En un nuevo recorrido por el Departamento Unión y en el marco de actividades vinculadas a "velar por la protección de la niñez y la adolescencia", la legisladora Graciela Sánchez dio cuenta de una nueva visita ("como lo hice en reiteradas oportunidades") a las residencias juveniles, dependientes del Gobierno provincial, "y muy poco se ha modificado”.
“Son postales del abandono", sentenció.
"Algunas de ellas se sostienen con aportes municipales o cooperadoras que se ponen a disposición para que los albergues, que tienen como función primordial generar un espacio de contención, no sean cerrados, no sólo por la precariedad en la infraestructura sino, además, por falta de inversión presupuestaria provincial", dijo Sánchez.
A través de un comunicado, indicó que "atendiendo esta situación, desde mi labor parlamentaria no sólo he generado pedidos de informes al área ministerial correspondiente sino que, también, he solicitado, un proyecto de Resolución mediante, la Reglamentación de la Ley N°9944 (la iniciativa ingresó al recinto pero fue rechazado su tratamiento en octubre del año pasado), para suplir, de esta manera, el vacío legal y exposición, constante, a situaciones de desprotección y vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia. De ello, también, se puede inferir, a prima facie, que no hay una plena intervención de la figura del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes que entre sus funciones primordiales se encuentra la tarea de Defender los derechos de niñas, niños y adolescentes; supervisar las entidades públicas y privadas de atención; efectuar investigaciones y dictar recomendaciones (artículo 11 de la Ley 9396)".
Y, por último, la legisladora oriunda de Ballesteros marcó que "una vez más, ante este panorama y casi finalizando un nuevo período de Gobierno, caemos en la cuenta de que mucho resta por hacer con relación al nuevo sistema de protección de la niñez y adolescencia. Las políticas públicas son las que deben plasmarse en la realidad destinando los recursos necesarios y así terminar de construir una estructura estatal que verdaderamente proteja a la niñez vulnerada en sus derechos esenciales".