La polémica instalada en la sociedad por la legislación que ampara los derechos laborales de las personas privadas de su libertad, con vacaciones y aguinaldo incluidos, parece no tener asidero en la realidad de las cárceles cordobesas.

Según Adriana Revol, integrante de la Coordinadora Anticarcelaria, los presos que trabajan son explotados y sus salarios contribuyen a engrosar las arcas de lo que llama “el negocio de la seguridad”.

“Primero, hay que señalar que son muy pocos los que tienen, como suelo decir, el derecho a ser explotados”, ironizó.

“Segundo, los ingresos están muy por debajo de lo que dice la ley. Hay muy pocos que cobran 700 pesos mensuales de bolsillo, pero la mayoría tiene un ingreso de 100 pesos por mes, que no le alcanza ni para comprar la yerba”, indicó.

La Ley 24.660, que regula las condiciones de cumplimiento de penas, en el artículo 120 dice que “si los bienes o servicios producidos por los presos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el ingreso no será inferior a las tres cuartas partes del Salario Mínimo Vital y Móvil. 

En los demás casos (cuando trabajan para el sector privado) la remuneración será igual al Salario Mínimo Vital y Móvil (4.400 pesos)”, dijo Revol. 

Ahora bien, esos montos son sujetos a descuentos: el primero es del 35%, que debe ser destinado a las familias del detenido. “No conozco una sola familia que perciba ese ingreso”, dijo.

El otro descuento establecido por ley es del 10% y debe estar destinado para indemnizar a las víctimas. “¿Conoce alguna víctima que haya recibido plata en ese concepto? Yo tampoco”, afirmó.

También descuentan un 25% para gastos del establecimiento penal y finalmente, un 30% para formar un fondo que se tendría que entregar cuando la persona quede en libertad. “Nunca se paga bien, conozco casos de presos que trabajaron 20 años en la cárcel y se van sin nada”, señaló.

¿Y a dónde va ese dinero?, le preguntamos. “Eso debería responderlo el Servicio Penitenciario”, indicó.

Aclaró que la legislación sobre el trabajo de las personas privadas de su libertad se debería aplicar en todo el territorio nacional, pero “no se cumple”. “Por allí, presos con causa federal tienen más posibilidades de acceder a sus derechos”, agregó.

 

En Villa María

 

Al referirse a la situación de la cárcel de Villa María, señaló que aquí hay una particularidad. “Uno de los principales trabajos derivados del sector privado es el de coser pelotas de fútbol. Pero el Servicio Penitenciario sólo deja entrar las pelotas que lleva una persona, que les paga siete pesos por unidad, lo que representa el 10% de lo que se paga por la misma tarea en la calle”, dijo.

“Hablen con los familiares. Una señora pidió pelotas a la empresa para la que ella trabaja para llevarle a su compañero detenido, pero en la cárcel de Villa María no se las dejaron entrar”, señaló, confirmando que hay una sola vía que posibilita la tarea de cosido de pelotas.

“En San Francisco pasa algo parecido: una empresa que vende productos de cuero les hace coser cintos que en el mercado cuestan 250 pesos cada uno, y a los presos le pagan 90 pesos al mes”, dijo.

“Esto demuestra el grado de explotación de empresas que, a través de la tercerización, usan la infraestructura y las instalaciones de la cárcel para ganar dinero con empleados en negro a los que explota y esclaviza. Les diría a quienes se quejan del ‘abultado’ sueldo que reciben los presos que se queden tranquilos: las personas privadas de la libertad trabajan en situación de esclavitud, el Estado somete a la explotación a miles de seres humanos que han perdido todos sus derechos en los humilladeros del país”, concluyó Revol.