La legisladora provincial del Frente Cívico, Liliana Montero, contó ayer a EL DIARIO que en la tercera y última visita realizada al Complejo Esperanza de la capital cordobesa constató que no se habían cumplimentado algunos puntos que había ordenado la Justicia para la mejora de la calidad de vida y atención en ese instituto de menores.

A ese establecimiento fue enviado el adolescente villamariense de 16 años Joel Solá, quien murió en noviembre pasado en confusas circunstancias que están siendo investigadas por el fiscal Rubén Caro.   Luego de su detención en el centro de Villa María, acusado de intentar robar en el interior de un automóvil, el chico fue trasladado de un lado a otro y terminó falleciendo en la capital provincial. La jueza Cecilia Fernández lo había enviado al citado y cuestionado complejo. Según dijo la magistrada a este medio días después del deceso, no ordenó su internación allí sino que en ese lugar iba a ser examinado por especialistas que iban a determinar su destino.

De acuerdo a la autopsia, el pibe sufrió, entre otras cuestiones, estrés. Y el propio chico había expuesto que en Esperanza había sufrido abusos sexuales en una anterior ocasión.

 

Siguen en falta

La legisladora del Frente Cívico había presentado un hábeas corpus correctivo y colectivo y viene interiorizándose por la situación del instituto desde hace mucho tiempo.

Al 12 de noviembre, cuando se registró la dudosa muerte de Joel, Montero ya llevaba dos visitas en el complejo, luego de las cuales denunció las malas condiciones del establecimiento. Días después de este deceso, el 19 de noviembre, ingresó nuevamente. Precisamente sobre las conclusiones de la misma la consultó este medio en la víspera.

“Tras recorrer el lugar hemos presentado un nuevo escrito ante el juez González del Solar”, anticipó.

El documento es firmado también por los legisladores Roberto Birri, Edgar Santiago Clavijo y Marta Juárez, por la participación acordada en el hábeas corpus a favor de jóvenes internados en el complejo, que el juez González del Solar dio lugar el 28 de abril del año pasado y que desencadenó una orden a la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia de Córdoba (Senaf)  para que en diez días presentara un cronograma de trabajos, mantenimiento y refacción de los institutos y dependencias integrantes de ese establecimiento.

El magistrado también había dado un plazo de 60 días para que se dictara un reglamento de convivencia y estableció que en el término de un año debían incorporarse profesionales o técnicos en educación social.

“Transcurrido más de seis meses de dicha resolución y habiéndose efectuado tres inspecciones oculares, se advierte un cumplimiento parcial e insuficiente de la misma”, denunciaron los legisladores a fines del año pasado, hecho revelado ayer.

Por eso, le pidieron al juez que intime a la Senaf y al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que en 30 días proceda a concluir con las obras ordenadas.

Además, Montero aclaró que no consta la existencia del Reglamento de Convivencia, que sí habían presentado en el expediente.

Los legisladores también solicitaron que el juez le pida a la provincia la identidad de los técnicos que se desempeñarán en educación social y en caso de no haber incorporado estos especialistas se brinden las razones por las cuales esto no ha ocurrido.