El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el villanovense Carlos Zannini, y el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente, serán los encargados de abrir hoy el debate sobre la nueva ley de Inteligencia anunciada por el Gobierno, durante un plenario de comisiones del Senado.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, quien presidirá la audiencia, informó a Télam que la discusión continuará mañana cuando fueron citados miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos invitados por la oposición.
El objetivo del oficialismo es emitir dictamen mañana mismo para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados.
En diálogo con Télam, Fuentes salió al cruce de las críticas de la oposición -que se reunirá antes del plenario para definir si participa del debate- al calificarlas de "inconducentes" y rechazó el reclamo de que el sistema de escuchas telefónicas pedidas por la Justicia pase a manos de la Corte Suprema de Justicia en lugar de a la Procuración General de la Nación como sostiene el proyecto.
El senador consideró que a la oposición "el árbol le tapa el bosque" por el "encono" que sienten hacia la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y "no se dan cuenta -acotó- que ese organismo es un segmento extrapoder, de imparcialidad, que da garantías y que independiza para dar esa imparcialidad".
Fuentes también cuestionó los pedidos para "prolongar el debate en el tiempo" y consideró que la oposición tiene el "irracional criterio" de que el Gobierno nacional "debe gobernar los primeros dos años y después no hacer más nada".
"Esta reforma apunta a dar un nuevo marco jurídico, no hace falta estar seis meses discutiendo", opinó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y fustigó a quienes sostienen que la iniciativa se presentó para "tapar" la muerte del fiscal Federal Alberto Nisman.
Entre los fundamentos, el Gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de Inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.
Asimismo, según el texto, la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.
