“El nombre del amo se disfraza y el habla de los pueblos siempre emerge”.

La opositora marcha convocada para el 18 de febrero tiene una finalidad exclusivamente electoral.

Aspira a aumentar las chances en las urnas de dirigentes políticos escasos de credibilidad a partir de forzar una interpretación que vincule la muerte misteriosa del fiscal Alberto Nisman con el Gobierno nacional, con independencia del rumbo que tome la investigación que busca su esclarecimiento.

Sólo la voluntad de utilizar electoralmente la tragedia personal de Nisman explica el sinsentido de que un grupo de funcionarios judiciales se movilice para reclamar justicia, precisamente aquello de lo que son responsables y por lo cual perciben sus elevados y puntuales salarios, algunos de ellos exentos de impuestos.

La remota posibilidad de conseguir votos en el río revuelto y acicateado de la opinión pública es el único motivo para la instalación callejera cuya intensa difusión posterior podemos ya prever, en consonancia con su activa promoción actual.

Fácil es sospechar que los verdaderos organizadores de la marcha, locales y extranjeros, han considerado la falta de representatividad y aceptación de los dirigentes políticos opositores que, con suerte nula se han ofrecido como alternativa al proyecto que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y es por ello que han debido enmascarar su organización detrás de los poco conocidos rostros de algunos fiscales generales.

La idea de revestir de ecuanimidad y transparencia a los funcionarios judiciales que operan como pantalla en la convocatoria se cae inmediatamente si tomamos en cuenta que uno de ellos, German Moldes, fue viceministro del Interior de José Luis Manzano en épocas del ingreso irregular al país del traficante de armas Monzer Al Kassar. 

Otro de los cruzados por la justicia, Ricardo Sáenz, tiene abierto un expediente disciplinario por su actuación relacionada con la investigación a un comisario de policía corrupto ordenada por el  juez Ramos Padilla mientras que otro de los fiscales movilizador, Raúl Plee, fue relevado de Unidad Fiscal para la Investigación del Lavado de Dinero  y su reemplazante solicitó, en pocos meses de gestión, más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Plee en años.

Que dirigentes políticos, escudados en funcionarios públicos judiciales, aprovechen una muerte misteriosa para conseguir votos es una estrategia, cuanto menos, reveladora de la propia incapacidad para el ejercicio de prácticas más saludables, tanto para sus chances electorales como para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Sería pecar de miopía acotar el análisis de la situación a la movilización del 18 de febrero. Ella no es más que un punto de una larga sucesión de acontecimientos construidos para desgastar al Gobierno nacional frente al electorado, serie cuyo inicio podemos conjeturar no comenzó con el hallazgo de cuerpo del Nisman sin vida, sino con la presentación apresurada de su denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.    

Siempre, en la vida de las sociedades, existió la disputa por la imposición acerca de una visión de la realidad social. Ese debate, aunque no se resuelva, debiera enriquecer nuestro modo de vivir con tolerancia y respeto por las ideas, pensamientos y conductas diferentes de los nuestros. Es el modo en el que concibo la acción política.

En lugar de fingir una sensibilidad que les es escasa, los funcionarios y dirigentes que tienen aspiraciones a gobernar debieran interpelar a los votantes desde propuestas que contribuyan a construir una sociedad más justa e inclusiva, explicitando el modo en que van a actuar para lograrlo, señalando a los sectores  que beneficiarán con su gobierno.

Tras tres períodos de gobierno presidencial, el proyecto político que inició Néstor Kirchner y continuó Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado claramente cómo, para quién y para qué ejerce el poder. Ampliando derechos, incluyendo a los sectores postergados y poniendo al país en la senda del crecimiento.

Con ideas y prácticas mejores podrán vencerlo en las urnas. Con sobreactuaciones difícilmente lo logren.  

 

Legislador Provincial

Héctor Guillermo Muñoz

Bloque Frente para la 

Victoria