La historia argentina está recorrida por la actividad de organismos estatales dedicados a espiar la vida de ciudadanos y organizaciones para informar acerca de sus actividades políticas. En la nota anterior mostramos cómo algunas organizaciones estatales informaban acerca de actores relacionados con la actividad de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Villa María, en oportunidad que la misma fuera intervenida durante el año 1952. Entre los espiados estaba Antonio Sobral, junto a otros docentes acusados de ser “radicales comunizantes”. Dimos cuenta de algunos informes contenidos en el expediente 2.114 de la Oficina de Control de Estado dependiente del Poder Ejecutivo nacional.
La CIDE informa sobre Márquez
Ese expediente también contiene una serie de informes con información acerca del educador Angel Diego Márquez y de la profesora Elva Olga Seragela. Uno de esos escritos fue originado por la Oficina de Coordinación de Informaciones dependiente de la Policía provincial que, el 4 de agosto de 1952, fue elevado al jefe de Control de Estado, el coronel Dalmiro J. Adaro. Firma este informe el entonces jefe de la repartición policial, Oscar D´Angelo. Se ve que este escrito fue base para otros informes elaborados por diferentes reparticiones, uno de ellos es el desarrollado por la oficina de Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE) creada en 1946, la que con el tiempo se transformaría en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En este informe o memorándum se dice que Márquez merecía “un buen concepto vecinal” y que se desempeñaba “como maestro de la Escuela Nacional N°62 de esta ciudad”; se identifica su ideología política y que “fue llevado a la ciudad de Villa María por el exdiputado nacional por la UCR Dr. Antonio Sobral, hace aproximadamente 5 años y lo designó rector del Instituto de Enseñanza Secundaria Bernardino Rivadavia…”; también se dice que Márquez firmó un manifiesto rechazando la intervención y que se “negó a firmar el enterado (sic) para asistir al acto de colocación de los cuadros del General Perón y su dignísima esposa señora Eva Perón en la Dirección del instituto” .
En este informe de CIDE se identifican varias situaciones relacionadas con una huelga declarada por el estudiantado y los profesores que apoyaron la medida, entre los que se señalan a militantes radicales y el propio Márquez. También se detallan circunstancias del IV Congreso de Bibliotecas y Asociaciones Culturales de la Provincia, realizado en la ciudad desde el 12 hasta el 14 de octubre de 1950. El informe firmado por el teniente coronel Enrique Domingo Paredes dice que el último día del congreso “el profesor Márquez” siendo miembro informante de la comisión sobre “las bibliotecas populares y el Estado” manifestó que “entre la relación de las bibliotecas y el Estado, tenemos un concepto liberal por que amamos la libertad sobre todas las cosas; la libertad de las personas humanas en el sentido liberal. En las bibliotecas populares deben efectuarse planteos filosóficos de la libertad y enseñar el verdadero concepto de la misma y no de esa libertad mitológica que termina con las libertades individuales. Debemos inculcar bases sólidas de doctrina y no caer en los triunfos sin base en que muchas veces ha caído el liberalismo; yo sólo puedo decirles que no hay cultura sin libertad y que por eso debemos defender las autonomías de las bibliotecas…”. Todos conceptos que, desde el momento en que fueron reportados, resultaban censurables para la oficina de inteligencia que produjo el informe.
En este mismo “memorándum” de la CIDE se informó acerca de la docente Elva Olga Serangela, de la cual textualmente se dice “su nombre verdadero sería Elva Olga Serangeli”; se dan datos de filiación, que no tenía antecedentes policiales; que era nacida en Hernando, domiciliada en Villa María y que dictaba clases en Bell Ville y que “se le conoce ideología política radical”.
Estudiantes vigilados y presos
Otra autoridad nacional que recibió mensajes desde la provincia, en este caso firmado por el gobernador Raúl Luccini, fue el general de brigada Oscar A. Uriondo, jefe de la CIDE. Luccini en el mes de julio pasó un detallado informe acerca de las razones de la intervención de la Biblioteca y sus Anexos relatando los acontecimientos en orden cronológico partiendo desde el 25 de junio, día en que se dictó el decreto de intervención, hasta el 23 de julio cuando, a juicio del informante, la situación se normalizó.
En el escrito se habla de “vigilancia sobre elementos políticos adversarios los que instan a los alumnos a no concurrir a clase”, se informa de la “huelga por 24 horas de los alumnos como protesta por la intervención”. Luccini señala a alumnos que militaron la huelga “entre ellos Moisés Meik y Juan Carlos Maggi”, también informa que el día 2 julio se procedió “a la detención de 32 alumnos en la calle y 2 dentro del recinto del colegio, así también a 5 exalumnos todos por provocar desórdenes”. A la par de detalles acerca de particularidades de la huelga como reuniones en diferentes lugares, incluso en la casa de Sobral.
Naturalizando la detención de jóvenes por repartir volantes o militar la huelga, textualmente se dice que el día 21 de julio de 1952 “a las 19,40 horas el oficial principal Humberto Huego Mercado y el agente Aurelio Angel Tonda, sorprendieron al estudiante José Lozita, argentino, de 19 años de edad, soltero y domiciliado en la calle Brasil (actual Rucci) 439, en el intercepción de las calles 17 de octubre y San Juan, de participación activa en los hechos de que se informa, sospechándose que sería portador de volantes y panfletos clandestinos. Al dársele orden de detención, Lozita se resistió a viva fuerza y habría comenzado a proferir insultos contra los policías, tratándolos de chupamedias, pelotudos de mierda y alcahuetes de mierda; en su exaltación habría injuriado al excelentísimo señor presidente de la Nación y de su señora esposa… siendo finalmente reducido y conducido a la Comisaría departamental”. Según el mismo informe, veinte minutos después, “el agente Ricardo Pajón, de servicio en las inmediaciones, advirtió la presencia de un individuo frente al portón de entrada de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, por lo que de inmediato se le acercó para inquirir sobre los motivos de su presencia en el lugar. Al aproximarse, el desconocido pretendió fugar, pero fue alcanzado a los pocos metros y reducida su resistencia a acatar la orden de detención, tarea en la que cooperó el Comisario Juan Moisés Ceballos que acertaba a pasar de recorrida. El detenido se habría desatado en improperios contra dichos funcionarios, tildándolos de alcahuetes, pelotudos, etcétera, y refiriéndose el excelentísimo señor presidente de la Nación, habría dicho que es un ladrón y la p... que lo parió, y que la señora Eva Perón era una p... de mierda. Identificado en la Comisaría Departamental resultó ser Daniel Tieffermberg, argentino de 21 años de edad, soltero, estudiante universitario y domiciliado en la calle Moreno 56, de conocida actuación en el campo opositor”. En el informe aparece la preocupación por destacar el carácter de opositores al gobierno de los jóvenes. Resulta claro que es ese la principal objeción que se les hace junto a la falta de respeto al presidente de la Nación y su esposa.
Según este informe, esa misma noche Aldo Lozita, de 21 años, llegó a la Comisaría a preguntar por su hermano, “se le hizo saber que estaba detenido por desacato al excelentísimo señor presidente… -ante lo cual- habría reaccionado verbalmente profiriendo insultos similares a los apuntados contra las autoridades policiales y contra el General Perón, por cuyo motivo también quedó detenido”. Los tres jóvenes fueron procesados quedando a la orden del juez federal de Bell Ville, subrogante, doctor Luis G. Uriburu, secretaría del doctor Eduardo Morón Alcain.
Pero no terminó allí la historia con los estudiantes, también se informó que el día 22, el agente policial Francisco Soria, detuvo a Juan José Minotti, estudiante de 17 años de edad, con domicilio en calle Santa Fe 1045 “por sospechar que él mismo distribuía en la vía pública panfletos clandestinos. Minotti insultó y se resistió de hecho pero dominado por el agente interventor, fue conducido a la Comisaría Departamental, instruyéndosele proceso por desacato y resistencia a la autoridad”. Horas después fue detenido Eduardo Domenech, de 26 años, casado, empleado, domiciliado en calle San Juan 985 acusado de “repartir volantes no autorizados”. También se dejó constancia que la Policía Federal, delegación Bell Ville, tenía información en cuanto a que Daniel Tieffemberg y Aldo Lozita “serían activos militantes de la Juventud Radical de Villa María, habiendo ocupado la tribuna partidaria en distintas ocasiones…”. Cuestión que confirmaría que eran de ideología opositora al Gobierno cuestión que, según se desprende de los informes, alcanzaba para que perdieran la libertad.
