Sobre el abolicionismo y la prostitución

La Ley Provincial Nº 10.060 retoma y perfecciona la Ley Nacional Nº 12.331, plenamente vigente en todo el país y que prohíbe la existencia de burdeles, bajo cualquier denominación. Ambas están acordes con las normas internacionales que la Argentina ha firmado pertenecientes al ámbito de la Constitución Nacional.
Ejercer la prostitución en un lugar ilegal la coloca inmediatamente en la clandestinidad, no es la Ley Nº 10.060 la responsable de esto. Sostener que los prostíbulos son lugares de protección ante el riesgo, la violencia y la arbitrariedad es tergiversar la verdad. Es no considerar la existencia de los proxenetas y los tratantes.
Decir que el abolicionismo es una “perspectiva” de la Iglesia Católica es desconocer la historia de esta concepción de la vida y las relaciones humanas. Como símbolo del abolicionismo moderno podemos hablar de Josephine Elizabeth Grey, una inglesa nacida en 1828 y que murió en 1906, mucho antes de que la Iglesia Católica se dedicara a esta temática.
Surge desde el más profundo feminismo, con raíces libertarias y socialistas, en defensa de la dignidad de las mujeres y luchando por su inclusión en la vida política y social, entre otras, la despenalización del aborto, o sea, en una vereda muy diferente a la de la Iglesia Católica.
Actualmente partidos de clara postura de izquierda, de corte materialista y ateo, se han declarado abolicionistas, lo que poco encaja con que la abolicionista sea una “perspectiva” de la Iglesia Católica.
Valorar los dichos de una persona u organización por su creencia religiosa, como mínimo, es discriminación y nos lleva a un camino peligroso del que tenemos claras referencias con lo que actualmente sucede en Europa.
Que organizaciones o personas religiosas, partidarias o de cualquier otra índole declaren su postura abolicionista no las convierte en dueñas de este ideario ni obliga a todas las demás.
Nuestra “perspectiva” está fundada en los derechos humanos, en las declaraciones de Naciones Unidas respecto al tema.
Coincido en que hablar de prostitución es hacerlo de un tema complejo y no vale reducirlo tampoco, como lo hace el reglamentarismo, a una elección personal. No es cuestión de desconocer la libertad de cada persona, tampoco es dejar a un costado los condicionantes sociales. Dejar todo fundado en el libre albedrío y desconocer lo histórico social es apelar a una visión conservadora de lo humano.
Es la ideología neoliberal la que impone el concepto de un individuo separado, capaz de decidir en base a sí mismo y con independencia de sus condiciones materiales, un individuo que se desarrollaría en un mercado y en función de éste, desaparecida la persona para dar lugar al productor-consumidor, en el que todo es mercadería, aun el cuerpo, que pasa a ser una máquina capaz de producir ganancia a un sujeto que se hallaría separado y cómodamente sentado en algún lugar del cerebro.
Reducir el tema de las relaciones humanas a “con mi cuerpo hago lo que quiero”, “es mi decisión”, es lo contrario a un análisis desde la complejidad.
Al hablar de prostitución también es necesario saber los graves daños físicos y psíquicos de las personas sometidas a esta actividad, reconocidos por estudios internacionales indubitables. Cuando hablamos de prostitución también está incluida la VIP, la masculina y también la que se niega insistentemente desde el reglamentarismo: la prostitución infantil. ¿Se puede ser tan inocente y desconocer la realidad pensando que las personas son iniciadas en la prostitución cuando ya han cumplido los 18 años? Si se reglamenta la prostitución, la infantil, entonces, pasaría a ser “trabajo infantil”.
Es necesario incluir también a la trata de personas. Ella existe porque es necesaria para llevar mujeres y niñas a la prostitución, ambas van unidas en la realidad de todos los días. Los teóricos, desde sus sillones, pueden separarlas y hasta considerarlas distintas, pero en los burdeles están juntas, también con el abuso sexual comercial infantil (prostitución infantil). El énfasis que ponen en separarlas delata que ahí radica el centro de la problemática, en el cuerpo de las personas sometidas a prostitución, en los burdeles, en el pago de los prostituidores, no hay separación, ambas cosas implican la misma práctica.
Coincido en que es necesario tener en cuenta la voz de las personas en prostitución, por eso, además de los dichos de AMMAR, que con su capacidad política y enormes recursos económicos pareciera ser la única en el tema constantemente convocada para notas periodísticas y charlas, es imprescindible que sean escuchadas no una, sino varias otras organizaciones que rechazan a la prostitución como “trabajo” y luchan por la inclusión social desde el reconocimiento de sus derechos como personas; algunas de ellas son MAL, AMADH, ALITT y otras.
Por lo demás, los calificativos (paternalismo, etcétera) no son argumentos, sino formas que tienden a descalificar el pensamiento del otro cuando es distinto y son los mismos que desde el proxenetismo y reglamentarismo se vienen reiterando.
Sería importante que se rescatara la experiencia de Argentina cuando tuvo su etapa reglamentarista y dejó de serlo al comprobar el fracaso de esta posición y actualmente la experiencia de Alemania u Holanda, que en los hechos muestran un retroceso por el fracaso de esta postura evidenciado en los hechos concretos, más allá de las ilusiones o fantasías interesadas. A tal punto que el barrio Rojo de Amsterdam esta siendo desmantelado desde el Gobierno y Alemania en estos momentos esta replanteándose su postura, al comprobar que lejos de proteger a las personas en prostitución ha aumentado la discriminación, la trata de personas y la prostitución infantil, con el consiguiente aumento de la inseguridad urbana.
Otros países han avanzado y han penalizado al prostituidor, putero o mal llamado “cliente”.
La prostitución no tiene el glamour o libertad que se nos quiere vender por parte de fuertes intereses económicos, está ligada al abuso, a la violencia, a la enfermedad y por último a la muerte. Estos intereses y el séquito de activistas rentados no buscan proteger realmente a las personas en prostitución, lo que pretenden es que el Estado, los gobiernos los habiliten a ellos como “industriales del sexo”, de este modo los proxenetas pasarán a ser administradores, gerentes, los dueños serán los industriales y los tratantes serán proveedores de recursos humanos. Ellos se habrán limpiado las manos y las personas sometidas a prostitución seguirán padeciendo el abuso lo mismo que ahora.
Desde el abolicionismo preconizamos una sexualidad en libertad, basada en el propio deseo y alejada del condicionamiento de la productividad económica, en un consenso por libre atracción hacia el placer compartido.
Alberto Ilieff, psicólogo