El representante de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) en el Plan Fénix Córdoba, Darío Poncio, consideró que la cuota 51 -que reciben los contribuyentes que realizaron el pago de la cuota única de los impuestos, pero no adhirieron al cedulón digital- “es inconstitucional, polémica y discriminatoria”.
“La medida dispuesta por el Gobierno de Córdoba, a través de la Dirección de Rentas, genera polémica y es producto de la voracidad fiscal”, afirmó el contador; al tiempo que agregó que “aplicar retroactivamente una penalización, como la pérdida del 10% de descuento, es discriminatorio e inconstitucional”, al violar el principio de igualdad ante la ley contemplado en la Constitución Nacional.
Desigualdad
Respecto a la discriminación, consideró que la cuota 51 “está poniendo en un plano de desigualdad a quienes no tienen acceso a la tecnología de aquellos que sí lo tienen”. En ese sentido, afirmó que los más afectados son las personas mayores, gran parte de las cuales no manejan los medios electrónicos ni acceden a Internet, pero son las más cumplidoras. “Se comete una gran injusticia con sectores a los que dicen favorecer”, aseveró.
Asimismo, señaló que “no se pueden tocar derechos adquiridos” al indicar que los contribuyentes que abonaron la cuota única lo hicieron porque tenían el 30% de rebaja y el 10% adicional, y sostuvo que luego de la cancelación de los pagos se cambiaron las condiciones. “Quienes abonaron la cuota única no pueden perder el 10% que se ganaron en buena ley. La medida no puede ser retroactiva”, añadió el profesional, que representa a la Universidad Nacional de Villa María en el grupo de estudios y proyectos Plan Fénix Córdoba.
No obstante, dijo que “a futuro se puede discutir esta disposición para economizar recursos del Estado”, ya que se ahorran los costos de papel, impresión y reparto de los cedulones (en 2014 demandó más de $10 millones), pero insistió que la medida no puede ser aplicada de manera retroactiva.
Presupuesto
Poncio, quien además integra los equipos técnicos que acompañan al intendente Eduardo Accastello en su intención de candidatearse el año próximo para la Gobernación, sostuvo por otra parte que el Presupuesto 2015 -que se está tratando en la Legislatura y se aprobaría el miércoles próximo- tiene “tremendas injusticias”.
Específicamente, mencionó el incremento del “costo Córdoba”, el hecho de que se mantenga en 4% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos cuando en jurisdicciones vecinas -como Santa Fe- es del 3,5%; la Tasa Vial y la no actualización de la base imponible para las propiedades rurales.
“Las bases imponibles de las propiedades urbanas se ajustaron, pero no sucedió lo mismo con las rurales para que los productores no tengan que pagar Bienes Personales -que se abona a partir de $305.000”-, dijo el consultor de empresas.
Respecto de la Tasa Vial destacó como positivo que se haya logrado bajar los porcentajes de incremento para el año próximo, pero la sigue considerando “ilegal”.