La Justicia resolvió intervenir la caja del Instituto La Santísima Trinidad, de Hernando, en el marco del caso de la docente despedida el año pasado, cuando debió ser derivada a tareas pasivas por enfermedad (ordenadas por la Junta Médica Provincial).

La cesanteada Silvia Elizabeth Miglietta también denunció discriminación ante el INADI. Ahora, una nueva medida judicial en el marco de la denuncia demandó la intervención administrativa de ese establecimiento educativo hernandense, pero el dinero de los aportantes disimuló el momento.

 

Intervenir la caja

Fuentes judiciales confiaron que por orden de la jueza Romina Sánchez Torassa, juez de Primera Instancia de los Tribunales Ordinarios de Río Tercero, dispuso que, desde el lunes 23 de febrero el Instituto La Santísima Trinidad, de Hernando, fuera intervenido en su administración, por un martillero público, quien debía retener día a día el 20% de los ingresos brutos que la demandada obtuviera mediante la administración del Colegio referenciado hasta alcanzar la suma de 115 mil pesos, monto que junto a otros embargos servirá como garantía frente a la obtención de una sentencia favorable de la denunciante. La medida en sí consistía en la presencia de un martillero público interventor y un oficial de Policía que en nada afectaría el funcionamiento del instituto.

 

“Es normal”

Con ese objetivo, arribaron al instituto la jueza de Paz de la localidad de Hernando, Malena Fassardi, el abogado Fernando Benso y el martillero Cristian Valdemarín, donde procedieron a la lectura de medida dictada, ante el representante legal, a los fines de que se comenzará con su cumplimiento. No obstante, debido a la gran cantidad de padres que concurrían a pagar las cuotas de inscripción, el colegio consiguió inmediatamente la totalidad del dinero ordenado por la medida judicial, de modo tal que nadie se enteró de lo que estaba pasando. Es más, al ser consultado el responsable del establecimiento por un cronista de la emisora local RH1 la Radio, sobre lo que estaba sucediendo, respondió que se trataba de "un procedimiento normal en cualquier juicio".

 

El caso

La maestra debía pasar a realizar tareas pasivas, según lo dictaminado por una junta médica, pero “la empresa” decidió desvincularla de la institución católica dependiente de la Diócesis de Villa María.

El 16 de junio (de 2014), el Instituto La Santísima Trinidad, de Hernando, perteneciente a la Diócesis de Villa María, “despide discriminatoriamente a una maestra con 17 años de servicios en el instituto”, denunció el abogado Fernando Benso, defensor de la damnificada, Silvia Elizabeth Miglietta, maestra de Artes Plásticas y Visuales. "La discriminación se produce por no permitirle a Silvia acceder en condiciones de igualdad al beneficio de tareas pasivas como lo había hecho por dos años la maestra Norma Beatriz Defend, quien a la fecha del despido de Silvia ya había culminado sus tareas pasivas y se encontraba en licencias médicas", citó.

"Tres días después del despido, la totalidad de las maestras del mismo establecimiento educativo (14) envió una carta de repudio por esta actitud a los directivos (Susana Piazza y Verónica Delgado, de Nivel Inicial y Primario) y al representante legal (Miguel Angel Prámparo), manifestándose dolidos por la situación generada y exteriorizando el total desacuerdo con la medida adoptada, marcando que se abocarían al trabajo reglamentado con quite de colaboración para tareas extras que no son remuneradas. Además, exigieron por escrito las reglas internas que manejaba la institución y que les fuera de conocimiento público el Estatuto del Docente Privado", relataron fuentes cercanas al caso.

 

La defensa

"La verdad, que pase esto en Hernando me preocupa mucho. Que se actué de esta forma en una institución católica cuya función principal es la educación y enseñanza nos está diciendo algo. Porque ellos debieron pensar como escuela católica que son, en cuidar la dignidad de la persona, la persona que no está bien, que se encuentra en un momento difícil en la vida. Sólo Dios sabe a quién le puede tocar y frente a ello no se puede priorizar lo económico, no se debe priorizar lo económico como institución católica", sostuvo Fernando Benso, asesor letrado de la docente discriminada.

Además, indicó que "si el colegio se cerró al diálogo, frente a la desesperación de una maestra que debe vivir sin el sueldo, enferma, sin obra social y sin poder acceder a un beneficio provisional, no quedó más que recurrir a la vía judicial y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)".

 

"La humillación de..."

Silvia se limitó a declarar: “Nadie entiende que después de haber trabajado 40 años de mi vida tenga que sentir la humillación de ser mantenida por un padre jubilado, con la mínima, y por mi hermana que trabaja limpiando casas… Me quitaron la posibilidad y el derecho de terminar mi vida laboral dignamente”.