Los concejales de la Unión Cívica Radical, Nora Landart y Carlos Gagliano, le remitieron al intendente Eduardo Accastello un pedido “con carácter de urgente despacho” para que se les remita la información referida a la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros, Sociedad del Estado (Emtupse). 

La demanda de los ediles al jefe comunal se repite después de que dicha documentación fuera solicitada hace más de dos años y a la fecha aún no han tenido respuesta.

“Hace de septiembre de 2012, a partir de que se denuncia una falsa cesión de lotes ferroviarios, que desde el bloque comenzamos a investigar qué fue lo que había ocurrido con esta cesión que se había hecho a la Emtupse, atento a que en esta sociedad de economía mixta el principal accionista es el Estado municipal”, explicó Landart.

“Existía una denuncia hecha por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) en Río Cuarto y Río Tercero, que hizo pública La Voz del Interior, en la que se desmentía la cesión gratuita de terrenos ferroviarios, además, el escribano que figuraba como firmante de esas escrituras de cesión gratuita, Alejandro Bertomeu, de Capital Federal, desconoció su firma, diciendo que era apócrifa”, recordó la edil.

“Por eso nos dirigimos al intendente (Eduardo Accastello) solicitando que se nos especificara si la escritura pública con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante la cual la ADIF le transfirió definitivamente y a título gratuito 5.000 metros cuadrados del expredio ferroviario donde actualmente funciona el Centro de Transferencia, era correcta”, afirmó.

“Le preguntamos si la cesión se había dado en condiciones regulares, si no se encontraba en la misma situación que las denunciadas. En esa oportunidad también le preguntamos por el bar y la playa de estacionamiento que funcionan en el lugar, que no podían ser concesionados a terceros, algo que se resolvió. También le pedimos que acompañara con la constancia de inscripción ante el Registro General de la Propiedad de Córdoba. En aquel momento se presentó informalmente el presidente de la Emtupse, José Fernández, a responder nuestra requisitoria y nos dijo que estaban corroborando que las firmas estuviesen en regla, que no fuese otra falsa cesión”, reveló Landart.

“En aquel momento la ADIF, que dependía del Ministerio del Interior, estaba transfiriéndose a la órbita de la Jefatura de Gabinete y argumentaron que la respuesta se demoraba por ese motivo. Pero las autoridades de la Emtupse, hasta el día de la fecha no le respondieron al bloque en relación a este requerimiento, por lo tanto, nuevamente, por nota al intendente le solicitamos que con carácter de urgente nos remita la información que le pedimos hacia fines de 2012, hace más de dos años”, remarcó Landart.

“Lo hacemos porque durante 2014, en cada oportunidad en la que lo vi a Fernández en el recinto le pregunté informalmente y siempre me respondió que la estaban esperando y que creía que estaba todo en regla”, sostuvo la edil. 

“Iniciado el 2015 creo que ya se han cumplido todos los plazos aceptables”, sentenció.

 

Plazos incumplidos

Según la edil radical la reiteración del pedido fue determinada, además, por el hecho de haber solicitado los balances y no encontrarlos.

“Como no encontramos los balances, nos dirigimos a la Dirección de Personería Jurídica. El 21 de octubre de 2014 elevamos una nota solicitando copias de actas de asambleas que aprobaron los balances 2012 y 2013, más los informes del síndico de los balances de los ejercicios 2012 y 2013”, precisó Landart.

“El Estado provincial tuvo una pronta respuesta y la Inspección de Personas Jurídicas nos remitió la documentación el 21 de noviembre pasado. Ese día nos envió copias de lo que tenía en el expediente, que era de los ejercicios 2011 y 2012, pero nos informó que de 2013 no tiene documentación presentada”, indicó la edil.

“Lo llamativo es que el Emtupse presentó los balances el 24 de octubre pasado, tres días después de que nosotros eleváramos el pedido”, agregó.   

“Así fue como detectamos el incumplimiento del plazo legal para el tratamiento de los balances, porque sus balances cierran el 31 de diciembre y tiene tiempo hasta el 30 de abril del año siguiente para realizar las asambleas. La asamblea del ejercicio 2011 fue realizada el 5 de septiembre de 2012, más de cuatro meses después del plazo legal y la del ejercicio 2012 se realizó el 23 de diciembre de 2013, más de siete meses después. La correspondiente al año 2013, hasta el 21 de noviembre de 2014 no había sido presentada a la Dirección de Sociedades Jurídicas”, puntualizó.

“Además se incumple con los plazos legales para presentar la documentación de las asambleas en la Inspección de Sociedades Jurídicas, que debe hacerlo en mayo”, añadió.

“Del balance del ejercicio 2012 surge un patrimonio neto negativo de 103.798 pesos, la asamblea que trató este balance debería haber dispuesto la liquidación del Emtupse por el incumplimiento del artículo 206 de la Ley de Sociedades, que dice que si hay un patrimonio neto negativo hay que aportar dinero o liquidar, no se puede permanecer con ese patrimonio negativo”, aseguró.

Finalmente aclaró que “la Inspección de Personas Jurídicas  podría aplicar la sanción prevista en el inc. H) del art. 6 de la Ley provincial 8.652, declarando irregular e ineficaz a los efectos administrativos el acto asambleario que aprueba los balances, en violación al artículo 206, amén de otras sanciones establecidas en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Comerciales, y del 13 y 14 de la Ley 8.652”.