.

Creo que son las “oficinas del olvido” porque desde allí el expediente nunca salió.

Yo, Ana María Rossi, soy la esposa y mientras pude sostuve la casa, además de los remedios que tiene de por vida.

Ustedes se preguntarán si los remedios se los darán. Les comento que algunos sí y otros no como un simple jarabe “Lactulon” que vale 100 pesos y le dura cinco días.

Hay que comprar el medicamento y no hay con qué adquirirlo. No tenemos una entrada de dinero, una pensión, un subsidio, además están los gastos fijos de una casa como luz, gas y otros.

Desgraciadamente tuve la mala suerte que trabajando me caí, me quebré una pierna y me disloqué una mano. En este momento me encuentro enyesada e imposibilitada para caminar y trabajar.

Desde hace un mes tenemos que esperar que mi madre, una simple pensionada, nos dé para un plato de comida o esperar que un hijo traiga el pan, otro el aceite u otra traiga un par de zapatillas porque al padre se le rompieron las  suyas.

Me pregunto por qué ¿es justo esto? Habiendo tanta gente que recibe las pensiones y nosotros no, personas que a veces se las dan y no la merecen.

¿Por qué? Si somos un matrimonio que hemos trabajado 37 años de nuestras vidas.

¿No tenemos derecho a vivir dignamente sin tener que estar pidiendo a uno u otro?

No queremos que nos tengan lástima, sólo queremos una pensión, un subsidio, una ayuda para poder vivir como una persona se lo merece, después de haber trabajado toda una vida. Gracias.

 

Francisco Moreyra

DNI: 11.257.771

Ana María Rossi

DNI: 13.726.046

 

 

¿Inflación legislativa y default judicial?

 

Cuando a nivel nacional ya superamos la cantidad de  27.000 leyes con más los tratados internacionales, sin contabilizar decretos, resoluciones, leyes provinciales,   ordenanzas municipales, declaraciones y tales, comprenderemos de qué se trata cuando hablamos de inflación legislativa nacional, provincial, comunal y municipal.

El Estado de derecho es una construcción político-jurídica en virtud de las leyes de un pueblo democrático y republicano, acepción que prevalece en la cultura jurídica en general porque la ley aún continúa siendo el parámetro teórico de comportamiento y convivencia en la sociedad civil. 

No obstante,  la legislación actual fue perdiendo su carácter, inherencias y connotaciones originarias por múltiples y diversos motivos, el primero de todos: “Es demasiada”, pero también, su inejecutoriedad no sólo cuestiona su propia eficacia sino que revela cierta “bancarrota judicial” ante anomia práctica´ya que, supuestamente, todo se rige y nos regimos por la ley, el derecho y la Justicia.

Tanto legalismo es así todo un laberinto que día a día agobia y sofoca más y más a la Justicia la que por su parte, está desbordada y en “default” no sólo por escasez presupuestaria y supercantidad de asuntos a resolver sino, también, por la modernidad y posmodernidad sin que se sepa de proyectos, programas o planes para reestructurar las leyes orgánicas e implementar un funcionamiento autónomo e independiente del Poder Judicial nacional, provincial y municipal, según los casos.

Concomitantemente, la ley y el derecho se distanciaron peligrosamente de ese ideal irrenunciable e innegociable que se extrae de una explicita e implícita relación necesaria con la naturaleza y la real realidad de todas las cosas. 

Y así como las fuentes del derecho eran: a) la ley natural; b) los principios de la razón; c) los usos y costumbres tradicionales/seculares, siempre en la perspectiva de que: “Una ley injusta no es ley"; hoy ineludiblemente debemos abrevar en otras fuentes y fenómenos como consigna la Comisión Redactora de la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación en sus fundamentos, doctrina y/o exposición de motivos respectivos. 

Entonces cómo no preguntarnos, ¿qué pasó con la ley y qué con el derecho y qué con la Justicia y, más profundamente, qué pasó con el hombre mismo;  sin envalentonar a sus verdugos?

Demasiados legisladores nacionales, provinciales y municipales, desdeñaron y desdeñan (cuando no, ignoran supinamente) la existencia -entre otros- de principios metodológicos, éticos, morales, equitativos, igualitarios, ecológicos, de experticia y pertinacia objetivos dependiendo en definitiva y totalmente, de sus asesores, técnicos y/o de las corporaciones políticas a las que están subordinados siempre en última instancia.

A propósito,  no será nada difícil de encontrar en Argentina, leyes que entran en conflicto con la propia legalidad y el trámite parlamentario, con la equidad, con la ética, con la ecuanimidad, con la igualdad, con la ecología y con la propia Constitución Nacional, (CN).

Adicionalmente y como pareciera que vivimos en el “reino del revés de la hermenéutica” en el cual, casi todas las interpretaciones judiciales son posibles gracias a la ignorancia, a los intereses, a las presiones, a los dislates y/o extralimitaciones judiciales que han puesto en un limbo peculiar tanto la inviolabilidad de la defensa en juicio como el debido proceso o el retardo inadmisible de justicia, esto es, todo un conjunto difuso y nebuloso que viene confirmando el reino de la chicana, del pleiteo o de la politiquería jurídica/judicial en el cual, obviamente, prevalecen los pícaros sobre los caballeros, en el marasmo de un elogio vernáculo de recesión jurisprudencial.

Preconclusivamente, así las cosas, tanto la imagen de la ley como la de la administración de justicia parecen diluirse en una subespecie de modernidad líquida (Z. Bauman),  fluida, ambigua, imprecisa e injusta en esto de dar a cada uno lo suyo.

De suyo, cualquier intumescencia legislativa e incapacidad de respuesta judicial, se explican, predicen y retroalimentan recíprocamente, perjudicando severamente a la ciudadanía y confirmando el devalúo/desagio del Estado de derecho y la institución del Poder Judicial.

 

Roberto F. Bertossi

Investigador del CIJS/UNC