Nacido en Oliva y criado en Villa María y Villa Nueva, el fiscal Antilavado de la Nación, Carlos Gonella, se encuentra en boca de la opinión pública argentina por haber sido imputado recientemente en dos causas, de cuestiones muy diferentes entre sí. Por un lado, el juez Claudio Bonadío lo acusó por “violación de secretos” por haber difundido que se investiga a la jueza María Gabriela Lanz, cuyo compañero ha sido condenado por narcotráfico. Por el otro, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le endilgó el delito de prevaricato, al no impulsar -presuntamente- la investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero.

Amable y predispuesto a responder todas las preguntas, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aseguró a EL DIARIO que no tiene ningún tipo de condicionamientos para investigar a personas ligadas al Gobierno de la Nación, reiteró que nunca dio órdenes de apartar a Báez de la pesquisa por lavado de dinero y dijo que la causa penal por violación de secretos “tiene todas las características de ser armada”.

 

 “La jueza María Gabriela Lanz fue denunciada por la Procuraduría como sospechosa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, teniendo en cuenta que su novio, Valentín Coto, es un empresario español condenado en diciembre de 2013 a 20 años de prisión. Tras la condena, el sistema de prevención antilavado nos remitió a la Procuraduría información sobre movimientos de fondos de parte del empresario condenado y de un entorno comercial y parental cercano. En esa denuncia se la menciona. Nosotros presentamos un caso de lavado de dinero que prosperó en la Justicia, se le dio trámite, la jueza está siendo investigada y como esa información, de acuerdo al Ministerio Público, es relevante, fue difundida en la página web oficial. En este contexto, se me atribuye haber linkeado desde mi cuenta de Twitter oficial esa información que ya era pública y por eso se me imputa violación de secretos y abuso de autoridad”, repasó.

-¿Por qué se la investiga a la jueza Lanz?

-Una pauta básica en una causa de lavado es que cuando hay un sospechoso fuerte las primeras líneas de investigación tienen que orientarse a él y a su entorno cercano, porque es común la utilización de testaferros. Por eso, la acusación contra la jueza no es por su vínculo amoroso sino por ser una persona del entorno.

La violación de secretos es un disparate. No sólo la Constitución Nacional habla de la publicidad de actos de gobierno sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el proceso penal debe ser público. Esto se trata de libertad de expresión e información. Así como se difundió este caso se difunden todos los demás en la página web.

 - ¿Hay antecedentes de acusaciones similares por informar?

-No, no. Por eso digo que esto tiene todas las características de una causa armada y por eso estamos avanzando en algunas pistas para que en caso de que se corrobore hacer la denuncia correspondiente. Esta denuncia hacia fiscales que investigan lavado y son imputados por informar debería haber sido desestimada sin más trámite, pero como prosperó sospechamos de la actuación del juez Bonadío y por eso empezamos a cuestionar su rol como juez, porque no nos ofrecía ninguna garantía. Por eso no me presenté a indagatoria, porque los cuestionamientos que hicimos están pendientes de resolución. Es un disparate que me declare en rebeldía, porque una persona que es rebelde se sustrae de la Justicia, se oculta, y no es mi caso. La declaración de rebeldía es infundada y la apelamos y la de la restricción de salir del país también, es arbitraria e ilegal, porque como tengo fueros no nos pueden restringir la libertad de ninguna manera hasta tanto no se efectivice el procedimiento destinado a quitármelos, lo que fue rechazado por la procuradora. 

-Pero la Cámara Federal porteña avaló el llamado suyo a indagatoria impulsado por Bonadío

-La misma sala de esa Cámara, en otros casos resonantes como el de AMIA y Guillermo Moreno, por el mismo tipo de irregularidades por parte de Bonadío lo apartó y declaró la nulidad de las actuaciones. En este caso no lo han hecho, entonces tenemos que hacer un análisis más profundo del estado actual de debate por el que atraviesa la Justicia, como de estos cuestionamientos que se le hacen a la procuradora General, estos allanamientos carentes de fundamentos de los que fue objeto la Procuración, algo nunca visto en la historia, con causas armadas sin ningún sustento de que alimentaran la sospecha de que se haya cometido un delito. No se puede escapar del análisis el por qué un sector de la Justicia acciona como Bonadío y la Cámara Federal confirma esa tropelía.

 

El caso Báez

Por otra parte, sobre el otro caso que lo colocó en tela de juicio, especificó: “Tuve la investigación en la Procelac dos días cuando explotó el caso en los medios de comunicación. No se excluyó a Báez y lo dicen los cuatro secretarios de la Fiscalía de Marijuan (que es la que investiga) cuyos testimonios, que reflejan que no recibieron ordenes de mi parte de excluir a nadie, no han sido analizados por el juez Martínez. Cuando se determinó el juez de la causa, nosotros remitimos la información que se recolectó en dos días, la que alimentaba sospechas de manejo de dinero ilícito por parte de Elaskar y Fariña. Por eso nuestra posición fue iniciar -en el marco de la colaboración con el fiscal que actuaba en ese momento, Ramiro González- una investigación por los hechos ventilados en el programa de Lanata, sosteniendo que había elementos para pedir la indagatoria de ellos dos pero que eso no implicaba restringir la investigación ni excluir a nadie. Báez no estaba acusado, entonces no se puede excluir a quien no estaba acusado. Se apuntaba hacia Elaskar y Fariña y que después vengan todas las personas cuyas responsabilidades surjan del desarrollo de la investigación. Eso está expresado en el requerimiento o acusación que presentó el fiscal González con nuestra asistencia técnica. Yo no tengo facultades para firmar un requerimiento de instrucción sin que haya un fiscal, que fue González. En mi procesamiento, el juez Martínez ignora las palabras del propio fiscal González cuando a tres o cuatro días de estos hechos le manda una nota oficial a la procuradora diciendo que cuando firmó la primera acusación no recibió presiones de nadie, ni de Procelac ni de mi parte ni de nadie”.