La agrupación política y social Unidos y Organizados de Córdoba (UYO) expresó ayer su “enérgico repudio” al nuevo acto de “abuso de poder” del Gobierno de José Manuel de la Sota, por la decisión de “trasladar compulsivamente” a dos profesionales del área de Salud Mental y referentes de los derechos humanos.
Ese sector del kirchnerismo cordobés resaltó que las profesionales psicólogas trasladadas, la villamariense Cecilia Berra (exalumna del instituto Rivadavia) y Jacinta Burijovich, tienen una “amplia trayectoria y gran compromiso con los derechos humanos”, y entiende que la maniobra de traslado tiene que ver con la “valentía” que las caracteriza en el reclamo por la vigencia plena y efectiva de la Ley Provincial 9.848 y la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental.
Ambas profesionales se desempeñaban, hace 20 años, en el Hospital Neuropsiquiátrico provincial y en los últimos días fueron notificadas del pase a comisión a dispensarios de los barrios Maldonado y Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.
“El castigo al que son sometidas estas trabajadoras por realizar un análisis crítico de la situación de la salud mental y los Derechos Humanos en nuestra provincia, a partir de su práctica profesional, consideramos que forma parte de la violación de derechos padecida diariamente por los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba”, sostienen desde UYO.
Asimismo, añaden que la situación “es peor para quienes viven en un estado de vulnerabilidad, como el caso de los que padecen detenciones arbitrarias, jóvenes víctimas del Código de Faltas; o la existencia de celdas de aislamiento tanto en cárceles como en los neuropsiquiátricos”.
“Ante esta nueva arbitrariedad, exigimos al Gobierno de Córdoba la inmediata restitución de estas trabajadoras a sus puestos y la implementación en pleno de la Ley de Salud Mental, con el consiguiente cambio de prácticas, para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos de los trabajadores y de los ciudadanos con padecimiento mental”, reclaman desde Unidos y Organizados.
Mientras tanto, una asamblea que se realizó ayer en el Hospital Neuropsiquiátrico, con la participación de trabajadores, colegios profesionales, organizaciones gremiales y sociales, se resolvió exigir que se dé marcha atrás con los traslados.
La polémica se encendió porque las dos psicólogas denunciaron que el traslado compulsivo responde a represalias laborales por participar de la redacción de los informes denominados “Mirar tras los muros”, en los cuales se evidencian los incumplimientos del Ejecutivo respecto a lo estipulado en la Ley 9.848.
Buscan una salida
En tanto, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) se reunió con el director de Salud Mental de la Provincia, Osvaldo Navarro, para buscar encontrar una salida al conflicto.
Jorge Cáceres, presidente del CPPC, señaló que el primer reclamo ante las autoridades provinciales fue la solicitud “de dar marcha atrás con el traslado compulsivo”.
“Estamos estudiando los canales administrativos y luego políticos en relación a lo que decidan los colegas y el resto de los compañeros”, expresó el titular de la institución profesional que reúne a los psicólogos.
Sobre el espacio de diálogo con el área de Salud Mental, Cáceres indicó que las psicólogas se reunirán con las autoridades provinciales, con el acompañamiento y como garantes del encuentro a los miembros del Colegio de Psicólogos. “Buscamos que se respeten los derechos de las colegas”, reclamó.
Navarro lo justificó
En cambio, Navarro justificó ayer el traslado de las dos profesionales a diferentes dispensarios de la capital provincial: “Procedimos a reubicarlas en un lugar donde necesitábamos que trabajaran. Esto generó la polémica y son ellas las que han politizado la cuestión, cuando no tiene nada que ver con política”.
