Dos psicólogas que son referentes en la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, Jacinta Burijovich y la villamariense exalumna del ISBR Cecilia Berra, fueron trasladadas por el Gobierno provincial a dos dispensarios de la capital cordobesa, tras décadas de labor en el Hospital Neuropsiquiátrico.

La decisión les fue notificada -sin ninguna aclaración previa- en el último día de trabajo de 2014, en presunta represalia por los resultados de sus trabajos de investigación, muchos de los cuales permitían conocer a ciencia cierta el estado de cosas en la especialidad, dentro de la provincia de Córdoba.

Burijovich es jefa de sección de Investigación Sanitaria y Epidemiológica del “Neuro”, tiene 30 años de trayectoria, 20 en ese centro de salud. Berra tiene un cargo operativo en ese instituto desde hace 15 años.

Ambas profesionales participaron activamente en el reclamo y la posterior redacción de la Ley Provincial de Salud Mental (9.848), así como de los informes periódicos que bregan por el cumplimiento de esa norma y de la Ley Nacional 26.657, que plantean un trato distinto a los pacientes y condiciones acordes a requisitos básicos para respetar sus derechos.

El último informe se presentó a comienzos de diciembre, cuando el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) planteó como situaciones de violencia institucional las “malas condiciones en que se encuentran alojadas las personas en situación de encierro” y criticó “la persistencia de salas de aislamiento en las cárceles y en psiquiátricos”.

Las dos profesionales presentarán un recurso administrativo ya que están seguras de que se trata de una decisión arbitraria, motivada por su participación en los informes críticos hacia la política de salud mental en Córdoba.

“Suponemos que tiene que ver con lo que veníamos denunciando, porque nunca tuvimos ni un apercibimiento ni nada raro en nuestros legajos. Nos mandaron a firmar esa notificación sin justificación ni previo aviso”, señaló Burijovich, conminada a presentarse en el centro de salud 58, de barrio Maldonado, “bajo apercibimiento de ley”. La misma nota recibió Berra, pero para cumplir funciones en el dispensario de barrio Pueyrredón. En ambas instituciones se realiza atención primaria de la salud.