Tres reconocidos dirigentes sindicales de nuestra ciudad se expresaron acerca de la reciente polémica suscitada sobre el derecho de sueldos y aguinaldos para personas privadas de su libertad.
Oscar Mengarelli (secretario adjunto de ATE provincial), Jesús Chirino (secretario general de UTEM) y Camilo Rodríguez (presidente del Centro de Jubilados Municipales de Córdoba) escribieron estas líneas.
“Ante los variopintos comentarios despertados por un fallo judicial sobre el derecho de los trabajadores a cobrar por su actividad, a la vez que acceder a los beneficios del aguinaldo y vacaciones anuales, nos vemos en la necesidad de expresar públicamente nuestra posición acerca del particular”.
“En primer término debemos señalar que en nuestra sociedad argentina tenemos un marco jurídico que establece los derechos y deberes que nos afectan. Lo básico de esto se encuentra en la Constitución Nacional y los tratados internacionales que firmamos como país. En el marco que establecen esas normas desde la Justicia se considera que todos los trabajadores tenemos derecho a cobrar por la actividad laboral que realizamos, y a la vez deja en claro que nos beneficia el principio constitucional que plantea igual remuneración por igual tarea. Esto no es algo que resista mucho análisis y difícilmente se encuentre oposición a lo mismo, salvo en algunos contados lugares donde el propio Estado no quiere respetar ese principio como es el caso del municipio de Villa María, donde la UTEM reclama que se modifique los normas locales que se oponen a este principio constitucional”.
“Ahora bien, si todos, ante igual tarea merecemos ser remunerados de igual manera: ¿por qué tanta oposición a ese principio cuando se trata de trabajadores privados de su libertad? ¿Acaso se considera que el trabajo esclavo es un método de reinserción social? ¿Alguien cree que maltratar los internos de una cárcel es pensar en los derechos de las víctimas? Quizás no se tiene en cuenta que en realidad muchas veces esos trabajadores hacen tareas para empresas privadas que se benefician por lo poco que pagan por el trabajo de las personas encarceladas”.
“Algunos medios banalizan la discusión y agitan elementos que no están en el fallo judicial. La cuestión es muy simple, todo trabajador tiene derechos, que la Justicia le quite la libertad no significa que deba ser sometido a la esclavitud. Que fuera de la cárcel existimos trabajadores que tenemos violados esos derechos también es cierto, pero no por ello debe plantearse la esclavitud para quienes trabajan dentro de una cárcel. Al contrario, parece que nadie se escandaliza por los beneficios que suelen tener las empresas que pagan dos mangos por los trabajos que le hacen los internos carcelarios. Incluso debe tenerse en cuenta que muchos de quienes están detrás de la cárcel son procesados, es decir gente que aún no ha recibido condena. Es más, también existe la realidad de los presos políticos. La posición del mencionado fallo acuerda con un histórico planteo de la CTA, muchas veces trabajado en nuestra central, incluso con los detenidos por la causa de la pueblada de Corral de Bustos, presos políticos alojados en la cárcel de Villa María”.
