El fiscal Anticorrupción de la Provincia, Gustavo Hidalgo, solicitó ayer que se lleve adelante una investigación contra el juez de Ejecución Penal de Villa María, Arturo Ferreyra, por no haber controlado -supuestamente- las condiciones de alojamiento de internos judicializados que están en el pabellón psiquiátrico del Hospital Regional José Domingo Ceballos, de Bell Ville.

“He solicitado un requerimiento a los fines de que se investigue la supuesta responsabilidad del juez de Ejecución de Villa María por el estado de las personas judicializadas que se encontraban en el hospital”, aseguró Hidalgo en declaraciones a los medios de prensa de la ciudad de Córdoba.

El funcionario efectuó el pedido por la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de Ferreyra, a la jueza de Control en lo Penal y Económico de la capital provincial, Ana María Lucero Offredi.

En virtud de las normas procesales vigentes en Córdoba, la investigación contra los magistrados y funcionarios que gozan de prerrogativas constitucionales debe ser llevada adelante por un juez (no por un fiscal) que, llegado el caso, si considera que hay elementos para sustanciar un juicio penal, debe pedir a la Legislatura que, previamente, destituya al magistrado.

 

No está imputado

 

Al respecto, Hidalgo explicó que “el requerimiento efectuado (en relación con Ferreyra) no implica una imputación, porque no tengo facultades para imputar, pero sí para decirle a la jueza que hay suficientes elementos para que se investigue” su proceder.

El hecho por el que el fiscal Anticorrupción efectuó el pedido se remonta a abril del año pasado, cuando legisladores de la oposición denunciaron las malas condiciones de las personas alojadas en el pabellón psiquiátrico del Hospital Regional de Bell Ville.

Aunque se desempeña en Villa María, el juez Ferreyra también tiene competencia en la ciudad cabecera del Departamento Unión, en materia de control de ejecución de las medidas dispuestas para personas en conflicto con la ley penal que, por sus condiciones de salud, debieron ser alojadas en el pabellón psiquiátrico del nosocomio bellvillense.

En abril de 2013, la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social) había denunciado ante la Justicia a funcionarios provinciales por el estado de desamparo “moral y material” de personas internadas en el pabellón psiquiátrico en el Hospital de Bell Ville.

 

Otros denunciados

 

La denuncia involucraba también al gobernador José Manuel de la Sota; al director de Salud Mental de la Provincia, Osvaldo Navarro; al por entonces ministro de Salud, Carlos Simón, “y a todo funcionario con grado de responsabilidad”, según precisó, en su momento, el abogado Carlos Nayi, asistente letrado de la legisladora.

“El juez de Ejecución Penal (de Villa María) tiene a su cargo pacientes judicializados. Por ende, tiene que velar por la integridad psíquica y física de las personas y verificar que el lugar de alojamiento sea adecuado. Los pacientes estaban encerrados en lugares malolientes, algunos atados”, afirmó Nayi.

En un reciente informe, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) planteó como situaciones de violencia institucional las “malas condiciones en que se encuentran alojadas las personas en situación de encierro” y criticó “la persistencia de salas de aislamiento tanto en las cárceles como en los hospitales psiquiátricos”.

El Hospital José Domingo Ceballos ocupa un predio de 20 hectáreas, su edificio fue construido en 1911 y dispone de tres pabellones psiquiátricos, que conforman la denominada “Colonia Alborada”, que cuenta con 250 internos.