Los concejales de la UCR, Nora Landart y Carlos Gagliano, presentaron un informe reflejando la actividad del bloque durante el año que finalizó.

“Fue un año marcado por el deterioro en la calidad institucional y la oficialización de la desviación a los controles establecidos por la Carta Orgánica Municipal (COM). Damos cuentas del imperativo ético que convocan las circunstancias, que no es más que la de presentar la otra cara de los hechos, en la construcción de la verdad y en la defensa irrestricta de la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, señalaron los ediles en su documento, antes de detallar los ejes principales de labor.

“Ni dos muertes en seis meses lograron que los funcionarios públicos responsables de las áreas involucradas en lo ocurrido cumplieran con las obligaciones establecidas en la máxima ley que rige en la ciudad, la COM, que en su artículo 106 establece el acceso a la información por parte de los concejales, informes que la Adminitración municipal está obligada a suministrar pues se considera falta grave la negativa a darlos”, puntualizaron los ediles al referirse a los dos acontecimientos acaecidos en el Hogar de la Sana Estadía Roberto Velo de Ipola, que derivaron en la muerte de dos personas.

En este punto, recordaron que desde el bloque solicitaron un pedido de informe a la presidenta del Consejo Municipal de Salud, Mildren del Sueldo, por el siniestro ocurrido el 28 de diciembre de 2013 que derivó en el fallecimiento de Roberto López, que no fue contestado. A la vez, aclararon que al sancionar el Presupuesto 2014, expresaron como uno de sus argumentos de oposición la insuficiente partida presupuestaria asignada al Hogar de Ancianos, el 0,78% de la partida general.

“Conjuntamente con el Partido Villamariense, frente a la segunda muerte, el 18 de julio de 2014 se presentó un proyecto de resolución convocando a Del Sueldo al recinto a brindar la información correspondiente. Informalmente, la funcionaria se presentó sin documentación respaldatoria ni respondió acabadamente las preguntas. El 25 de julio concurrimos a Tribunales a consultar sobre las investigaciones que se  labran  en las fiscalías intervinientes. Sin respuestas hasta el 12 de noviembre, y ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, se realizó la presentación de un pedido de investigación ante la Fiscalía de Del Vö, sin novedades hasta hoy”, enumeraron los ediles.

 

Tributos y Seguridad Vial

“Nos opusimos al incremento de la presión impositiva, atendiendo a las estimaciones realizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ponían en evidencia que Villa María es una de la ciudades más caras de la provincia para vivir”, precisaron los ediles en su resumen.

“Por la composición de los ingresos por multas, propusimos la reducción del valor de la Unidad de Multa (UM) a un 70%, como así también la cantidad de UM a aplicar a quien viole las normas de estacionamiento medido, principal causa de infracciones labradas, lo que evidencia la orientación recaudatoria de las políticas de seguridad vial, ya que dichas faltas, no influyen en la determinación de los accidentes”, indicaron, a la vez que remarcaron que la iniciativa derivó en la aprobación de una ordenanza “que benefició a quienes pueden afrontar  al pago voluntario y a quienes conducen sin casco, impulsada por el oficialismo”.

“Denunciamos los excesos e incumplimientos de la Federación Mercantil en complicidad con el Gobierno municipal. Propusimos la estatización del estacionamiento medido, para que los recursos que se recauden se destinen a políticas públicas y no al bolsillo de particulares”, remarcaron.

“Insistimos con el tratamiento del proyecto para la construcción de una tabla polinómica, que permita elaborar una tarifa justa para los taxis, defendimos el trabajo decente para los peones de taxi y no acompañamos el último incremento por considerar que superaba los ajustes recibidos por el conjunto de la población en sus ingresos”, destacaron.

Sustancias adictivas

Además, los ediles aseguraron que efectuaron reclamos de tratamiento legislativo de proyectos presentados por el bloque,  orientados a la asistencia de víctimas de violencia y consumo de sustancias adictivas, entre otros.

“Denunciamos y reclamamos un involucramiento mayor del Estado municipal por el incremento del consumo e inicio a menor edad de niños y jóvenes en las sustancias adictivas, manifestado por quienes trabajan en la asistencia y rehabilitación de esta problemática”, sostuvieron los ediles.   

El informe da cuenta que en “defensa de los mecanismos de control del manejo de recursos públicos” acompañaron y trabajaron coordinadamente con el Tribunal de Cuentas. 

Aclararon que no acompañaron presupuestos ni iniciativas que no garantizaran “el manejo y la rendición de los recursos públicos con la debida transparencia”, a la vez que denunciaron “el atropello a las instituciones y la baja calidad institucional cada vez que se remitían para la aprobación proyectos media hora antes de la sesión, o cuando se enviaba documentación incompleta para su estudio, o en momentos en que se delegaban funciones al Ejecutivo que son competencia de otros órganos del Estado”.

“Nos negamos a ratificar convenios que involucraban  sumas millonarias, tales como  14 ó 19 millones de pesos del Parque Industrial 2, ingresado  el mismo día, media hora antes de la sesión”, completaron.

Por otra parte recordaron que no acompañaron el proyecto de antenas por “la deficiente capacidad de control del Gobierno municipal, el reducido tiempo faltante para que se expida la Organización Mundial de la Salud (en 2016)”.

 

Slots y publicidad

“Denunciamos la precarización de los trabajadores municipales”, afirmaron.

“Rechazamos los Slots, porque la timba local que ha promovido este Gobierno creció de 5,2 a 8 millones por mes en los tres últimos años, y solicitamos que se reabra el debate para regular el actual horario de funcionamiento, algo que fue desestimado por el bloque de la mayoría”, remarcaron.

“Rechazamos el pago a TransBus por publicidad institucional, que se presume tiene un alcance electoralista, como quedó demostrado en el año 2013; como así también el excesivo gasto por parte del intendente en publicidad y propaganda, que según lo ejecutado hasta septiembre de 2014, superaba los 3.632.000 pesos”, destacaron finalmente.