El cierre de dos grandes sanatorios en Mar del Plata y la situación dramática planteada por los médicos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires ponen en los medios la emergencia de una crisis profunda caracterizada por la quiebra de las clínicas privadas condenadas al desfinanciamiento y los hospitales públicos colapsados por una demanda que era resuelta por esas clínicas y sanatorios privados, hoy imposibilitados de seguir funcionando.

Según un reciente estudio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en nuestra provincia en el año 2000 había 425 clínicas privadas; en 2014 sólo quedaban 205 de esas instituciones. La quiebra de centenares de clínicas es la consecuencia de una situación que las obliga a subsistir como prestadores sin capacidad de negociación, dependientes de PAMI y las obras sociales provinciales cuyo tamaño les permite imponer condiciones, aunque éstas terminen destruyendo a los efectores.

El caso del Hospital Español y el Francés antes, son premonitorios. Instituciones de larga trayectoria, sometidas a condiciones de inviabilidad que luego tienen que ser “rescatadas” por los financiadores que las llevaron a la inanición.

La mala noticia es que no habrá “rescate para todos”. Así quedó en claro cuando las autoridades de PAMI pretendieron que la Municipalidad de Mar del Plata se “hiciera cargo” del sanatorio EMHSA.

Las instituciones médico-sanatoriales no estatales son dependientes de los convenios con PAMI y las obras sociales provinciales, y viven entrampados en una tenaza: sus ingresos dependen de la imposición de condiciones de los financiadores frente a los cuales no tienen poder de negociación, y sus gastos son manejables, ya que las paritarias establecen el valor de su principal componente que son los sueldos. Y los medicamentos -que son el otro componente- son valorizados por mecanismos que no los cuentan como partícipes.

Los mecanismos compensatorios (como el cobro de adicionales a los pacientes) a los que recurren las clínicas son medidas desesperadas que resultan insuficientes y de corta vida.

Las instituciones sanatoriales que pudieron prescindir de los convenios con PAMI y las obras sociales provinciales hace rato que dejaron de atender esos convenios. Los que aún los atienden es porque representan más del 60% de sus ingresos. Pero están en una disyuntiva sin solución: si no los atienden tienen que cerrar, y si los atienden van a la quiebra.

Frente a los reclamos que sus prestadores vienen haciendo desde hace un año, PAMI dice públicamente que “PAMI paga”, lo que es una verdad a medias o una completa mentira. Es cierto que PAMI paga todos los meses, pero no paga todas las prestaciones que se brindan a los jubilados, paga con aranceles insuficientes y no rinde cuenta de lo que paga.

Si esto fuera poco, PAMI pretende transformar a los prestadores en “deudores” con el artilugio de cobrarles prestaciones que el mismo PAMI deriva a instituciones que no atienden jubilados y a los que les paga aranceles tres veces más altos que a sus propios prestadores.

El precio de este desbarajuste lo pagan, como siempre, los ciudadanos de a pie titulares virtuales de derechos inexistentes.

Para garantizar el derecho a la salud el Estado está obligado a definir y asumir las obligaciones que se reserva, las facultades que delega, las condiciones de esa delegación, las fuentes de financiamiento en cada caso y los mecanismos de control que aseguren el acceso a las prestaciones de todos los ciudadanos. Ese no es el caso en la actualidad.

El “sistema” de salud de nuestro país no es un sistema, sino la superposición irregular del sector público estatal, de un sector paraestatal compuesto por el PAMI y los institutos de cobertura de empleados provinciales, un sector financiador privado y las obras sociales reguladas por ley. La prestación efectiva de los servicios se realiza en una enorme proporción en instituciones médico sanatoriales privadas, la mayoría de las cuales se encuentra en una situación de quebranto, y que no tienen ningún ámbito para procurar soluciones. 

Como ocurre con otros ministerios nacionales, el de Salud tiene mínimo involucramiento en la problemática del sector del que supuestamente está encargado. Las prepagas discuten su precios en la Secretaría de Comercio y las clínicas y sanatorios recurren a la Jefatura de Gabinete buscando interlocutores que no encuentran en las entidades responsables.

La crisis del sector es manifiesta. La miopía de los funcionarios y dirigentes está llevando a que la solución sea el colapso del sistema.