Edgardo Garmendia asumió el martes la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Villa María y el jueves se hizo presente en una audiencia pública de la Legislatura provincial para elevar algunos reclamos.
Principalmente manifestó su intención de que los gremios tengan “poder de policía” a la hora de controlar el cumplimiento de las normas laborales, labrar actas, emplazar a las empresas para que acrediten el cumplimiento de las normas y, eventualmente, imponer sanciones derivadas de la detección de alguna infracción.
“De esta importante e indispensable tarea depende el control y erradicación, entre otros aspectos, del trabajo en negro. Nos preocupa el escaso interés demostrado por la provincia en materia de control laboral, traducido en escaso personal de inspección en el Ministerio de Trabajo de la provincia, así como falta de insumos, móviles y viáticos, entre otros aspectos”, justificó.
Al mismo tiempo aseguró que “ningún organismo tendrá una mejor y más acabada información de lo que pasa en cada empresa que la que tiene el respectivo sindicato, a través de los delegados gremiales, dirigentes de base y padrones de socios”.
“Esto no implicaría erogación alguna por parte del Gobierno provincial y significaría un avance cualitativo y cuantitativamente efectivo en la voluntad de control del régimen laboral, sólo quedando en manos del Ministerio la facultad sancionatoria”, remarcó en la sesión.
A la vez, Garmendia manifestó su preocupación por la escasa inversión prevista para el Ministerio de Trabajo para el año venidero. “Actualmente en la dependencia que funciona en Villa María hay sólo tres inspectores contratados para trabajar con más de 50 gremios locales que permanentemente solicitan asistencia”, ejemplificó.
Finalmente, el dirigente gremial expuso ante los legisladores que, en cuanto a la conformación de la planta de dicha cartera laboral en Villa María, “debemos recalcar la ambigüedad de contar con esos inspectores, de los cuales solamente dos son para gremiales y el restante para el control de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CYMAT), que desde hace más de ocho años están trabajando como contratados”.
“Solicitamos desde ya el pase a planta permanente de los mismos, siendo de gravedad institucional que el propio Ministerio cuente con trabajo precarizado en áreas tan sensibles como esta”, pidió Garmendia.
