Villa Nueva cuenta con una nueva ordenanza de habilitaciones comerciales.

La norma fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. No tuvo el visto bueno de la Unión Cívica Radical ni de la oficialista vinculada al delasotismo, Nora Pérez. Sí acompañó el edil del Frente Cívico, Jorge Heredia.

La nueva legislación apuesta a una informatización de la actividad y a una fuerte capacitación del personal municipal.

Con distintos argumentos, el radicalismo y la concejala de Unión por Córdoba cuestionaron la iniciativa.

Para Javier Pérez “es utópica”. “Actualmente se está controlando y cuando hay algo fuera de la ley se decomisa. No es que se torna imperiosa esta ordenanza, porque ya se trabaja con ese espíritu. La nueva norma es utópica”, sostuvo.

En el recinto legislativo, deslizó que ve -por el momento- inalcanzable la informatización. “Sería algo muy bueno si se logra, pero hoy es bastante utópico por la capacidad del municipio de trabajar en red. A veces ha ocurrido que alguien va a anotarse y no hay sistema”, ejemplificó.

También advirtió que no existe un lugar para el decomiso. “No podemos llevar la mercadería incautada al basural, porque sabemos que lamentablemente hay ciudadanos que van y la recolectan, con el riesgo que esto significa”, alertó. También señaló que no existe un laboratorio de bromatología.

“No sé si tenemos un aparato para medir impacto sonoro. No tenemos alcoholímetros. Les debemos al personal las herramientas necesarias”, declaró el radical.

“Hoy por hoy la veo lejos de ser aplicable. La norma debe ser realizable”, subrayó.

Por su lado, la concejala cavagnerista Graciela Isaguirre tuvo una visión opuesta: “La idea demuestra que el municipio se ocupa y preocupa. La capacitación es algo fundamental, porque siempre hemos cuestionado el desempeño de los empleados y es bueno que ellos cuenten con un respaldo legal de las condiciones que tienen que tener para ejercer su tarea”.

Por su parte, Jorge Heredia (del Frente Cívico) consideró que “hacía falta un marco legal previo al inicio de la capacitación del personal y a adquirir tecnología”, por lo que aplaudió el proyecto. 

Javier Pérez salió al cruce. “No hay un vacío legal. Ya existía el marco jurídico: sabemos que si el alimento está vencido se lo decomisa”, reflejando que no se puede argumentar que para poder actuar es imprescindible esta nueva norma.