Termina el 2014 y siempre es bueno realizar un balance de la economía de la provincia, que incluye la situación de las finanzas públicas de Córdoba.

El año no ha sido la excepción en cuanto a las acciones de los gobernadores de la Provincia, que desde el regreso de la democracia en 1983 se empeñan en definir políticas autónomas, que generalmente van en caminos opuestos a las políticas del Gobierno central y del resto de las provincias.

Esta pretendida insularización, que comenzó en la década del 80 con la “isla” de Angeloz y finaliza con el “cordobesismo” de De La Sota, que incluye además una permanente “victimización”, no ha tenido resultados exitosos, puesto que si comparamos la realidad actual de la provincia con otras provincias vecinas como Santa Fe, San Luis o Santiago del Estero, por mencionar algunas, se observa con claridad que la experiencia no ha sido positiva.

Las provincias mencionadas han tenido y tienen administraciones que pueden diferir políticamente del partido que ejerce el poder central, sin embargo, no ha sido impedimento para consensuar políticas que permitan poner a los habitantes de sus provincias por encima de los intereses personales de los dirigentes.

Los escasos resultados conseguidos en nuestra provincia quedan expuestos en la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, ya que de las cuatro primeras ciudades con mayor desocupación de Argentina se encuentra en primer lugar el Gran Córdoba, con el 11,6%, y en cuarto lugar, el Gran Río Cuarto, con el 8,7%.

 

Los tributos

En materia tributaria se observa que año tras año se consolide cada vez más la regresividad del sistema impositivo, que hace recaer cada vez con más fuerza el peso mayor en el pago de los tributos, en los sectores que menos tienen.

El sistema tributario de Córdoba cada vez depende más del Impuesto a los Ingresos Brutos; hace 15 años aproximadamente, de cada $100 que recaudaba la provincia por recursos propios, Ingresos Brutos, que es un impuesto regresivo y que se traslada en cascada al consumidor final, sumaba $56, mientras que el Inmobiliario Urbano y Rural, tributo progresivo por excelencia porque se paga en función de valor de las propiedades que denotan capacidad contributiva, recaudaba $28, o sea, una relación 2 a 1.

Hoy, de cada $100 que recauda Córdoba, Ingresos Brutos aporta $80 y el Inmobiliario Urbano y Rural solamente $8, o sea, una relación de 10 a 1, con el agravante de que el Impuesto de Sellos en la actualidad recauda más que la suma del Inmobiliario Urbano y Rural.

La cada vez menor importancia del Inmobiliario en el total de los ingresos por recaudación propia es explicada por la gran caída en la recaudación del Inmobiliario Rural, por el hecho que desde el año 1994 no se convoca a los jury que tasan a los campos en función del valor productivo de los mismos.

Y es precisamente en estos últimos 20 años donde la siembra directa y la semilla transgénica han producido un salto tecnológico que le ha permitido a la mayoría de los campos incrementar notablemente su valor productivo y algunos en particular (desde la zona de Jesús María al norte de la provincia) que tenían escasas o nulas posibilidades productivas hoy son productoras de soja y otros cultivos, lo que en muchos casos multiplica geométricamente su valor productivo y, lógicamente, su valor de mercado.

Esta decisión de congelar la base imponible de las más de 200 mil propiedades rurales de la provincia, lo que en algunos casos llega a tener valores irrisorios si se lo compara con el valor real, tiene el objeto indirecto y muy discutible de que los productores no sean contribuyentes del Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación y luego coparticipa con las provincias.

Ello constituye una tremenda inequidad entre productores agrícolas propietarios de tierras con un alto valor de mercado (un campo de 100 hectáreas en la zona denominada “núcleo” tiene un valor de mercado de alrededor de 15 mil dólares, a un tipo de cambio de $8,50 representan 13,5 millones), que no lo pagan mientras otros contribuyentes que tienen propiedades urbanas o automóviles tasados a valores reales, pero muy inferiores en valor a los campos, son alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales.

El argumento discutible del Gobierno provincial es que el productor paga otros fondos específicos y tasas (canaleros, consorcios, infraestructura) que de alguna manera compensan lo que dejan de pagar como Impuesto Inmobiliario Rural.

El tema es que estos fondos tienen dos características: una es que la Provincia se los cobra, pero se los devuelve directamente en obras como caminos, canales, etcétera.

Y lo más importante es que estos fondos y tasas, al no ser coparticipables, terminan desfinanciando los municipios.

En cuanto a Ingresos Brutos, la cada vez mayor importancia del impuesto en los ingresos propios está dada por el permanente incremento de las alícuotas y ampliación de las bases imponibles; ello pone a nuestros sectores productivos en inferioridad de condiciones respecto a contribuyentes de las provincias vecinas.

 

Comparando

Si comparamos nuestra situación con algunas de esas provincias vemos, de acuerdo a un informe de la Coordinadora de Actividades Mercantiles (CAME), que tenemos mayores alícuotas que el resto.

En el caso de Santa Fe tiene una alícuota general de Ingresos Brutos del 3,6%; San Luis, del 3,5%; las provincias de Catamarca, San Juan y San Luis cobran una alícuota del 3% y por último la Rioja y La Pampa, una alícuota del 2,5%, mientras que en Córdoba se paga el 4%.

Si analizamos las alícuotas especiales, siguen las diferencias: en cuanto a la Construcción, en el caso de la Provincia de Santa Fe cobra una alícuota del 3%, al igual que San Juan y Santiago del Estero; en el caso de La Pampa, Catamarca y La Rioja cobran una alícuota del 2,5% y en Córdoba se cobra la alícuota del 4%.

En cuanto a la Industria, en el caso de quienes integramos la Región Centro, la Provincia de Entre Ríos ha declarado según la Ley 10.323 la actividad de la Industria como exenta, mientras que Santa Fe al igual que Córdoba cobra el 0,5% de alícuota, con la diferencia de que Santa Fe lo hace cuando la facturación anual de las industrias supera los 80 millones de pesos, mientras que Córdoba lo hace cuando supera los 36 millones de pesos (según el presupuesto aprobado para el 2015, es 46,8 millones).